Internacional

«Expulsar a Venezuela de la OEA sería un error» dice HRW

Publicado

Hace 8 años

5 junio, 2018

Por

Francisco Mayorga

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A propósito de la Asamblea General, que se realiza entre este lunes y mañana en Washington; José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW); repasó los principales temas que serán tratados por la organización; y entre otras cosas señala que “Expulsar a Venezuela de la OEA sería un error”.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW); considera que sería un error expulsar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA); y explica por qué.

Con más de 30 años dedicados a la defensa de los derechos humanos; el abogado chileno es una de las voces más autorizadas para analizar lo que ocurre en la región.

A propósito de la Asamblea General de la OEA, que se realiza entre hoy y mañana en Washington; Vivanco repasó los principales temas que allí se tratarán.

¿Cuáles son los principales desafíos democráticos de la región?

Hay una peligrosa y cada vez mayor desilusión con las instituciones democráticas; por su incapacidad para producir resultados y satisfacer expectativas sociales legítimas; que van desde la desigualdad de oportunidades hasta la inseguridad, y también la impunidad frente a los abusos. Sin embargo, quizás el fenómeno más reciente es el masivo rechazo que provocan los escándalos de corrupción. Lo importante es comprender que no hay mejores antídotos contra el abuso de poder que la máxima libertad de expresión; incluyendo la libertad de prensa, acompañada por instituciones judiciales fuertes, competentes e independientes.

También hace falta perfeccionar la legislación para promover la transparencia; luchar contra el conflicto de intereses, garantizar la corrección del financiamiento electoral, etc. Cuando la democracia se desprestigia, hay riesgo de populismo y por desgracia esa pesadilla es recurrente en el hemisferio.

La asamblea debatirá sobre la situación de Venezuela. ¿Qué carta puede jugar la OEA en esta crisis?

La región tiene un papel fundamental frente a la crisis venezolana y debe utilizar los mejores espacios; especialmente la OEA; para exigir el cumplimiento de obligaciones jurídicas colectivas de protección de la democracia y los DD HH. Es importante que haya cada vez mayor fiscalización y presión multilateral sobre la dictadura; para impedir que logre consolidarse. Una resolución fuerte de la OEA, que rechace y desconozca la reelección fraudulenta de Maduro; condene las sistemáticas violaciones de los DD HH y, sobre todo, la arbitrariedad total de un régimen; que hace lo que se le da la gana, sin rendir cuentas a nadie; sería un gran logro estratégico para profundizar el aislamiento de esa dictadura.

¿Expulsar a Venezuela de la OEA es una posibilidad que conduzca a algo?

A primera vista, pareciera una buena idea, especialmente porque sugiere la imposición de una sanción potente; a un gobierno que no merece pertenecer a un club de países; que deben cumplir unos estándares mínimos de conducta democrática. Sin embargo, creo que sería un error. Hay que mantener a Maduro en la OEA para seguir presionándolo con los mecanismos de control que existen; precisamente, para enfrentar circunstancias anormales. En lugar de expulsarlo definitivamente, habría que suspenderlo e imponerle sanciones; que, por ejemplo, lo inhabiliten para participar en cualquier evento regional. Entre suspensión y expulsión, hay una diferencia.

Durante la asamblea se nombrará a tres jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué opina de los candidatos?

Solo tengo comentarios acerca de la candidata que propuso Bolivia, la señora Nardi Suxo; quien se desempeñó durante muchos años como ministra del presidente Evo Morales; y luego como embajadora de Bolivia ante Naciones Unidas en Ginebra. En esa función, a partir de abril del 2015, la embajadora Suxo votó ocho veces; en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en contra de resoluciones; que buscaban condenar atrocidades contra la población civil en Siria. En octubre del 2017, la embajadora Suxo votó incluso contra una resolución que condenaba el uso de armas químicas por parte del régimen sirio; solo seis países, además de Bolivia, y todos con un pésimo récord en derechos humanos; votaron en contra. Los jueces de la Corte Interamericana deben ser reconocidos juristas, con un claro compromiso con los derechos humanos. El récord de la doctora Suxo como embajadora sugiere, por el contrario; que ella no ha sido postulada por su compromiso con los DD.HH., sino por su lealtad al presidente Morales. Creo que sería un grave error que la OEA la elija jueza de la Corte Interamericana.

El Gobierno de Ecuador propuso recientemente reformar la Ley de Comunicación. ¿Ve esta iniciativa como un avance?

Es un enorme avance y así se lo dije al presidente Lenín Moreno cuando me reuní con él. Aunque subsisten algunas limitaciones, desaparecen los peores lastres de una ley perversa; que fue la piedra angular del régimen orweliano e intolerante de Rafael Correa.

Entre otros, se eliminan la Supercom (órgano censor); la figura del linchamiento mediático; la obligación de los medios de cubrir temas que el gobierno consideraba de interés público; se incorporan estándares internacionales en libertad de expresión. A diferencia de su antecesor, Moreno ha mostrado una actitud de pleno respeto por la libertad de expresión y ha impulsado prácticas que demuestran amplia tolerancia democrática.

ACN/diarios

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Internacional

Estados demandan a admnistración Trump para frenar norma que dificulta obtener green card (+ video)

Publicado

10 horas ago

14 septiembre, 2026

Miguel Sanchez

Estados demandan a Trump - Agencia Carabobeña de Noticias

Zohran Mamdani. alcalde Nueva York

Estados demandan a administración Trump. Nueva York y otros 21 estados están demandando a la administración Trump para bloquear una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional que otorgaría a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para denegar tarjetas de residencia (green cards), visas o la entrada a Estados Unidos, al determinar si los solicitantes podrían llegar a depender de ayudas gubernamentales.

El cambio en la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el viernes, probablemente dificultaría que muchos inmigrantes obtengan la residencia permanente si utilizan —o se considera probable que necesiten— beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani —quien lidera una coalición de ciudades que presenta una demanda similar—, anunciaron la acción legal durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Manhattan el lunes.

Estados demandan a administración Trump…

Estados demandan a administración Trump. “La norma permitiría a los agentes de inmigración considerar el uso de beneficios fundamentales como Medicaid y SNAP (el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), e incluso la participación en programas de comidas escolares, como parte de la situación del solicitante”, dijo James. “Eso significa que los neoyorquinos inmigrantes podrían verse obligados a plantearse preguntas imposibles: ‘¿Afectará negativamente a mis posibilidades de obtener la residencia permanente el hecho de contratar un seguro médico? ¿Se utilizará en mi contra el haber aceptado ayuda alimentaria en momentos de dificultad?’”.

Los estados, cuya demanda también incluye al Distrito de Columbia, argumentan que perderían miles de millones de dólares en fondos federales si los inmigrantes —particularmente las familias de estatus migratorio mixto— se dan de baja de los programas por temor a consecuencias migratorias.

¿A qué se refiere?

La demanda se refiere a los cambios pendientes en lo que se conoce como la norma de “carga pública” (public charge), una disposición de la ley de inmigración de EE.UU. que permite al gobierno denegar una visa o tarjeta de residencia a alguien que, según determina, probablemente dependerá de la asistencia gubernamental.

Históricamente, los funcionarios de inmigración solo contabilizaban los beneficios en efectivo —como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o el Ingreso de Seguridad Suplementario de la Seguridad Social— en sus evaluaciones. Sin embargo, el cambio pendiente de la administración Trump no especifica qué programas de red de seguridad deben considerarse, lo que significa que también podrían incluirse beneficios no monetarios como Medicaid y vales de vivienda.

“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación”, afirmó James en un comunicado. “Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”.

La norma se centra en personas que ya tienen un estatus legal en EE.UU. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos.

Disuadir a inmigrantes de inscribirse en programas

La ampliación de la norma de carga pública forma parte de los esfuerzos más recientes del Gobierno de Trump para disuadir a los inmigrantes de inscribirse en programas de red de seguridad para los que ellos o sus hijos ciudadanos podrían ser elegibles.

El “gran y hermoso proyecto de ley” del Partido Republicano, que Trump promulgó en julio de 2025, limita la elegibilidad de los inmigrantes legales para Medicaid y los cupones de alimentos. Los refugiados, las personas con asilo concedido y las víctimas de violencia doméstica y trata de personas con fines sexuales ya no reúnen los requisitos para participar en los programas. Solo los titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) y ciertos otros inmigrantes pueden inscribirse.

Por lo general, los niños que son ciudadanos estadounidenses siguen siendo elegibles, aunque es posible que muchos padres decidan no solicitar los beneficios en su nombre para evitar interactuar con el gobierno federal.

Nueva norma es «arbitraria y caprichosa»

La demanda presentada por James en nombre de Nueva York sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está excediendo su autoridad, ya que el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una “carga pública”. El estado, junto con otros demandantes, también argumentará que la nueva norma es “arbitraria y caprichosa”, y que el DHS ignoró las consecuencias perjudiciales del cambio y no lo justificó adecuadamente.

Las demandas de los estados y de los gobiernos locales se presentaron el lunes por la mañana ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambas solicitan al tribunal que declare ilegal la norma y que impida al DHS aplicarla. Hasta primeras horas de la tarde del lunes, ninguna de las demandas tenía un juez asignado ni una audiencia programada.

“La crueldad es el objetivo (del cambio de norma)”, declaró James el lunes. “El objetivo es generar un efecto disuasorio entre los inmigrantes. Es hacer saber a las personas que no son bienvenidas aquí. El objetivo es la hostilidad hacia la inmigración”.

“El hecho de que se vayan a negar beneficios a personas enfermas, hambrientas y sin hogar es algo inaceptable. Y por eso estamos buscando anular esta norma en el estado de Nueva York”, afirmó.

CNN se ha puesto en contacto con el DHS para solicitar comentarios.