Nacional
Maduro incrementa despliegue militar en Amazonas para lucha contra la minería ilegal
El presidente Nicolás Maduro incrementa despliegue militar en Amazonas para fortalecer la lucha contra la minería ilegal, una práctica con numerosos operativos de seguridad y el desalojo de miles de personas que se dedican a este negocio en estos territorios.
«He dado la orden de incrementar el número de personal militar y policial y de milicianos en el área hasta que hayamos liberado completamente todos los parques nacionales, el Amazonas y todas estas áreas protegidas», dijo el mandatario durante su programa semanal de televisión con Maduro +.
Reiteró «todo el apoyo» a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) «en su accionar para defender» parques nacionales, selvas y «la soberanía del país».
Maduro incrementa despliegue militar en Amazonas
Maduro aseguró que coordina «acciones severas» con el Gobierno de Colombia en contra de «mafias» que operan zonas limítrofes, también cercanas a Brasil, aunque no ofreció más detalles al respecto.
«La FANB continúa trabajando para resguardar todos los parques nacionales, nadie podrá con nosotros, los vamos a liberar», insistió.
Cerca de 9.000 personas señaladas como «mineros ilegales» han sido expulsadas de la Amazonía venezolana desde el 1 de julio, cuando comenzaron estas evacuaciones realizadas por militares, según datos de la FANB.
Este desalojo, que según la institución militar abandonan el lugar «de manera voluntaria», es una orden de Maduro, quien pidió a la FANB «limpiar» la Amazonía de la minería ilegal, una práctica a la que se dedican unas 10.000 personas, de acuerdo a sus cálculos.
El Gobierno prepara un plan de reforestación de las zonas afectadas por la minería ilegal, especialmente por el uso de mercurio, el cual prevé poner en marcha una vez complete el desalojo de todas las personas que se dedican a la extracción de minerales en estas zonas.
ACN/MAS/EFE
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Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico, según Pulso Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico. El 81% de la población venezolana apoya la incorporación de capital privado a la propiedad y gestión del servicio eléctrico y, de hecho, 43% apoya una privatización total del sector, mientras que otro 38% considera que debe entrarse en un esquema de propiedad mixta.
Estos datos fueron presentados por la empresa consultora Poder y Estrategia en su más reciente encuesta Pulso Nacional, correspondiente al mes de mayo pasado.
La encuesta Pulso Nacional se realiza en las ciudades más pobladas del país en hogares de los estratos A,B,C,D y E con niveles de confianza de 95% y un margen de error máximo de 3%.
El 66% de la población encuestada valoró negativamente la calidad del servicio eléctrico. En concreto, 48% de los entrevistados calificó el suministro de energía eléctrica como pésimo, mientras otro 18% calificó la calidad de este servicio público como mala.
Población respalda capital privado en sector eléctrico
Por otra parte, 21% calificó el servicio eléctrico como «regular»; 10% está conforme con la calidad del suministro mientras que un mínimo 3% de la población encuestada dijo que es «excelente».
En línea con la opinión mayoritaria y como respuesta a la crisis eléctrica en el contexto político post «3 de enero», la Asamblea Nacional debate un proyecto de reforma legal que permite la inversión privada en todas las áreas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través de un modelo de concesiones.
La realidad salarial
Por otra parte, la encuesta Pulso Nacional de la consultora Poder y Estrategia evaluó la realidad salarial del país, al consultar los niveles de ingresos de la población con el nuevo ingreso mínimo indexado como parámetro de comparación.
En concreto, 44% de la población encuestada señala que su ingreso mensual es inferior a los 240 dólares mensuales, mientras que otro 24% señala que su remuneración es igual a la mínima nacional.
En resumen, de acuerdo con este sondeo 68% de la población gana menos o un monto equivalente al ingreso mínimo mensual, lo que confirma el elevado nivel de precariedad salarial que afecta a una clara mayoría del país.
Por otra parte, solo 31% de la población encuestada apuntó que gana más de 240 dólares mensuales.
De acuerdo con el más reciente registro del CENDAS-FVM, el costo de la canasta básica alimentaria se ubica en el equivalente a 731 dólares mensuales, 205% por encima del ingreso mínino decretado en mayo.
El Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad, en su reporte más reciente -correspondiente a abril- informó que la canasta básica de consumo para una familia de tres miembros costó 1.616 dólares.
ACN/MAS/Banca y Negocios
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