Reclaman a Defensoría revisar ley de amnistía. Familiares de presos políticos en Venezuela se reunieron ayer lunes 4 de mayo con representantes de la Defensoría del Pueblo para denunciar los retrasos en la aplicación de la amnistía, y pedir respuestas por la crítica situación de salud de los detenidos.

La histórica Ley de Amnistía impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, contempla el sobreseimiento de causas penales de cientos de presos políticos. Dos meses después de su aprobación, varias oenegés denuncian dilación para tramitar el beneficio en tribunales.

Unas 8.084 personas han recibido amnistía, según el balance en marzo del diputado Jorge Arreaza, jefe de la comisión parlamentaria que hace seguimiento a la normativa.

«La amnistía es una burla, es como darle larga a todo esto. Fue una burla más al pueblo, fue esperanzarnos, subirnos y volver a bajar de golpe. Y a ellos (presos políticos) ilusionarlos», dijo Massiel Cordones, madre de José Ángel Barreno, detenido desde 2020.

Reclaman a Defensoría revisar ley de amnistía

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, reportó 454 detenidos, de los cuales, 41 son extranjeros y 109 se encuentran en el centro de reclusión El Rodeo I, a las afueras de Caracas.

La noche del lunes, esta cifra creció con la detención del exprisionero político Luis Eduardo Perozo, liberado en diciembre antes de la amnistía, tras año y medio de confinamiento, y ahora de nuevo bajo arresto.

«Cuando lo agarraron le pusieron el pie encima, en la espalda, y le pusieron una capucha», detalló a la AFP su madre, Yuraima Piñero, que aún no tiene detalles de su paradero.

Más temprano, familiares de detenidos entregaron en la sede de la Defensoría un documento en el que detallan graves afecciones pulmonares, lesiones visibles y alteraciones en la salud mental de los detenidos. Exigen que se tome en cuenta los casos de personas desaparecidas y tratos crueles.

Cordones dijo que las «torturas» se repiten en cárceles como el Fuerte Guaicaipuro, Yare y El Helicoide.

Inacio Da Costa, director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo, informó que atenderán las denuncias. «En dos semanas ya hemos recibido más de 200 casos especiales que estamos revisando», dijo.

A finales de enero, Rodríguez anunció el cierre del Helicoide, que ha sido denunciado por oenegés como un «centro de torturas», pero hasta la fecha decenas siguen detenidos.

ACN/MAS/AFP

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