En la carraplana dejaron a  familiares del capo Pablo Escobar: El Juzgado Primero de Antioquia ordenó la extinción del dominio de 16 bienes en manos de familiares y allegado del capo Pablo Escobar Gaviria. Con la medida, los parientes del jefe del Cartel de Medellín quedaron en la “carraplana”, que en Venezuela significa pobreza extrema.

Por solicitud de la Fiscalía, el Juzgado Primero de Antioquia ordenó la extinción 16 bienes que estaban a nombre de la mamá y una hermana de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, y de Victoria Eugenia Henao Vallejo, esposa del jefe del Cartel de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria y los dejaron en la carraplana, «como talón de lavandera».

Entre los bienes afectados con la decisión judicial figuran un apartamento y una casa ubicada en el barrio El Poblado de Medellín, así como dos bodegas ubicadas en el barrio Cristo Rey y dos vehículos, uno de ellos de servicio público. Estas propiedades estaban en cabeza de Aura Ofelia Vásquez de Velásquez, madre de alias Popeye.

También aparece otra bodega ubicada en el barrio Guayabal de la capital antioqueña, a nombre de Luz Marina Velásquez Vásquez, hermana del jefe de sicarios del Cartel de Medellín, y una casa de 868 metros cuadrados que figuraba a nombre de Óscar Diego Jaramillo Fernández, exesposo de la anterior.

El fallo de primera instancia también afectó un terreno y dos locales comerciales de un establecimiento de grandes superficies conocido como Domo Centro Comercial, ubicado también en un exclusivo sector de El Poblado y cuya propietaria era la viuda de Escobar Gaviria.

En la decisión se ordenó la extinción de dominio a un vehículo Mercedes Benz modelo 1997 de propiedad del desaparecido capo.

La Fiscalía demostró que los bienes se compraron con dinero de actividades ilegales desplegadas por Escobar Gaviria y sus lugartenientes, entre ellos ‘Popeye’. Se estableció además que las propiedades de la familia de alias Popeye empezaron a comprarse en 1988, dos años después de su ingreso a la estructura criminal.

El fallo ordena el traspaso de los bienes, avaluados en 6.200 millones de pesos, a favor del Estado a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).

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