Internacional
Expresidente Toledo recluido en misma cárcel que Fujimori y Castillo
El expresidente peruano Alejandro Toledo recluido en el penal limeño de Barbadillo, donde están también los expresidentes Alberto Fujimoriy Pedro Castillo, para cumplir una prisión preventiva de 18 meses a raíz del proceso abierto en su contra por lavado de activos, horas después de haber sido extraditado desde Estados Unidos.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) estuvo a cargo del traslado de Toledo por helicóptero desde el cuartel policial de Los Cibeles, en el distrito del Rímac, hasta la prisión, ubicada en el distrito de Ate, al este de la capital peruana.
En un comunicado, el INPE explicó que la junta técnica de clasificación determinó que Toledo debía ser enviado al establecimiento penitenciario de Barbadillo en régimen ordinario, con base en una orden de internamiento emitida por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
Toledo recluido en el penal limeño de Barbadillo
Asimismo, informó que Toledo no recibirá visitas hasta que el consejo técnico penitenciario establezca los horarios para ello y las medidas de seguridad para salvaguardar al interno.
El Poder Judicial informó previamente que Toledo, de 78 años, dejó las instalaciones de la Corte Superior Nacional, después de asistir a una audiencia de control de identidad, y que fue puesto a disposición del INPE para llevarlo al penal, donde cumplirá la prisión preventiva de 18 meses.
Precisamente, en la cárcel de Barbadillo permanecieron durante todo el domingo un gran número de periodistas para registrar el ingreso del exgobernante, así como simpatizantes del desaparecido partido Perú Posible, la organización política fundada por Toledo y que lo llevó a la presidencia de la República en 2001.

Alejandro Toledo (I) mientras asiste a la audiencia en Lima. (Foto: EFE).
Será «vecino» de Fujimori
En ese establecimiento penitenciario, Toledo será vecino de celda con Fujimori, a quien sucedió en la Presidencia y contra quien encabezó una gran marcha de protesta por los indicios de fraude en las elecciones generales de 2000.
Fujimori, de 84 años, cumple una sentencia de 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos y solo abandonó esa prisión unos meses entre 2017 y 2018, cuando recibió un indulto del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que fue posteriormente anulado.
Castillo también preso en el mismo recinto
En Barbadillo también está recluido, desde diciembre pasado, el expresidente Pedro Castillo a raíz del fallido autogolpe de Estado que dio en ese mes, un cargo que se sumó a las investigaciones por presunta organización criminal y corrupción abiertas en su contra.
Desde que Toledo llegó a Perú este domingo, en un vuelo comercial procedente de Los Ángeles, fue conducido primero a la Dirección de Aviación Policial (DIPA), en el Callao, donde fue sometido a un examen de medicina legal, y luego en helicóptero hasta el cuartel de Los Cibeles.
Después fue trasladado a la Corte Superior Nacional para estar presente en una audiencia de control de identidad ante el Juzgado de Turno a cargo de la magistrada Margarita Salcedo.
El expresidente fue extraditado por el caso Odebrecht que le atribuye haber recibido un soborno de 35 millones de dólares de esa constructora brasileña para adjudicarle la construcción de varios tramos de la carretera Interoceánica sur durante su Gobierno.

Alejandro Toledo es trasladado a la cárcel donde están Fujimori y Castillo. (Foto: EFE).
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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