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Dictan 36 meses de prisión preventiva al expresidente peruano Pedro Castillo

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prisión preventiva Pedro Castillo - acn
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Dictaron 36 meses de prisión preventiva al expresidente peruano Pedro Castillo por estar presuntamente involucrado en un caso de corrupción.

En la audiencia, que se realizó de manera virtual, el juez Juan Carlos Chekley expresó que la medida contra el exmandatario es “idónea” al tratarse de un juicio que “reviste alta peligrosidad”.

Asimismo, el magistrado explicó que Castillo ha incurrido en los delitos de obstaculización de la justicia mediante el amedrentamiento de testigos, por lo que se arriesga a enfrentar una pena de 32 años de cárcel por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

36 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo

La prisión preventiva contra el exmandatario responde a la presión que ejerció para la designación de un funcionario sin el perfil técnico como gerente general de la estatal Petroperú, así como la cancelación de un concurso internacional para la compra de biodiésel y su adjudicación a una empresa específica.

Igualmente, el nombramiento del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, quien está prófugo de la justicia, con la supuesta intención de copar ese ministerio con funcionarios afines que faciliten “direccionar los proyectos” de infraestructura, a cargo de esa cartera.

En la audiencia el juez citó también los dos millones de soles (medio millón de dólares) que la empresaria Karelim López dijo entregó a Castillo para resultar  favorecida con una adjudicación de obras públicas.

Peligro de fuga y arraigo de Castillo

El expresidente Pedro Castillo está en prisión desde diciembre de 2022 luego de cometer un fallido autogolpe de Estado. El juez Checkley resaltó que la detención se produjo cuando el exmandatario pretendía solicitar asilo en la embajada de México, situación confirmada por el embajador de ese país en Lima y por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

A la esposa e hijos de Castillo los recibió y asiló el mandatario mexicano.

Con relación al arraigo, Checkley recordó que Castillo no tiene domicilio actual y que no se puede considerar al penal de Barbadillo, donde está recluido, como su residencia actual, como había solicitado su abogado.

Negativa de Pedro Castillo a imputaciones

Castilló negó el martes 7 de marzo ser el autor y que forme parte de una organización criminal conformada durante su gobierno entre 2021 y 2022.

“El único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República”, dijo el expresidente en la audiencia virtual convocada por el juez Checkley.

En ese sentido, rechazó que la petición del fiscal se sustente en un posible peligro de fuego, cuando se entra recluido.

El Ministerio Público también ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para los exministros de Transporte y Vivienda, Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, este último acusado de ser el autor del delito de organización criminal.

 

Con información de EFE/ El País

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Internacional

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española

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Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra - Agencia Carabobeña de Noticias
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La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.

La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.

La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.

De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra

La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.

El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.

Salpica a Rodríguez Zapatero

El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.

La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.

Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.

ACN/MAS/Agencias

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