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Ratificaron orden de presión preventiva contra Rafael Correa

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Foto: Archivo/El Comercio.
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Este viernes 8 de noviembre, la Procuraduría General del Estado (PGE) de Ecuador; acusó ex presidente Rafael Correa de haber formado en su administración un «esquema de corrupción», donde también estaban involucrados sus más cercanos colaboradores.

Por esa razón, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de ese país; ratificó la orden de prisión preventiva contra Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glas y cuatro procesados más por el caso denominado «Sobornos 2012-2016».

Dentro de ese caso, la corte presume su participación en los delitos de asociación ilícita cohecho y tráfico de influencias; con el propósito de recibir dinero de forma irregular por parte de la constructora Odebrecht y otras empresas.

Caso de Rafael Correa

La Procuraduría explicó, que las evidencias se observan del análisis de «más de 500 cuerpos e informes periciales; evidencias documentales y testimoniales», los cuales fueron hallados durante la investigación fiscal del caso.

Basados en esas evidencias, el tribunal negó el recurso de apelación presentado por la defensa de Rafael Correa y los demás procesados.

En este contexto, a través de un comunicado la Fiscalía General del Estado informó; que los abogados de los acusados insistieron en que se revoque la detención, al considerar «que no se han cumplido con los requisitos para dictar la medida; y solicitamos que se dispongan medidas alternativas», las cuales fueron negadas.

Por su parte, Fausto Jarrín, abogado de Correa señaló, que durante su intervención en la audiencia de este jueves; declaró garantizar la «inmediación» en el proceso penal. Esto significa, «responder a las diligencias solicitadas por la justicia ecuatoriana», expresó.

Correa: Es una persecusión política

De acuerdo al documento, la acusación fue presentada a la jueza Daniella Camacho el 28 de agosto de 2019; puesto que en las primeras investigaciones hallaron evidencia de responsabilidad penal por «delitos de cohecho»; según establece el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En este sentido, recaen sobre Rafael Correa 29 juicios penales pendientes; varios de ellos por presunta corrupción. Aunado, a la orden de prisión preventiva que fue ratificada por la corte este 7 de noviembre.

Vale resaltar, que el ex presidente reside en Bélgica desde el 2017 hasta la actualidad; y desde allá ha denunciado una presunta «persecución política» en su contra y de los demás acusados por parte del actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno.

En relación a las acusaciones, el político ha negado su participación en los delitos imputados.

ACN/CNN Español/Diario El Comercio/Foto: Cortesía

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Internacional

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española

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Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra - Agencia Carabobeña de Noticias
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La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.

La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.

La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.

De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra

La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.

El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.

Salpica a Rodríguez Zapatero

El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.

La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.

Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.

ACN/MAS/Agencias

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