Política
Diáspora venezolana pide a Biden más sanciones y cerco al Gobierno
Venezolanos de la diáspora piden a Biden más sanciones; en una carta firmada por medio centenar de ciudadanos radicados en el extranjero.
Asimismo, le solicitan al presidente de Estados Unidos, Joe Biden la continuidad de las investigaciones penales a figuras del «régimen» de Venezuela; subrayaron que esas medidas «benefician al venezolano de a pie».
Además, solicitaron que se exija la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones presidenciales «libres y limpias»; se apoye desde el Gobierno de EE.UU. la labor investigadora del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Venezuela.
La carta, con fecha del 21 de abril de 2022, está firmada por más de 50 ciudadanos venezolanos «decentes y con poder moral» que residen en EE.UU. y España y otros países europeos; que arremeten contra los que hacen campaña en favor de una retirada de las sanciones alegando que perjudican al pueblo.
«Aquellos que se dedican a hacer lobby en busca del levantamiento de estas sanciones buscan más bien proteger los intereses económicos de estos criminales y no los intereses de los venezolanos»; subrayan.
Venezolanos de la diáspora piden a Biden…
Además del presidente Biden, los destinatarios de la misiva son James Story, embajador de los Estados Unidos en Venezuela; Anthony Blinken, secretario de Estado; Ron DeSantis; gobernador de Florida, y representantes y senadores del Congreso de EE.UU.
Los firmantes de la carta aclaran a los destinatarios que la génesis de la «grave crisis económica y estructural» que padece Venezuela es «ajena y anterior a las sanciones» impuestas por EE.UU. a figuras del régimen chavista.
A su juicio, la crisis que ha supuesto para los venezolanos «inenarrables penurias y vejámenes bajo lo que se puede definir como un genocidio continuado» y ha causado el éxodo de millones de personas; se debe en primer lugar a las políticas económicas y monetarias «erradas» implementadas «bajo la asesoría» de Cuba.
También a la destrucción sistemática del aparato productivo del país y del sector empresarial; al desmantelamiento del Estado de Derecho y el desmoronamiento de la Seguridad Jurídica, y a la corrupción sin precedentes en la historia republicana, dice la carta, que expone en detalle cada uno de esos aspectos.
Los firmantes destacan que las sanciones de EE.UU. lejos de ser causantes de la crisis «más bien pusieron algo de freno al sufrimiento del pueblo venezolano»; pues han ayudado a «cerrar el financiamiento del régimen a actividades criminales».
Señalan a sus aliados
Subrayan también que el Gobierno de Nicolás Maduro es «aliado» de Rusia, de Irán, Cuba, Nicaragua y China; de los carteles de la droga de Colombia, Bolivia y México, y de «grupos terroristas como el Hezbollá, el ELN y las FARC».
«Esa alianza criminal internacional representa un riesgo de Seguridad Nacional para los EE.UU. sin duda alguna»; agregan.
También aseveran que las sanciones impuestas por EE.UU. «en ningún momento han implicado la generación de daño alguno al pueblo de Venezuela»; aseguran.
«Han sido sanciones -dicen- con efectos directos al Régimen y a sus funcionarios violadores de derechos humanos (lavadores de capitales y narcotraficantes), y han quedado exentos de sanciones el comercio de alimentos, las medicinas y los productos de primera necesidad»; dice el texto.
No más diálogo y sí elecciones libres
Según la carta, «las sanciones han beneficiado al venezolano de a pie, al coaccionar de alguna forma a los funcionarios corruptos del Régimen de Maduro, a invertir parte del dinero robado dentro de la propia economía nacional, por miedo a ver sus capitales congelados en sus cuentas bancarias del extranjero»; indican.
Cargan también contra la idea de que un diálogo entre oposición y Gobierno «solucionará los problemas de un país que está bajo una tiranía»; recuerdan los intentos infructuosos que ya ha habido.
En materia electoral afirman que «durante todos estos años las elecciones llevadas a cabo en Venezuela han sido fraudulentas y sin las más mínimas garantías de transparencia»; enumeran las garantías que se deben exigir para un proceso electoral justo y con participación de los venezolanos de la diáspora.
«El pueblo de Venezuela no quiere someterse a otra burla más, Venezuela exige Libertad y verdadera Democracia»; dicen los firmantes encabezados por Ernesto Ackerman, de la organización Independent Venezuelan American Citizens y miembro del Partido Republicano de EEUU.
En la lista hay comerciantes, empresarios, abogados y otros profesionales, periodistas, líderes comunitarios y ex senador, Pablo Medina.
ACN/MAS/EFE
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Política
Rocío San Miguel recibió libertad plena por parte de tribunal venezolano
La abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel recibió libertad plena, informó por sus redes sociales, la también directora de la ONG Control Ciudadano.
El Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo dictó sentencia absolutoria a su favor, declarándola libre de toda responsabilidad penal por los cargos que se le imputaban.
“Hoy culmina un duro capítulo de mi vida. Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente”, escribió San Miguel en su cuenta de X.
Añadió que durante este proceso “fueron puestas a prueba mi capacidad de resistencia y el verdadero peso de mis principios”. La activista agradeció a su familia —especialmente a su hija—, a la sociedad civil venezolana, a organismos internacionales, misiones diplomáticas y organizaciones de derechos humanos que la acompañaron.
Rocío San Miguel recibió libertad plena
Destacó el respaldo de Amnistía Internacional, Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (FLDAmericas), Human Rights Foundation (HRF), sus abogados Theresly Malavé, Juan González Taguaruco, Juan Carlos Gutiérrez y Héctor Faúndez, así como al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
San Miguel expresó solidaridad con los ciudadanos, activistas y presos políticos que aún enfrentan procesos penales y situaciones de vulnerabilidad. Señaló que “la justicia solo será plena cuando el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales sean una garantía para todos los venezolanos”.
Respecto a las condenas emitidas en el mismo caso contra otros acusados, esperó que sean anuladas por considerarlas “profundamente injustas”.
La defensora anunció que continuará trabajando “con la misma transparencia y convicción” por el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y una Venezuela democrática.
Años de injusticia
Rocío San Miguel Sosa, abogada especialista en temas de seguridad y defensa, es presidenta de Control Ciudadano, organización dedicada a la contraloría ciudadana sobre la seguridad nacional, la defensa y la Fuerza Armada Nacional. Detenida el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuando intentaba viajar con su hija.
Las autoridades la vinculaban a la presunta trama conspirativa “Brazalete Blanco”, por la que se le imputaron delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. Durante la operación también detuvieron a familiares cercanos, entre ellos el padre de su hija, dos hermanos y su exesposo.
Organismos de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, denunciaron la detención como arbitraria y una posible desaparición forzada, recordando que San Miguel contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Permaneció privada de libertad durante aproximadamente un año, diez meses y 29 días, principalmente en El Helicoide (sede del Sebin).
Luego la excarcelaron el 8 de enero de 2026 en el marco de liberaciones de presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro, aunque siguió bajo medidas cautelares hasta la sentencia absolutoria del 1-2 de octubre de 2026, que le otorgó libertad plena.
ACN/MAS/Efecto Cocuyo
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