Internacional
Dictan 36 meses de prisión preventiva al expresidente peruano Pedro Castillo
Dictaron 36 meses de prisión preventiva al expresidente peruano Pedro Castillo por estar presuntamente involucrado en un caso de corrupción.
En la audiencia, que se realizó de manera virtual, el juez Juan Carlos Chekley expresó que la medida contra el exmandatario es “idónea” al tratarse de un juicio que “reviste alta peligrosidad”.
Asimismo, el magistrado explicó que Castillo ha incurrido en los delitos de obstaculización de la justicia mediante el amedrentamiento de testigos, por lo que se arriesga a enfrentar una pena de 32 años de cárcel por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
36 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo
La prisión preventiva contra el exmandatario responde a la presión que ejerció para la designación de un funcionario sin el perfil técnico como gerente general de la estatal Petroperú, así como la cancelación de un concurso internacional para la compra de biodiésel y su adjudicación a una empresa específica.
Igualmente, el nombramiento del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, quien está prófugo de la justicia, con la supuesta intención de copar ese ministerio con funcionarios afines que faciliten “direccionar los proyectos” de infraestructura, a cargo de esa cartera.
En la audiencia el juez citó también los dos millones de soles (medio millón de dólares) que la empresaria Karelim López dijo entregó a Castillo para resultar favorecida con una adjudicación de obras públicas.
Peligro de fuga y arraigo de Castillo
El expresidente Pedro Castillo está en prisión desde diciembre de 2022 luego de cometer un fallido autogolpe de Estado. El juez Checkley resaltó que la detención se produjo cuando el exmandatario pretendía solicitar asilo en la embajada de México, situación confirmada por el embajador de ese país en Lima y por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
A la esposa e hijos de Castillo los recibió y asiló el mandatario mexicano.
Con relación al arraigo, Checkley recordó que Castillo no tiene domicilio actual y que no se puede considerar al penal de Barbadillo, donde está recluido, como su residencia actual, como había solicitado su abogado.
Negativa de Pedro Castillo a imputaciones
Castilló negó el martes 7 de marzo ser el autor y que forme parte de una organización criminal conformada durante su gobierno entre 2021 y 2022.
“El único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República”, dijo el expresidente en la audiencia virtual convocada por el juez Checkley.
En ese sentido, rechazó que la petición del fiscal se sustente en un posible peligro de fuego, cuando se entra recluido.
El Ministerio Público también ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para los exministros de Transporte y Vivienda, Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, este último acusado de ser el autor del delito de organización criminal.
Con información de EFE/ El País
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Internacional
Maduro y Alex Saab deben pagar 314 millones de dólares a tres estadounidenses
Nicolás Maduro y Alex Saab deben pagar 314 millones de dólares, ordenó un juez federal de Estados Unidos en compensación por daños y perjuicios a tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron su encarcelamiento y torturas en Venezuela.
La decisión judicial se refiere a los casos de Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes permanecieron detenidos en territorio venezolano antes de ser liberados en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre el gobierno de Nicolás Maduro y la administración del entonces presidente estadounidense Joe Biden, que incluyó la liberación de Alex Saab.
Nicolás Maduro y Alex Saab deben pagar 314 millones de dólares
Los tres estadounidenses presentaron en 2025 una demanda contra altos funcionarios venezolanos, entre ellos Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en la que alegaron ser víctimas de tortura física y psicológica durante su encarcelamiento.
En su fallo, el juez calificó las acciones denunciadas como parte de una “empresa criminal” presuntamente dirigida por Maduro, y estableció la millonaria indemnización a favor de los demandantes.
La resolución se suma a las disputas judiciales y políticas entre autoridades estadounidenses y venezolanas relacionadas con casos de ciudadanos detenidos, sanciones y negociaciones diplomáticas entre ambos gobiernos.
ACN/MAS/Agencias
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