La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, abrió una investigación preliminar contra el primer ministro, Alberto Otárola, y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Adrianzén, como presuntos instigador y autor, respectivamente, del delito de colusión agravada.

En la investigación también se incluyó a Carola Gisella Rodríguez Bringas, quien es tía de Luis Eduardo Otárola, uno de los hijos del primer ministro, como presunta cómplice en la comisión de ese delito.

La ley peruana establece que la colusión agravada es un delito de defraudación patrimonial al Estado y se sanciona con una condena de 3 a 6 años de prisión.

El pasado viernes, el semanario “Hildebrandt en sus Trece” reveló que Rodríguez Bringas la designaron el 21 de enero último por el ministro Adrianzén como asesora de su despacho con un sueldo de 15 mil 500 soles mensuales (4 mil 78 dólares)

Según el medio, Otárola no consignó el nombre de su hijo en su declaración jurada de intereses y la oficina del primer ministro le informó que “los funcionarios públicos no están obligados a declarar a sus hijos menores de edad”, a pesar de que Luis Eduardo tiene 22 años.

Fiscalía investiga al primer ministro de Perú

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo señaló que Rodríguez Bringas cumple con todos los requisitos que exige el cargo de asesora del despacho ministerial, ya que cuenta con una experiencia de casi ocho años en tareas similares.

Tras anunciarse este martes el inicio de la investigación preliminar, Otárola aseguró en Twitter que no intervino en esta contratación y “hace varios años” no ve a Rodríguez.

“Aclaro de manera contundente que no he intervenido en esta designación. Hace varios años que no tengo contacto con la Dra. Carola Rodríguez, que por lo demás es una profesional destacada. Prestaré toda mi colaboración para que el asunto se aclare”, señaló.

El ministro Adrianzén señaló, por su parte, que el domingo pasado ya explicó “cómo se dio la contratación” de su asesora, aunque indicó que si la Fiscalía “considera relevante aclararlo más”, así lo hará.

“Yo no recibí ninguna indicación o recomendación del ‘premier’ para designarla. A diferencia de otras oportunidades, en esta gestión no hay delincuentes”, enfatizó.

El primer ministro también ha sido comprendido en dos investigaciones preliminares abiertas por la fiscal general contra las principales autoridades del Ejecutivo, donde se incluye a la presidenta Dina Boluarte, por las muertes de decenas de ciudadanos en las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado.

Benavides inició sus pesquisas por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

Con información de EFE

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