Venezuela rechazó aplicación de Ley del Enemigo Extranjero por parte de EE. UU.

Venezuela rechazó la Ley del Enemigo Extranjero que uso Estados Unidos para deportar 238 presuntos miembros del Tren de Aragua a El salvador.

A través de un comunicado, el canciller de la República, Yván Gil, denunció que esta acción constituye un «acto infame e injusto», evocando episodios oscuros de la historia de la humanidad, como la esclavitud.

«Denunciamos de forma energética que nuestros compatriotas en Estados Unidos están siendo sometidos a persecución en sus lugares de trabajo, colegios, iglesias, hospitales y espacios públicos», dice el comunicado.

Asimismo, el alto funcionario en represenatación del Gobierno venezolano reafirmó el compromiso de la gestión con la defensa de los derechos de sus ciudadanos en el exterior y condenó cualquier política que atente contra la dignidad y el bienestar de los migrantes. Este pronunciamiento subraya la necesidad de promover un enfoque humanitario y respetuoso hacia la migración en el ámbito internacional.

Venezuela rechaza Ley contra migrantes

Igualmente, «Venezuela hace un llamado urgente e inmediato a la comunidad internacional, especialmente a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), para que se movilice en defensa de los derechos de nuestros pueblos y denuncie esta acción aberrante ante el mundo. No es solo un ataque contra Venezuela, es un precedente peligroso contra toda nuestra región. La unidad y solidaridad de nuestra América es la única respuesta posible frente a este intento de segregación, persecución y despojo masivo», advierte.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mostró este domingo 16 de marzo, en sus redes sociales, la llegada de 238 presuntos  miembros del Tren de Aragua: Los mismos los envió Estados Unidos para recluirlos en el CECOT, el Centro de Reclusión para Terroristas, por un período de un año (renovable)

Este anuncio tiene lugar un día después de que el presidente Donald Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Una amplia autoridad en tiempos de guerra que otorga al mandatario mayor flexibilidad en políticas y acciones ejecutivas para acelerar las deportaciones masivas de personas que se encuentran en el país sin autorización legal.

Con información de:  ACN / El Universal

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