Política
Enrique Márquez pide al CNE investigar fondos de campaña de Maduro
Solicitan investigar fondos de campaña de Maduro. Así lo dijo a conocer el opositor Enrique Márquez, candidato a la Presidencia, este martes 16 de julio, al presentarse en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Márquez -quien fue rector electoral entre 2021 y 2023– solicitó la apertura de una investigación de «las finanzas del (gobernante) Partido Socialista Unido de Venezuela» a través de una carta dirigida al CNE. Informó en una rueda de prensa a 12 días de las presidenciales.
«La presunción que tenemos y lo que hemos escrito en nuestra carta es que son fondos públicos, fondos provenientes del Tesoro Nacional que están siendo utilizados en campaña». Expresó.
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Solicitan investigar fondos de campaña de Maduro
En este sentido, denunció el «abuso y uso de recursos públicos para la campaña» de Maduro. Mientras «el pueblo está sufriendo tanto porque los sueldos son pésimos y las pensiones no sirven para nada».
En cambio, prosiguió, la mayoría de las otras campañas electorales «son muy modestas, precisamente, por el restringido acceso a fondos».
Márquez señaló como ejemplos del «abuso» de recursos públicos, las «miles de vallas», los «cientos de miles de pendones»- Los otros «miles de murales que se han pintado» en el país. Así como las «cuñas de televisión» transmitidas «una tras otra en todos los canales de televisión» nacionales y «en la publicidad» en la plataforma YouTube, todo enfocado en la promoción de la candidatura de Maduro.
Habló de las «detenciones» y «amedrantamiento»
Por otra parte, el candidato pidió al CNE tomar acciones ante la «detención arbitraria de dirigentes políticos» y ante los casos de «amedrentamiento».
Al respecto, Márquez exhortó a Maduro a que «deje» de «amedrentar» y «perseguir», a fin de que el proceso «se lleve a cabo con tranquilidad» y el país «se exprese libremente el 28 de julio». Cuando tendrá la opción de elegir entre una decena de candidatos. Entre ellos también el abanderado de la principal alianza opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia.
«El Gobierno se sabe perdido, el Gobierno sabe que las encuestas no lo favorecen. Y, a pesar de todo lo que haga, del ventajismo, del amedrentamiento, el pueblo ya tomó una decisión de cambiar», agregó.
Las detenciones de decenas de opositores -cifradas, de momento, en 71, según ONG- marcan la campaña en el país, donde las autoridades también han actuado con sanciones, como cierres de negocios que atendieron a líderes antichavistas de gira política por el país. O retención de equipos de trabajo, como motos, pequeñas embarcaciones o equipos de sonido, entre otros.
El rector Juan Carlos Delpino, una de las cinco autoridades del CNE, hizo un llamado a mantener el clima pacífico. Recordó que los arrestos arbitrarios «atentan contra el ejercicio de los derechos políticos».
ACN/MAS/EFE
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Política
Ocariz: A 33 días del sismo, la solidaridad no sustituye la responsabilidad del Estado
El dirigente nacional de Primero Justicia (PJ), Carlos Ocariz, cuestionó este lunes a la administración de Delcy Rodríguez por la falta de un plan público, detallado y verificable para la reconstrucción del estado La Guaira y demás entidades afectadas, a un mes y dos días del doblete sísmico registrado en la costa norte del país el pasado 24 de junio.
“¿Cuál es el plan? A 33 días de la tragedia no hay claridad. Países que han vivido situaciones similares como Japón, Chile, Nueva Zelanda o Estados Unidos presentan planes de reconstrucción a 10 años en las primeras tres semanas posteriores a un terremoto”, señaló Ocariz.
El vocero de la organización política sostuvo que el evento del 24 de junio marcó un antes y un después para la nación. Recordó que, según cifras oficiales, el saldo es de 5.546 fallecidos, 16.740 heridos, 17.907 personas sin vivienda y 856 edificios afectados, de los cuales 190 sufrieron colapso total.
“Detrás de cada número hay una familia, la pérdida de un hijo, de un hogar. No es un problema de números”, precisó.
En este sentido, reconoció el valor, la tenacidad y la solidaridad de la respuesta ciudadana, pero remarcó los límites del voluntariado:
“Hemos visto una inmensa calidad humana, pero la solidaridad de los venezolanos no puede sustituir la responsabilidad del Estado”.
Frente a los anuncios oficiales que calificó de «generales», Ocariz exigió respuestas concretas sobre el destino de los damnificados y las edificaciones en riesgo. Respecto a la vivienda y refugios, preguntó dónde se construirán las nuevas casas, bajo qué criterios de asignación y cuánto tiempo permanecerán las familias en esos espacios.
Asimismo, sobre los 856 edificios afectados, cuestionó cuáles son seguros, cuáles se demolerán y quién asumirá el costo de las reparaciones.
En relación con el financiamiento, indagó a cuánto asciende el presupuesto real, al tiempo que señaló que el fondo de 340 millones de dólares del FMI es insuficiente frente a las estimaciones del Banco Mundial, que calculan los daños en más de 20.000 millones de dólares. “¿Quién pondrá esos recursos y qué organismo los manejará?”, agregó.
Para abordar la contingencia con transparencia, Ocariz presentó una propuesta estructurada en cinco ejes clave:
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Registro público e informe técnico: un catastro abierto de inmuebles afectados y un estudio exhaustivo sobre las fallas de suelo en Vargas.
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Cronograma público de reconstrucción en tres etapas:
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Estabilización (0 a 6 meses): contempla limpieza de escombros, contención de zonas inestables y diseño técnico.
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Reconstrucción (6 a 24 meses): edificación de viviendas, rehabilitación de escuelas y obras mayores de infraestructura.
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Recuperación sostenible (2 a 5 años): prevé el desarrollo urbano, fortalecimiento institucional y prevención permanente.
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Fondo transparente: creación de un fondo de reconstrucción normado por ley.
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Incorporación de la academia: participación de colegios profesionales, sociedad civil y universidades, a la par de las acciones del Colegio de Ingenieros de Venezuela.
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Atención integral: restablecimiento prioritario de servicios públicos, centros de salud y planteles educativos.
“Esto no es una postura política, es una visión de país. Médicos, bomberos, rescatistas y jóvenes han demostrado su disposición de colaborar. Nuestro compromiso es liderar y participar, pero el Estado debe actuar con claridad. Viene la etapa más difícil: reconstruir las viviendas, los servicios y, sobre todo, la confianza”, concluyó el dirigente.

Con información de nota de prensa
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