En Venezuela, los familiares de los presos políticos continúan exigiendo la liberación de sus seres queridos y denunciando las violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Sin embargo, existe un grupo particularmente olvidado: los detenidos recluidos en calabozos policiales distribuidos en distintas ciudades del país.

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), a pesar de que las familias llevan alimentos diariamente y, en algunos casos, logran verlos apenas cinco minutos a la semana —o deben pagar en divisas para obtener lo que consideran el privilegio de visitarlos—, muchos de estos presos enfrentan restricciones absolutas al derecho de visita familiar.

La mayoría fue detenida durante las manifestaciones poselectorales de 2024, bajo acusaciones de terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria e instigación al odio.

Su situación es especialmente precaria, ya que no están agrupados en un solo centro de reclusión.

En muchas comandancias policiales hay apenas un preso político, lo que los expone a mayor aislamiento, vigilancia constante y control absoluto por parte de los funcionarios. Sus familiares han denunciado fichajes y hostigamiento por el simple hecho de visitarlos.

Las condiciones de reclusión son inhumanas. Además del hacinamiento, los presos políticos comparten celdas con detenidos por delitos comunes, sin acceso a baños adecuados.

Algunos deben hacer sus necesidades en bolsas o botellas plásticas, no pueden asearse y duermen en colchonetas en el piso o en hamacas improvisadas con sábanas colgadas de los barrotes, conocidas como “murciélagos”. Estas condiciones los exponen a enfermedades de la piel, afecciones respiratorias y otros problemas de salud, sin acceso a atención médica ni agua potable. La situación afecta tanto a hombres como a mujeres.

El temor a represalias limita las denuncias públicas. Las familias temen que cualquier acción pueda derivar en castigos o torturas contra los detenidos.

Según testimonios recogidos por el OVP, mientras en algunos penales se han realizado audiencias telemáticas, en el caso de los detenidos en comisarías los traslados dependen de la voluntad de los funcionarios.

Las respuestas más frecuentes son: “no hay vehículos” o se exige a los familiares costear gasolina, baterías e incluso cauchos para que se realicen los traslados.

Aun así, la mayoría de las audiencias son diferidas por ausencia de los detenidos, quienes no han contado hasta ahora con abogados de confianza.

El Observatorio Venezolano de Prisiones monitorea de forma permanente estas situaciones que vulneran los derechos humanos.

La organización documenta los casos y los remite a instancias internacionales, reiterando su compromiso de ser la voz de quienes hoy permanecen silenciados y exigiendo la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela.

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