Internacional
Hoy deciden en Brasil si Lula va a la cárcel con presión del Ejercito y las calles
Hoy deciden en Brasil hoy si Lula va a la cárcel con presión del Ejercito y las calles: Los jueces del Supremo Tribunal Federal deciden este miércoles si le otorgan o no el habeas corpus al ex presidente. Si se lo rechazan, Lula, que además es el candidato con más apoyo popular para las elecciones de octubre, irá a la cárcel. En los últimos días se han producido manifestaciones a favor y en contra…
En los últimos días se han producido manifestaciones a favor y en contra de Lula por la decisión de la Corte Suprema sobre el «habeas corpus» presentado por la defensa del ex presidente.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil tiene este miércoles en sus manos el destino del ex presidente brasileño Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva y también del futuro más inmediato del país. Sus jueces deben decidir si le otorgan el habeas corpus al ex mandatario tras haber sido condenado en segunda instancia a doce años de prisión por corrupción.
Si aceptan el recurso, Lula, que también es el candidato con mayor apoyo popular para las elecciones de octubre, podría permanecer en libertad mientras sus abogados tramitan sus últimas apelaciones. Pero si se le niega, el ex mandatario deberá a la cárcel en los próximos días.
La audiencia de este miércoles se celebra en medio de un ascenso de la conflictividad social en el país y con la seguridad reforzada en las calles de Brasilia, donde unos 4,000 policías velarán para evitar posibles incidentes ante la previsión de manifestaciones a favor y en contra de Lula.
El martes, mientras en las calles de las principales ciudades brasileñas se manifestaban partidarios y detractores (más numerosas) del expresidente brasileño, un mensaje del máximo comandante del ejército brasileño en la red social Twitter tensó aún más la situación.
«En esta situación que vive Brasil, hay que preguntar a las instituciones y al pueblo quién está pensando realmente en el bien del país y de las generaciones futuras y quién con sus intereses personales», compartió el general Eduardo Villas Boas con sus más de 130,000 seguidores. «Aseguro a la nación que el Ejército brasileño juzga compartir el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, a la paz social y a la democracia».
Pese a que no hizo alusión directa al juicio de este miércoles, algunos congresistas interpretaron su declaración como una presión sobre la Corte Suprema y otros como una amenaza de golpe de Estado. Los mensajes recibieron además el respalo de al menos tres generales.
«De nuevo el comandante del ejército expresó las preocupaciones y los deseos de los ciudadanos brasileños que visten uniforme. Estamos juntos, comandante Villas Boas», escribió en su Twitter el general Dias Freitas.
Un juicio transmitido en televisión pública
Sin embargo, los seguidores del expresidente consideran que Lula es víctima de un juicio político, una sentencia injusta con pruebas insuficientes y una condena que tendría como objetivo evitar que gane las elecciones de octubre. Exigen que se respete la presunción de inocencia y siga en libertad mientras recurra a otros instancias.
La sentencia de este miércoles será retransmitida junto con el debate de los magistrados en la televisión pública y se espera entre los brasileños con los nervios y la agresividad propias de un derby de fútbol.
Sentencia por corrupción a Lula da Silva impide que se lance de nuevo a la presidencia de Brasil
El pasado 26 de marzo, los jueces de segunda instancia del TRF4 de Porto Alegre rechazaron los recursos interpuestos por los abogados de Lula y confirmaron la sentencia de 12 años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. Al expresidente se le acusa de haber recibido de parte de la constructora OAS un apartamento en la playa de Guarujá a cambio de haber intercedido para que la empresa cerrara tres contratos con la semiestatal Petrobras. El expresidente todavía puede apelar esta sentencia en los tribunales superiores, pero el habeas corpus que se juzgará este miércoles definirá si la espera la pasa en libertad o entre rejas.
Los magistrados del STF son conscientes de que en el veredicto que emitan este miércoles, además de la libertad del expresidente Lula, están en juego la estrategia de la campaña electoral del mes de octubre, la imagen, ya muy deteriorada, del propio Tribunal Superior Federal y un posible recrudecimiento del clima de violencia que se respira en el país.
Lula puede ir a la cárcel esta semana en medio del recrudecimiento de la violencia en Brasil
A pesar de que Lula da Silva ha repetido en diversas ocasiones que mantendrá su candidatura aunque sea desde la cárcel, los resultados de los comicios pueden modificarse drásticamente si el expresidente hace su campaña en libertad o preso. Algunos posibles candidatos solo se presentarían en el caso de que Lula entre en prisión. Otros, como Jair Bolsonaro, segundo favorito en la disputa, necesita al expresidente en libertad ya que gran parte de su campaña se basa en presentarse como el alter ego de Lula. Si estuviera entre rejas, el efecto disminuiría.
Las posibilidades de que Lula realmente pueda participar de los comicios son mínimas porque una vez inscrito como candidato -eso lo podría hacer también desde prisión- el Tribunal Superior Electoral, basándose en la Ley de la Ficha Limpia, eliminaría su candidatura por el hecho de estar condenado por un tribunal de segunda instancia. Pero, según fuentes del PT, a esas alturas Lula podría convencer a su electorado de transferir sus votos a otro candidato del partido. Las mismas fuentes aseguran que desde la cárcel, el poder de convicción del expresidente sería mucho menor. Por lo tanto el sí o no al habeas corpus es otra de las jugadas claves de una partida de ajedrez electoral que parece eternizarse.
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Internacional
Estados demandan a admnistración Trump para frenar norma que dificulta obtener green card (+ video)
Estados demandan a administración Trump. Nueva York y otros 21 estados están demandando a la administración Trump para bloquear una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional que otorgaría a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para denegar tarjetas de residencia (green cards), visas o la entrada a Estados Unidos, al determinar si los solicitantes podrían llegar a depender de ayudas gubernamentales.
El cambio en la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el viernes, probablemente dificultaría que muchos inmigrantes obtengan la residencia permanente si utilizan —o se considera probable que necesiten— beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.
La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani —quien lidera una coalición de ciudades que presenta una demanda similar—, anunciaron la acción legal durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Manhattan el lunes.
Estados demandan a administración Trump…
Estados demandan a administración Trump. “La norma permitiría a los agentes de inmigración considerar el uso de beneficios fundamentales como Medicaid y SNAP (el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), e incluso la participación en programas de comidas escolares, como parte de la situación del solicitante”, dijo James. “Eso significa que los neoyorquinos inmigrantes podrían verse obligados a plantearse preguntas imposibles: ‘¿Afectará negativamente a mis posibilidades de obtener la residencia permanente el hecho de contratar un seguro médico? ¿Se utilizará en mi contra el haber aceptado ayuda alimentaria en momentos de dificultad?’”.
Los estados, cuya demanda también incluye al Distrito de Columbia, argumentan que perderían miles de millones de dólares en fondos federales si los inmigrantes —particularmente las familias de estatus migratorio mixto— se dan de baja de los programas por temor a consecuencias migratorias.
¿A qué se refiere?
La demanda se refiere a los cambios pendientes en lo que se conoce como la norma de “carga pública” (public charge), una disposición de la ley de inmigración de EE.UU. que permite al gobierno denegar una visa o tarjeta de residencia a alguien que, según determina, probablemente dependerá de la asistencia gubernamental.
Históricamente, los funcionarios de inmigración solo contabilizaban los beneficios en efectivo —como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o el Ingreso de Seguridad Suplementario de la Seguridad Social— en sus evaluaciones. Sin embargo, el cambio pendiente de la administración Trump no especifica qué programas de red de seguridad deben considerarse, lo que significa que también podrían incluirse beneficios no monetarios como Medicaid y vales de vivienda.
“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación”, afirmó James en un comunicado. “Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”.
La norma se centra en personas que ya tienen un estatus legal en EE.UU. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos.
Disuadir a inmigrantes de inscribirse en programas
La ampliación de la norma de carga pública forma parte de los esfuerzos más recientes del Gobierno de Trump para disuadir a los inmigrantes de inscribirse en programas de red de seguridad para los que ellos o sus hijos ciudadanos podrían ser elegibles.
El “gran y hermoso proyecto de ley” del Partido Republicano, que Trump promulgó en julio de 2025, limita la elegibilidad de los inmigrantes legales para Medicaid y los cupones de alimentos. Los refugiados, las personas con asilo concedido y las víctimas de violencia doméstica y trata de personas con fines sexuales ya no reúnen los requisitos para participar en los programas. Solo los titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) y ciertos otros inmigrantes pueden inscribirse.
Por lo general, los niños que son ciudadanos estadounidenses siguen siendo elegibles, aunque es posible que muchos padres decidan no solicitar los beneficios en su nombre para evitar interactuar con el gobierno federal.
Nueva norma es «arbitraria y caprichosa»
La demanda presentada por James en nombre de Nueva York sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está excediendo su autoridad, ya que el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una “carga pública”. El estado, junto con otros demandantes, también argumentará que la nueva norma es “arbitraria y caprichosa”, y que el DHS ignoró las consecuencias perjudiciales del cambio y no lo justificó adecuadamente.
Las demandas de los estados y de los gobiernos locales se presentaron el lunes por la mañana ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambas solicitan al tribunal que declare ilegal la norma y que impida al DHS aplicarla. Hasta primeras horas de la tarde del lunes, ninguna de las demandas tenía un juez asignado ni una audiencia programada.
“La crueldad es el objetivo (del cambio de norma)”, declaró James el lunes. “El objetivo es generar un efecto disuasorio entre los inmigrantes. Es hacer saber a las personas que no son bienvenidas aquí. El objetivo es la hostilidad hacia la inmigración”.
“El hecho de que se vayan a negar beneficios a personas enfermas, hambrientas y sin hogar es algo inaceptable. Y por eso estamos buscando anular esta norma en el estado de Nueva York”, afirmó.
CNN se ha puesto en contacto con el DHS para solicitar comentarios.
ACN/MAS/CNN
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