En el marco del Día Internacional del Periodista, la organización Un Mundo Sin Mordaza presentó su Informe Semestral de Libertad de Expresión 2025, una radiografía del ecosistema informativo venezolano que documenta 302 incidentes violatorios en 231 casos registrados entre enero y junio.

El informe destaca la sofisticación de las nuevas formas de censura estatal, que van más allá de los métodos tradicionales.

Según el documento, el control informativo en Venezuela ha evolucionado hacia un sistema de vigilancia, castigo indirecto y censura digital, diseñado para desmovilizar a periodistas, ciudadanos y voces críticas sin generar escándalo internacional.

“Este panorama no solo evidencia una política de Estado orientada a la represión sistemática, sino que también muestra cómo se ha perfeccionado un modelo mixto de censura, en el que convergen métodos tradicionales —como el cierre de medios— con nuevas herramientas tecnológicas y judiciales”, señala el informe.

Entre los casos documentados se incluyen:

• 24 incidentes de hostigamiento a periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos
• 61 actos de censura digital
• 148 detenciones arbitrarias, de las cuales 70 ocurrieron en vísperas de las elecciones legislativas del 25 de mayo y 58 por difundir información económica independiente
• 4 medios tradicionales cerrados o con equipos confiscados, principalmente radios comunitarias
• Filtraciones masivas de datos, como la fuga de información personal de 3,2 millones de usuarios de Movistar Venezuela y la filtración de la base de datos del SAIME, que incluye datos biométricos, direcciones, fotografías y registros migratorios

El informe advierte sobre un patrón de represalias indirectas, donde la censura no proviene de un único centro de poder, sino de múltiples instituciones que sancionan la disidencia desde lo administrativo, lo legal o lo económico.

Uno de los aspectos más preocupantes es el uso de tecnologías de censura y vigilancia digital. Se documentaron bloqueos selectivos mediante manipulación de DNS, interferencias HTTP, bloqueos TCP/IP y UDP, y ataques DDoS, ejecutados principalmente desde plataformas estatales como CANTV.

Además, se denuncia el uso sistemático de leyes de amplio espectro, como la Ley Constitucional Contra el Odio, para criminalizar opiniones en redes sociales. La vigilancia digital proactiva ha derivado en despidos, detenciones y amenazas.

“El castigo en Venezuela ya no siempre viene con un uniforme: puede llegar como una suspensión de contrato, una eliminación de contenido o una estigmatización pública desde el poder”, señala Un Mundo Sin Mordaza.

La organización concluye que la normalización del silencio no debe interpretarse como estabilidad democrática. La ausencia de denuncias públicas refleja un ambiente de autocensura, temor y castigo silencioso que limita el debate público, la participación ciudadana y el ejercicio pleno de derechos.

Para una síntesis audiovisual del informe, Informe Semestral de Libertad de Expresión Venezuela 2025 presenta los hallazgos más relevantes y alerta sobre el impacto de la censura digital en el país.

NDP

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