Internacional
Rusia dice que tratará de garantizar acceso de la Cruz Roja a los prisioneros ucranianos
Rusia hará todo lo posible para garantizar el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a los prisioneros de guerra ucranianos, declaró este viernes el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.
“Apoyamos activamente vuestros esfuerzos para garantizar el acceso a los militares tomados como prisioneros. Haremos todo lo que dependa de nosotros para garantizar el acceso a los soldados ucranianos”, afirmó al inicio de una reunión con la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric.
Por su parte, la presidenta del CICR destacó la importancia que los canales de comunicación entre su organización y Moscú continúen siendo “abiertos y constructivos”.
Quisiera asegurarle que me atendré al principio de la neutralidad e independencia y respetaré la confidencialidad donde esto sea necesario, indicó.
Acceso a prisioneros ucrnianos
Spoljaric celebró la disposición de Moscú a “atenerse al derecho humanitario internacional” e indicó que trabajará para lograr que “todos los Estados respeten la Convención de Ginebra” que estipula el trato a los prisioneros de guerra.
La visita de Spoljaric es la primera que lleva a cabo a Rusia desde su nombramiento al frente del CICR en octubre pasado y se produce un mes después de su viaje a Ucrania, donde incluyó en su agenda reuniones con familiares de prisioneros de guerra.
En un comunicado publicado por el CICR antes de su visita, la organización con sede en Ginebra señaló que el objetivo prioritario de Spoljaric en Moscú sería el lograr un mayor acceso a los prisioneros de guerra en Ucrania.
“Estamos convencidos que la línea equilibrada y responsable que busca llevar a cabo el Comité en todo el mundo es importante también en el contexto de los sucesos de Ucrania y en torno a ellos”, indicó el ministro de Exteriores ruso.
Lavrov recalcó que para Rusia es clave que el CICR “actúe imparcialmente en el caso ucraniano en el marco de su mandato humanitario único”.
Siempre hemos respetado sinceramente vuestro mandato, apreciado la naturaleza imparcial y despolitizada de vuestro trabajo y nunca hemos abusado de nuestra relación con el CICR para lograr determinados objetivos políticos, señaló.
Flagrantes violaciones
El jefe de la diplomacia rusa expresó su confianza en que “todos los demás socios del CICR, especialmente sus principales donantes, se atengan estrictamente a esta misma línea”.
Lavrov llamó la atención de Spoljaric por “las flagrantes violaciones del derecho humanitario internacional por parte del régimen ucraniano, violaciones que documentan y pueden ver incluso en las redes sociales y otras fuentes de información”.
Según el ministro de Exteriores ruso, a menudo los militares ucranianos publican en las redes vídeos de los maltratos a los que someten a los militares rusos, “incluyendo el tristemente célebre vídeo del asesinato de prisioneros desarmados”.
A lo largo de la jornada, la presidenta del CICR se reunió también con el viceministro de Defensa de Rusia, Aleksandr Fomín, informó ese departamento.
“Las partes discutieron temas actuales de la cooperación entre el Ministerio de Defensa de Rusia y el CICR en Ucrania, incluido el cumplimiento del derecho internacional humanitario, el trato a los prisioneros de guerra y la búsqueda de personas desaparecidas”, señala la nota oficial, citada por la agencia Interfax.
Según destacó el ministerio, la reunión tuvo un carácter “constructivo” y las partes acordaron continuar los contactos.
Con información de EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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