Sucesos
Por las veredas de los narcos van a clases escolares venezolanos
A diario miles de escolares venezolanos se adentran por las trochas donde operan narcotraficantes para asistir a clases en Cúcuta.
Desde hace más de una semana los niños no pueden cruzar los puentes fronterizos porque el Gobierno de Venezuela los mantiene cerrados. Con la decisión se pretende impedir el ingreso de la ayuda humanitaria.
Más de tres mil escolares que habitan en localidades fronterizas asisten a clases en Cúcuta. Los planteles venezolanos están en ruinas, aseguran los padres de los menores quienes los acompañan en la travesía.
Más de una hora de camino por trochas e inhóspitos parajes los separan de sus hogares hasta los colegios. Los peligrosos caminos son controlados por malandros venezolanos vinculados a los colectivos.
Los progenitores de los escolares solicitan a los organismos internacionales que defiendan el derecho al estudio de sus hijos. Piden a la ONU que se pronuncie.
Escolares en peligro
Los niños se montan en improvisadas lanchas para cruzar el río donde operan bandas de contrabandistas y grupos de narcotraficantes. Se trata de lugares peligrosos donde suelen registrarse asesinatos y enfrentamientos.
Por lo pronto las autoridades venezolanas sólo custodian los puentes para que permanezcan cerrados.
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Sucesos
Imputan tres delitos a Elizabeth Ochoa, «la tapa del frasco»
Imputan tres delitos a Elizabeth Ochoa, la abogada conocida en redes sociales como «La Tapa del Frasco», enfrentará un proceso judicial tras ser presentada ante el Tribunal 6° de Control especializado en delitos de corrupción.
La medida responde a la controversia generada por la difusión de un video durante un procedimiento policial en el estado Carabobo, hecho que derivó en su inmediata aprehensión.
De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, el Ministerio Público imputará a Ochoa por la presunta comisión de tres delitos: tráfico de influencias, valimiento de nombre y ultraje a funcionario público.
Imputan tres delitos a Elizabeth Ochoa
La primera acusación se fundamenta en el supuesto uso de influencias políticas para intentar evadir la actuación de los uniformados, mientras que la segunda responde a la utilización indebida del nombre de una alta autoridad del Estado.
El cargo por ultraje a funcionario público se derivó de las faltas de respeto y descalificaciones expresadas contra los efectivos policiales durante el operativo. La situación cobró relevancia pública luego de que la abogada mencionara al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien posteriormente rechazó cualquier vínculo con la ciudadana, condenó su proceder y confirmó la actuación del sistema de justicia.
ACN/MAS/Alberto News
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