Las 68 muertes registradas en un incendio presuntamente provocado en los calabozos de la Comandancia General de la Policía de Carabobo deben tener respuesta en la justicia venezolana, ese fue el exhorto del Foro Penal, Organización No Gubernamental (ONG) defensora de los derechos humanos.

En opinión del director de esa asociación civil, Alfredo Romero, la tragedia ocurrida la madrugada del miércoles no puede quedar impune y recordó que el Gobierno es responsable de la vida de quienes se encuentran privados de libertad debido a que en ellos reposa la figura de Estado.

El representante de Foro Penal calificó la situación de «gravísima» y exigió que sea esclarecido lo que allí ocurrió para determinar responsabilidades. El abogado aprovechó la oportunidad para escribir en su mensaje de la cuenta en Twitter su apoyo a los familiares de las víctimas, que de acuerdo con cifras reveladas por un grupo de reos sobrevivientes, alcanza los 120 fallecidos.

El lamentable hecho elevó la voz de instituciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) que exigieron una investigación expedita, detallada y eficaz entorno a lo ocurrido en la estación policial adscrita a la Gobernación de Carabobo.

«Pedimos a las autoridades venezolanas que realicen una investigación completa, rápida y efectiva para determinar las causas de esas muertes, ofrecer reparaciones a las familias de las víctimas y, cuando sea aplicable, se castigue a los que puedan haber sido responsables», exigió la oficina del Alto Comisionado.

La ONU manifestó estar «horrorizada» por el incendio y la actuación de las fuerzas del orden contra los familiares que permanecían frente a la sede policial, desesperados por saber sobre las condiciones en las que se encontraban su pariente que permanecían  privados de libertad en ese recinto, que fue construido para detención preventiva, sin embargo, esto es incumplido y se evidencia en el hacinamiento que ha existido en esas paredes carcelarias desde hace varios años.

ACN

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