La Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, planea revocar en las próximas semanas el estatus legal de más de 1,8 millones de migrantes beneficiados por diferentes programas temporales de libertad condicional humanitaria o parole humanitario, que fueron implementados durante la Administración de Joe Biden.

En concreto, se estaría preparando la revocación de la libertad condicional de unos 530.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos tan pronto como este mes, dijo en declaraciones a la agencia Reuters un funcionario de Trump y una de las fuentes familiarizadas con el asunto.

Según las fuentes, que solicitaron el anonimato para discutir las deliberaciones internas, está previsto que también sean revocados los permisos de 240.000 ucranianos. Específicamente, los que entraron al país desde el inicio de la guerra, lo que podría exponerlos a una deportación acelerada.

Como se recordará, el plan de revocar la libertad condicional para esas nacionalidades lo reportó por primera vez por CBS News en días recientes.

La nueva medida revocaría el estatus de libertad condicional de aquellos a quienes se les permitió ingresar a los EEUU bajo la política del parole y los colocaría en procedimientos de deportación si no han solicitado u obtenido otro beneficio migratorio, como asilo, una tarjeta verde o un Estatus de Protección Temporal (TPS), según muestra la propuesta interna.

No está claro cuántas de las más de medio millón de personas a las que se les permitió entrar a Estados Unidos en virtud de esta iniciativa han solicitado otros programas de inmigración. Tampoco está claro cuándo se concretará el plan de la administración Trump.

¿Cómo quedarán los migrantes sin parole humanitario?

Aquellos cuya clasificación de libertad condicional sea revocada y que carezcan de otro estatus migratorio, no podrán trabajar legalmente en Estados Unidos.

También recibirán notificaciones para presentarse ante un tribunal de inmigración, el primer paso en el proceso de deportación, según los documentos internos.

El reporte y sus fuentes no aclaran qué sucedería con los beneficiarios de ese programa que ya han podido cambiar de estatus. Es decir, los que cuentan con la residencia estadounidense. De hecho, ese es el caso de los cubanos que han podido acogerse a la Ley de Ajuste tras permanecer un año en el país.

Tampoco hacen referencia a los que estarían tramitando un nuevo estatus y cuyas solicitudes estarían en pausa. Esto último, trascendió el mes pasado a partir de un memorando gubernamental.

Con información de ACN/CD

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