Internacional
Sentenciaron en Chile a miembros de banda «Los Gallegos», una célula del Tren de Aragua
Seis miembros de la célula «Los Gallegos», brazo del «Tren de Aragua» en Arica (a poco mas de 2.000 kms al norte de Santiago, en la frontera con Perú), fueron sentenciados este lunes a diversas penas de cárcel, en un juicio abreviado en el que reconocieron su responsabilidad en los hechos llevado a cabo por la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de esa ciudad.
Los acusados serán puestos tras las rejas por los delitos de trata de personas, tráfico de drogas, lavado de activos y porte ilegal de munición. Cuatro de ellos recibieron penas de cumplimiento efectivo (3 años y un día de presidio), mientras que los otros dos fueron condenados a penas de cumplimiento alternativo.
“Para despejar un poco la causa y zanjar la situación de algunas personas, por decisión del Ministerio Público, optamos por ofrecer salidas alternativas, en este caso un procedimiento abreviado. Estas eran ocho personas, de las cuales seis concurrieron y aceptaron estos procedimientos”, señaló el fiscal regional, Mario Carrera Guerrero, según consigna una nota de El Mostrador.
Según el persecutor, “en esta investigación hay algunas personas que tuvieron una participación menor o por un hecho concreto sin que formen parte de la organización en sí. Es el caso de los condenados de hoy, quienes tienen nacionalidades distintas a las del grueso de los partícipes de los hechos”.
Sentenciaron en Chile a «Los Gallegos»
Entre los condenados se encuentra el dueño de las discotecas “Ibiza” y “Hollywood”, Alvaro Muñoz Sotomayor, quien fue condenado a 3 años y un día por lavado de activos, 541 días por trata de personas con fines de explotación sexual y 61 días por ser parte de una asociación criminal.
Su empleada, Vanessa Rivera Santis, también recibió una condena de 3 años y un día por trata de personas y otros 541 días por tenencia ilegal de municiones. El venezolano Rodolfo Moleiro Castillo fue condenado a la misma pena por trata de personas con fines de explotación sexual (3 años y un día), más 61 días por la pertenencia a la organización y lo mismo sucedió con su compatriota Zacha González Freites, quien además recibió otros 541 días por porte de municiones.
En el marco de esta investigación, este martes se inició la audiencia de preparación de juicio oral contra los otros 38 miembros de Los Gallegos detenidos, la mayoría extranjeros. Entre junio de 2022 y enero de 2023, a la banda se le incautaron más de 80 kilos de diferentes drogas que eran comercializadas por sus miembros. No solo eso, también se les incautaron “armas convencionales, hechizas, de guerra y municiones”, las que eran utilizadas para delitos como el “secuestro, extorsión, robo con fuerza y homicidios”, según reza el expediente investigativo al que tuvo acceso radio Bío Bío.
En la ciudad de Arica, “Los Gallegos” se asentaron en el Cerro Chuño, sector donde existen tomas de terrenos con viviendas denominadas ‘rucos’ o ‘ranchos’, habitados principalmente por extranjeros y chilenos de bajos recursos.
Según la acusación, esta organización era “liderada desde el Perú por el imputado Félix Anner Castillo Rondón, alias ‘Pure Arnel’, quien instruía las órdenes para el tráfico de sustancias ilícitas, la ejecución de homicidios y todo aquello relacionado a los negocios de ‘Los Gallegos’ en Chile”.
Con información de ACN/infobae
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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