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Salió de la UE «la número dos de Maduro»

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La Vicepresidente Delcy Rodriguez voló de Madrid a Doha (Qatar);  para salir de la Unión Europea (UE). Las sanciones europeas obligaban a España a impedir el tránsito de la vicepresidenta venezolana;  la “número dos” de Nicolás Maduro.

Gráfica:El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, este sábado en Santiago de Compostela;  en el comité nacional gallego del PSOE. XOÁN REY (EFE)

La Vicepresidente Delcy Rodriguez voló de Madrid a Doha (Qatar) para salir de la UE.; Los puntos opacos del encuentro entre Ábalos y la vicepresidenta venezolana. La ‘número dos’ de Maduro voló de Madrid a Doha para salir de la UE. Ábalos se reunió con la ‘número dos’ de Maduro para evitar su entrada en España, según la policía.

La ‘número dos’ de Maduro voló de Madrid a Doha (Qatar) para salir de la UE ‘Tragar sin masticar’

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, salió del aeropuerto de Barajas de Madrid;  con un vuelo comercial con destino a Doha (Qatar);  tras encontrarse con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en su avión privado.  Así lo confirmaron a EL PAÍS fuentes de los servicios de seguridad del aeropuerto madrileño;  que aseguraron que la número dos de Nicolás Maduro “no pisó en ningún momento suelo español”;  sino que todos sus movimientos se limitaron a la “zona internacional de tránsito”.  Sobre la mandataria venezolana pesa la “prohibición de viajar” a Estados miembros;  por una sanción impuesta por la UE.

El itinerario de la vicepresidente Delcy Rodríguez

Hacia las nueve de la mañana del pasado domingo 19 de enero;  despegó del aeropuerto de Maiquietía-Simón Bolivar, en Caracas (Venezuela);  un Falcon privado de la compañía Sky Valet con tripulación turca; en el que viajaba la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez;  con seis asesores y el ministro de Turismo, Félix Plasencia.  El vuelo iba con destino a Estambul pero pretendía hacer una escala “técnica” —según el Gobierno español— en Madrid;  donde tenía previsto quedarse además el ministro Plasencia;  que venía a España para participar en Fitur, la feria turística de Madrid.

Los datos sobre el pasaje, los llamados “datos API” (Advance Passenger Information);  forman parte de la información que deben facilitar las compañías aéreas;  a las autoridades de los países de destino, según explican fuentes de Extranjería y Control de Fronteras. Esos datos son enviados, según las mismas fuentes, a la Secretaria de Estado de Seguridad, a AENA;  a Aviación Civil y a la Policía Nacional.

En este caso, además;  la Embajada venezolana advirtió al Ministerio de Asuntos Exteriores español;  de que en el vuelo viajaba Delcy Rodríguez;  según explicó el ministro José Luis Ábalos y confirmó la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.  Pero la número dos del presidente venezolano Nicolás Maduro;  es una de las 25 personalidades venezolanas sancionadas por la Unión Europea con la prohibición de viajar a cualquier país miembro.  La medida coercitiva de la UE responde a “la represión política” del Gobierno venezolano contra su población civil. Y, en su artículo sexto, sobre las restricciones de la admisión, establece en el primer punto;  que “los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él”.

Pese a todo ello y a que la “prohibición de viajar” figura entre las restricciones del citado reglamento europeo, Delcy Rodríguez despegó desde Caracas e hizo escala en Madrid, donde aterrizó a las 0.12 del lunes. “La prohibición de viajar no impide hacer escala mientras no entres en el país”, aseguran fuentes del Ministerio del Interior. Sin embargo, fuentes especializadas en sanciones de la UE defienden que las autoridades españolas nunca debieron permitir que la mandataria venezolana descendiese del avión, que puede considerarse “territorio venezolano”. Según esas mismas fuentes, “el aeropuerto de Barajas se encuentra en territorio español”.

Por otra parte, fuentes de los servicios de seguridad del aeropuerto explicaron que se trataba de una “parada técnica” porque las normas de Aviación Civil “impiden a la tripulación estar más de 10 horas de vuelo sin descansar” y llegar hasta Estambul suponía superar en más de una hora el tiempo máximo estipulado. “El pasaje, además, no puede quedarse en la nave si baja la tripulación”, añadieron las mismas fuentes. Y ahí estaba el problema: “¿Qué hacemos ahora con la señora vicepresidenta de Venezuela que no puede pisar suelo español?”. La insistencia de Delcy Rodríguez en bajarse del avión se sustentaba, según las mismas fuentes aeroportuarias, “en que no podía hacer otra cosa”.

El avión de Delcy Rodríguez aparcó en el pabellón previsto para “estos vuelos privados” en la Terminal 1. Un aparcamiento para aeronaves de pago.

La orden para Abalos fue que “procurase que Rodríguez no bajara del avión”.

Hasta allí se desplazó, cerca de la madrugada, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Él ha explicado, en sucesivas versiones ampliadas esta última semana, que se dirigía en un coche particular al aeropuerto para recoger a su “amigo personal”, el ministro Félix Plasencia. Y que en el trayecto, “antes de las 22.00”, le llamó el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska para decirle que “procurase que Rodríguez no bajara del avión”.

Ábalos accedió al aparato, en el que estuvo, según fuentes de los servicios de seguridad del aeropuerto, “menos de 30 minutos”. Y según él mismo: “25 minutos”. Según su versión, su amigo Plasencia le pidió que saludara a su vicepresidenta, y él aprovechó para “recordarle” que “lamentablemente no podía pisar suelo español”. El ministro ha negado que existiera “ninguna reunión”, puesto que no se debatió sobre nada.

Las mismas fuentes del aeropuerto aseguran que Delcy Rodríguez descendió del avión tras irse el ministro junto a sus asesores. “Solo Plasencia cruzó el puesto fronterizo y entró en España”, aseguran. “El resto nunca pisó suelo español; se mantuvieron en todo momento en la zona de tránsito internacional, que no se considera técnicamente territorio nacional”, explican. Pero el reglamento sancionador europeo incluye también el “tránsito”.

Fuera de Europa

“La vicepresidenta no accedió en ningún momento a territorio nacional y, por lo tanto, tampoco a territorio de la UE”, aseguran en Interior. “Hasta que no pasas la aduana no es España”, señalan.

Delcy Rodríguez no se fue del aeropuerto de Madrid en su avión privado, que partió a las 14.42 de ese lunes, sino que “se marchó antes”, en un vuelo internacional comercial con destino a Doha (Qatar), donde hizo escala para llegar a Estambul, según aclaran fuentes de los servicios de seguridad de Barajas. “La vicepresidenta de Venezuela quería seguir hacia su destino”, dicen fuentes del aeropuerto. Pero Doha está a seis horas y media de vuelo, casi tres horas más que Estambul. Eso sí, es un destino fuera ya del espacio europeo en el que rigen las sanciones. La compañía Qatar Airlines tiene tres vuelos diarios a Doha desde Madrid, a las 8.20, a las 15.10 y a las 22.20.

El ministro Ábalos declinó ayer atender a EL PAÍS para aclarar el asunto, pero en una entrevista anoche en La Sexta aseguró que, tras irse, fue la policía quien condujo a Rodríguez por los lugares “habilitados” del aeropuerto. “Yo no tengo esa competencia, esa función, ni ese conocimiento”, zanjó. En Exteriores también rehusaron responder y se remitieron a las versiones dadas por el ministro Ábalos hasta ahora, sin aclarar cuándo y cómo fueron advertidos por la Embajada venezolana de que Rodríguez viajaba en ese vuelo con escala en Madrid.

EXTERIORES LO SUPO “HORAS ANTES” DE QUE ATERRIZARA EL AVIÓN

Aunque “los rumores” de que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez iba a volar a hacia España con destino a Estambul (Turquía) se propagaban por Venezuela, el Ministerio de Asuntos Exteriores no supo que la mandataria volaba en el Falcon privado turco hasta “dos o tres horas antes” de que aterrizara en el aeropuerto de Barajas en Madrid. Así lo revelaron a EL PAÍS fuentes del citado ministerio. Según la versión facilitada inicialmente por Exteriores, fue la propia Embajada de Venezuela la que advirtió de que Rodríguez viajaba en ese vuelo. Pero el hecho de que solo tuvieran confirmación oficial del asunto pocas horas antes del aterrizaje explicaría que las autoridades españolas no hubiesen podido intervenir para retener la salida de ese vuelo en caso de haber querido hacerlo.

Exteriores ha trasladado a Bruselas que la vicepresidenta venezolana solo estuvo “en tránsito” en el aeropuerto de Barajas-Adolfo Suárez, pero fuentes europeas destacan que en los próximos días podría haber preguntas a la Comisión Europea para que aclare qué significa exactamente ese difuso concepto. Tanto los jefes de Estado y de Gobierno, en el Consejo Europeo, como los embajadores —en las reuniones habituales que celebran en la capital europea— podrían además ejercer algún tipo de presión diplomática sobre España por su gestión del mecanismo de sanciones para con Venezuela.

El vicepresidente y jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell —exministro español de Exteriores hasta hace apenas unas semanas—, ha recibido ya una pregunta procedente de la Eurocámara por ese asunto, aunque la Comisión Europea se apresuró el pasado viernes a explicar que la implementación de las sanciones “corresponde a los Estados miembros”. Eso sí, “esperamos que todos los Estados cumplan las sanciones”, aseguró en rueda de prensa un portavoz del brazo ejecutivo de la Unión Europea.

ACN/EFE/El Páis/Patricia Ortega Dolz/The Trust Project

No deje de leer: Cancillería: Venezuela rechaza la agresión continuada de la UE(Opens in a new browser tab)

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Estados demandan a admnistración Trump para frenar norma que dificulta obtener green card (+ video)

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Estados demandan a Trump - Agencia Carabobeña de Noticias
Zohran Mamdani. alcalde Nueva York
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Estados demandan a administración Trump. Nueva York y otros 21 estados están demandando a la administración Trump para bloquear una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional que otorgaría a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para denegar tarjetas de residencia (green cards), visas o la entrada a Estados Unidos, al determinar si los solicitantes podrían llegar a depender de ayudas gubernamentales.

El cambio en la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el viernes, probablemente dificultaría que muchos inmigrantes obtengan la residencia permanente si utilizan —o se considera probable que necesiten— beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani —quien lidera una coalición de ciudades que presenta una demanda similar—, anunciaron la acción legal durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Manhattan el lunes.

Estados demandan a administración Trump…

Estados demandan a administración Trump. “La norma permitiría a los agentes de inmigración considerar el uso de beneficios fundamentales como Medicaid y SNAP (el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), e incluso la participación en programas de comidas escolares, como parte de la situación del solicitante”, dijo James. “Eso significa que los neoyorquinos inmigrantes podrían verse obligados a plantearse preguntas imposibles: ‘¿Afectará negativamente a mis posibilidades de obtener la residencia permanente el hecho de contratar un seguro médico? ¿Se utilizará en mi contra el haber aceptado ayuda alimentaria en momentos de dificultad?’”.

Los estados, cuya demanda también incluye al Distrito de Columbia, argumentan que perderían miles de millones de dólares en fondos federales si los inmigrantes —particularmente las familias de estatus migratorio mixto— se dan de baja de los programas por temor a consecuencias migratorias.

¿A qué se refiere?

La demanda se refiere a los cambios pendientes en lo que se conoce como la norma de “carga pública” (public charge), una disposición de la ley de inmigración de EE.UU. que permite al gobierno denegar una visa o tarjeta de residencia a alguien que, según determina, probablemente dependerá de la asistencia gubernamental.

Históricamente, los funcionarios de inmigración solo contabilizaban los beneficios en efectivo —como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o el Ingreso de Seguridad Suplementario de la Seguridad Social— en sus evaluaciones. Sin embargo, el cambio pendiente de la administración Trump no especifica qué programas de red de seguridad deben considerarse, lo que significa que también podrían incluirse beneficios no monetarios como Medicaid y vales de vivienda.

“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación”, afirmó James en un comunicado. “Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”.

La norma se centra en personas que ya tienen un estatus legal en EE.UU. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos.

Disuadir a inmigrantes de inscribirse en programas

La ampliación de la norma de carga pública forma parte de los esfuerzos más recientes del Gobierno de Trump para disuadir a los inmigrantes de inscribirse en programas de red de seguridad para los que ellos o sus hijos ciudadanos podrían ser elegibles.

El “gran y hermoso proyecto de ley” del Partido Republicano, que Trump promulgó en julio de 2025, limita la elegibilidad de los inmigrantes legales para Medicaid y los cupones de alimentos. Los refugiados, las personas con asilo concedido y las víctimas de violencia doméstica y trata de personas con fines sexuales ya no reúnen los requisitos para participar en los programas. Solo los titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) y ciertos otros inmigrantes pueden inscribirse.

Por lo general, los niños que son ciudadanos estadounidenses siguen siendo elegibles, aunque es posible que muchos padres decidan no solicitar los beneficios en su nombre para evitar interactuar con el gobierno federal.

Nueva norma es «arbitraria y caprichosa»

La demanda presentada por James en nombre de Nueva York sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está excediendo su autoridad, ya que el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una “carga pública”. El estado, junto con otros demandantes, también argumentará que la nueva norma es “arbitraria y caprichosa”, y que el DHS ignoró las consecuencias perjudiciales del cambio y no lo justificó adecuadamente.

Las demandas de los estados y de los gobiernos locales se presentaron el lunes por la mañana ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambas solicitan al tribunal que declare ilegal la norma y que impida al DHS aplicarla. Hasta primeras horas de la tarde del lunes, ninguna de las demandas tenía un juez asignado ni una audiencia programada.

“La crueldad es el objetivo (del cambio de norma)”, declaró James el lunes. “El objetivo es generar un efecto disuasorio entre los inmigrantes. Es hacer saber a las personas que no son bienvenidas aquí. El objetivo es la hostilidad hacia la inmigración”.

“El hecho de que se vayan a negar beneficios a personas enfermas, hambrientas y sin hogar es algo inaceptable. Y por eso estamos buscando anular esta norma en el estado de Nueva York”, afirmó.

CNN se ha puesto en contacto con el DHS para solicitar comentarios.

ACN/MAS/CNN

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