Internacional
Corte de la Haya exhortó a Venezuela y Guyana argumentar defensa de soberanía
Venezuela y Guyana deben presentar sus argumentos sobre su posición en torno a la disputa territorial ante la Corte Internacional de Justicia. La disputa volvió a acaparar la atención mediática cuando Caracas se opuso a que la CIJ sea la instancia para dirimir el pleito.
La CIJ les notificó a ambos gobiernos este 2 de julio. En los alegatos no solo expondrán sus razones sobre la competencia de la corte en relación con disputa por el territorio Esequibo; además plantearán en detalle por qué les corresponde los 159.500 km².
Hasta el 19 de noviembre de 2018 Georgetown tiene tiempo para entregar su memoria. Mientras que Caracas tiene como día límite para responder el 18 de abril de 2019.
El 18 de junio, Venezuela expuso ante la Corte Internacional de Justicia que la instancia no tiene competencia para trata el caso y que además afirmó que no participaría en los procedimientos. En esa reunión también asistieron representantes de Guyana.
Tras escuchar el alegato de Venezuela, Guyana explicó que esa corte es la más pertinente para llevar el caso que fue transferido a la CIJ; luego de que la Organización de Naciones Unidas no continuar frente a la disputa. El organismo recomendó que La Haya es la autoridad legal para continuar con el procedimiento.
Disputa de Venezuela y Guyana en fechas
En 1899 se firma el llamado Laudo Arbitral de París. El 3 de octubre de ese año el tribunal arbitral falló en favor de Gran Bretaña.
En 1948 Venezuela declara ante la ONU de “nula e írrita” el laudo arbitral de París
El 17 de febrero de 1966 se firma el acuerdo de Ginebra. Se fijó un plazo de cuatro años para resolver el conflicto.
El 18 de junio de 1970 se firmó el Protocolo de Puerto España, durante el Gobierno de Rafael Caldera. Vigencia de 12 años.
En 2013 Maduro dijo que el «tema fronterizo entre las dos naciones es un legado del pasado, que debe ser resuelta de manera madura y responsable».
ACN/Tal Cual
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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