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Trump anunció fin de la licencia para que Chevron opere en Venezuela (+Video)

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Trump anuncia el fin de la licencia para que la petrolera Chevron opere en Venezuela -Agencia Carabobeña de Noticias – ACN – Internacionales
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles el fin de la licencia que autoriza a la petrolera estadounidense Chevron para que operare en Venezuela.

«Por la presente, revertimos las concesiones que el corrupto Joe Biden le dio a Nicolás Maduro, de Venezuela, sobre el acuerdo de transacción petrolera, con fecha del 26 de noviembre de 2022, y que también tiene que ver con las condiciones electorales dentro de Venezuela, que no han sido cumplidas por el régimen de Maduro», escribió el mandatario en un mensaje en la red Truth Social.

«Además, el régimen no ha estado transportando a los criminales violentos que enviaron a nuestro país (el bueno y viejo Estados Unidos) de regreso a Venezuela al ritmo rápido que habían acordado. Por lo tanto, ordeno que el ineficaz e incumplido ‘Acuerdo de Concesión’ de Biden se rescinda a partir de la opción de renovación del 1 de marzo», agregó.

Medida es «lesiva e inexplicable»

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, condenó la medida anunciada por Trump, asegurando que es «lesiva e inexplicable», mientras que la petrolera estadounidense dijo que está analizando las implicaciones del anuncio de la Casa Blanca.

La licencia para que Chevron pudiera operar en Venezuela fue emitida por el Departamento del Tesoro a finales de 2022, en respuesta a la decisión del gobierno de Maduro de sentarse a negociar con la oposición con miras a acordar la realización de elecciones presidenciales libres en Venezuela.

En ese momento, la decisión también fue interpretada como un intento de gobierno de Biden de aumentar el suministro de petróleo en el mercado internacional con miras a lograr una reducción en el costo de la energía, que se había incrementado tras la invasión rusa de Ucrania.

El gobierno de Biden rechazó esa interpretación.

«Esta medida no se está tomando en respuesta a los precios de la energía. Es una licencia limitada. Como hemos dicho en el pasado, se trata de que el régimen tome las medidas necesarias para apoyar la restauración de la democracia en Venezuela», le dijo entonces un funcionario del Tesoro al medio Politico.

La licencia concedida a Chevron prohíbe a la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, recibir ganancias procedentes de las operaciones de la empresa conjunta que mantiene con la firma estadounidense.

Sin embargo, numerosos analistas destacan el impacto favorable que la operación de la petrolera estadounidense ha tenido sobre la economía venezolana y, en particular, sobre la producción petrolera de ese país.

Muchos analistas atribuyen a las operaciones de Chevron el hecho de que Venezuela haya logrado recientemente aumentar su extracción de crudo hasta llegar a un millón de barriles al día, luego de haber caído en años recientes a mínimos históricos de 365.000 barriles, un nivel similar al que producía ese país en la década de 1940.

Duro golpe a la economía de Venezuela

Si Trump mantiene en pie su decisión de revocar la licencia puede asestar un duro golpe a la economía de Venezuela y dar al traste con sus actuales perspectivas de crecimiento.

Pese a ser una licencia «limitada» desde su emisión, Chevron ha podido aumentar la extracción de crudo en Venezuela de 77.000 barriles al día hasta 241.000 barriles al día, equivalente a un cuarto de toda la producción en ese país.

«La actividad de Chevron ha introducido un elemento crucial para la estabilización macroeconómica del país. Ha dinamizado la economía al sumar empleos y nuevos contratos de servicios para la recuperación de pozos. Esto mediante la venta de divisas al mercado interno», dijo Asdrúbal Oliveros, uno de los directores de la consultora venezolana Ecoanalítica, en un reportaje publicado esta semana por Bloomberg.

De acuerdo con estimaciones de esa consultora, los ingresos fiscales que ha recibido Venezuela durante los últimos dos años gracias a las asociaciones de Pdvsa con petroleras extranjeras suman unos US$4.000 millones.

Se abre una nueva incógnita

Antes de este anuncio de la Casa Blanca, el Fondo Monetario Internacional estimaba que este año la economía venezolana crecería un 3%. El anuncio de la decisión de revocar la licencia a Chevron para operar en Venezuela abre una nueva incógnita en torno a la política del gobierno de Trump hacia el país latinoamericano.

Hace menos de un mes, el embajador de Trump para misiones especiales, Richard Grenell, fue noticia al convertirse en el primer alto funcionario estadounidense en casi una década en viajar a Caracas y dejarse fotografiar junto a Maduro en el Palacio de Miraflores.

El diplomático explicó posteriormente que el objetivo de ese viaje era lograr que Maduro aceptara recibir y costear la deportación de venezolanos desde Estados Unidos. En especial aquellos señalados de ser parte de bandas criminales como el Tren de Aragua.

Adicionalmente, logró la liberación de seis estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela, donde estaban acusados de participar en supuestas conspiraciones contra el gobierno de Maduro.

Tras su viaje, Grenell aseguró que pudo conseguir estos dos objetivos sin dar nada a Maduro como contraparte. Más allá de la oportunidad de -aseguró- usar su visita y sus fotografías juntos para hacer propaganda política.

Se renovó «de forma automática»

Sin embargo, al día siguiente del viaje de Grenell la licencia de Chevron para operar en Venezuela se renovó «de forma automática» sin que el gobierno de Trump hiciera nada para evitarlo. Esto hizo que algunos analistas especularan con la idea de que el mantenimiento de la licencia a la petrolera era la contraprestación que el gobierno de Trump le estaba dando a Maduro a cambio de la recepción de deportados.

En una entrevista reciente, Grenell aseguró también que estuvo conversando con Maduro para tener una relación distinta con Venezuela. «Tenemos mucha claridad sobre el gobierno de Venezuela y Maduro, pero Donald Trump es alguien que no quiere hacer cambios de régimen», dijo.

Luego de la reunión de Grenell con Maduro, las cosas parecían ir en la dirección deseada por la Casa Blanca. El 10 de febrero, dos aviones de la estatal venezolana Conviasa aterrizaron en Texas para recoger a unos 190 venezolanos que estaban siendo deportados por EE.UU.

Regreso a la política de máxima presión

El pasado 20 de febrero, Conviasa recogió en Honduras a unos 170 venezolanos que habían sido inicialmente enviados por Estados Unidos a Guantánamo.

Sin embargo, no parecen haber estado a la altura de la expectativas de la Casa Blanca. A juzgar por el anuncio de Trump que ahora deja abierta la duda sobre si su gobierno intenta presionar a Maduro para obtener una mayor colaboración. Si se trata de un regreso a la política de máxima presión que aplicó contra el mandatario venezolano en 2019 o si es una política distinta.

Dado que la licencia a Chevron está hecha para renovarse automáticamente cada mes y durante un periodo de seis meses. Habrá que esperar hasta el 1 de marzo para ver si la Casa Blanca no da marcha atrás. Luego, observar lo que ocurra en los meses siguientes durante los cuales la licencia aún se mantendrá en vigor.

Con información de ACN/Agencias

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Internacional

Estados demandan a admnistración Trump para frenar norma que dificulta obtener green card (+ video)

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Estados demandan a Trump - Agencia Carabobeña de Noticias
Zohran Mamdani. alcalde Nueva York
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Estados demandan a administración Trump. Nueva York y otros 21 estados están demandando a la administración Trump para bloquear una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional que otorgaría a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para denegar tarjetas de residencia (green cards), visas o la entrada a Estados Unidos, al determinar si los solicitantes podrían llegar a depender de ayudas gubernamentales.

El cambio en la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el viernes, probablemente dificultaría que muchos inmigrantes obtengan la residencia permanente si utilizan —o se considera probable que necesiten— beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani —quien lidera una coalición de ciudades que presenta una demanda similar—, anunciaron la acción legal durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Manhattan el lunes.

Estados demandan a administración Trump…

Estados demandan a administración Trump. “La norma permitiría a los agentes de inmigración considerar el uso de beneficios fundamentales como Medicaid y SNAP (el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), e incluso la participación en programas de comidas escolares, como parte de la situación del solicitante”, dijo James. “Eso significa que los neoyorquinos inmigrantes podrían verse obligados a plantearse preguntas imposibles: ‘¿Afectará negativamente a mis posibilidades de obtener la residencia permanente el hecho de contratar un seguro médico? ¿Se utilizará en mi contra el haber aceptado ayuda alimentaria en momentos de dificultad?’”.

Los estados, cuya demanda también incluye al Distrito de Columbia, argumentan que perderían miles de millones de dólares en fondos federales si los inmigrantes —particularmente las familias de estatus migratorio mixto— se dan de baja de los programas por temor a consecuencias migratorias.

¿A qué se refiere?

La demanda se refiere a los cambios pendientes en lo que se conoce como la norma de “carga pública” (public charge), una disposición de la ley de inmigración de EE.UU. que permite al gobierno denegar una visa o tarjeta de residencia a alguien que, según determina, probablemente dependerá de la asistencia gubernamental.

Históricamente, los funcionarios de inmigración solo contabilizaban los beneficios en efectivo —como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o el Ingreso de Seguridad Suplementario de la Seguridad Social— en sus evaluaciones. Sin embargo, el cambio pendiente de la administración Trump no especifica qué programas de red de seguridad deben considerarse, lo que significa que también podrían incluirse beneficios no monetarios como Medicaid y vales de vivienda.

“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación”, afirmó James en un comunicado. “Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”.

La norma se centra en personas que ya tienen un estatus legal en EE.UU. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos.

Disuadir a inmigrantes de inscribirse en programas

La ampliación de la norma de carga pública forma parte de los esfuerzos más recientes del Gobierno de Trump para disuadir a los inmigrantes de inscribirse en programas de red de seguridad para los que ellos o sus hijos ciudadanos podrían ser elegibles.

El “gran y hermoso proyecto de ley” del Partido Republicano, que Trump promulgó en julio de 2025, limita la elegibilidad de los inmigrantes legales para Medicaid y los cupones de alimentos. Los refugiados, las personas con asilo concedido y las víctimas de violencia doméstica y trata de personas con fines sexuales ya no reúnen los requisitos para participar en los programas. Solo los titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) y ciertos otros inmigrantes pueden inscribirse.

Por lo general, los niños que son ciudadanos estadounidenses siguen siendo elegibles, aunque es posible que muchos padres decidan no solicitar los beneficios en su nombre para evitar interactuar con el gobierno federal.

Nueva norma es «arbitraria y caprichosa»

La demanda presentada por James en nombre de Nueva York sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está excediendo su autoridad, ya que el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una “carga pública”. El estado, junto con otros demandantes, también argumentará que la nueva norma es “arbitraria y caprichosa”, y que el DHS ignoró las consecuencias perjudiciales del cambio y no lo justificó adecuadamente.

Las demandas de los estados y de los gobiernos locales se presentaron el lunes por la mañana ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambas solicitan al tribunal que declare ilegal la norma y que impida al DHS aplicarla. Hasta primeras horas de la tarde del lunes, ninguna de las demandas tenía un juez asignado ni una audiencia programada.

“La crueldad es el objetivo (del cambio de norma)”, declaró James el lunes. “El objetivo es generar un efecto disuasorio entre los inmigrantes. Es hacer saber a las personas que no son bienvenidas aquí. El objetivo es la hostilidad hacia la inmigración”.

“El hecho de que se vayan a negar beneficios a personas enfermas, hambrientas y sin hogar es algo inaceptable. Y por eso estamos buscando anular esta norma en el estado de Nueva York”, afirmó.

CNN se ha puesto en contacto con el DHS para solicitar comentarios.

ACN/MAS/CNN

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