Internacional
Poscovid contra nuevas generaciones
La educación, la mortalidad infantil por enfermedades prevenibles; y la salud mental son algunas de las cuestiones que ya preocupaban sobre la infancia; y tras la irrupción de la covid-19 se han agudizado. Desde ya hay que tomar las previsiones del caso.
Ya en agosto, la ONU advertía de la «catástrofe generacional» que supondría no reabrir inmediatamente los colegios.
Un niño hace sus tareas escolares en su casa, bajo la luz de una vela, en una aldea de Bangladés. WORLDVISION
Algunas de las muchas interrogantes que sobrevuelan sobre la situación de la infancia y que se plantea la sociedad, en general, y las organizaciones internacionales, en particular, desde que comenzara la pandemia.
¿Qué pasará con los niños que nunca regresarán a la escuela?
¿Cuántos podrían morir por enfermedades prevenibles por no alimentarse bien?
¿Cómo afecta el encierro a la salud mental de los más pequeños?
¿Cómo sobrevivirán las familias más vulnerables a la falta de ingresos?
Casi 20 millones más de personas sufren hambre aguda tras la pandemia
Maltrato infantil, la amenaza silenciosa de la cuarentena
Desde la irrupción de la covid-19, a los niños y adolescentes del mundo; se les ha calificado como las víctimas «ocultas, invisibles” de esta crisis sanitaria. Si bien el virus SARS-CoV-2 ha resultado, hasta la fecha; una enfermedad con poca incidencia de contagiados y mortalidad entre los más pequeños; son ya muchos los efectos colaterales que han empezado a mostrar cuáles son las consecuencias que sufrirá la infancia.
En el último mes, algunas voces y varios informes alertan; de que la malnutrición infantil, la falta de ingresos, las enfermedades de salud mental; y las desigualdades en educación y género son desafíos fundamentales que hay que afrontar para no condenar a las generaciones futuras.
Educación para todos, sin brecha digital
A principios de marzo el mundo cerró sus escuelas; y alrededor de mil millones de estudiantes y jóvenes de todo el planeta; se vieron afectados por el brote de la covid-19, según cifras de la Unesco.
Ya en agosto, la ONU advertía de la «catástrofe generacional»; que supondría no reabrir inmediatamente los colegios. Hoy, seis meses después, al menos 53 países permanecen con sus centros educativos cerrados; y muchos otros han dado por finalizado su año académico.
«Incluso antes de la pandemia, millones de niños y jóvenes se estaban perdiendo oportunidades de educación y formación de calidad porque no tenían acceso a Internet. Ahora, la covid-19 ha empeorado la situación”, sostenía la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, en una charla a principios de septiembre organizada por Generation Unlimited, en la que participaron mandatarios de todo el mundo, bajo el auspicio de Naciones Unidas.
Oportunidad única para cerrar brecha generacional
«Tenemos una oportunidad única para cerrar la brecha digital; y hacer que el acceso a Internet sea una realidad para todos los niños y jóvenes; y en todas las escuelas y comunidades», añadía Fore.
Un informe reciente de Unicef destacaba; que al menos uno de cada tres escolares en todo el mundo; no podía acceder al aprendizaje a distancia después del cierre de colegios; lo que puso de manifiesto la falta de acceso a la tecnología digital.
Si nos fijamos en África, Unicef estima que al menos la mitad de los niños en edad escolar; de la región subsahariana no tienen acceso a Internet.
«Invertir recursos en el aprendizaje y la formación digitales de los jóvenes; es esencial para construir la cohesión social y reducir las desigualdades insostenibles; que bloquean el desarrollo humano y el crecimiento económico»; sostenía el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres; en el mismo evento en el que, además, las organizaciones se comprometieron a llegar a 3.500 millones de niños y jóvenes con una educación de calidad, incluidas soluciones digitales, para 2030.
Pero la digital no es la única brecha que la covid-19 ha destapado en el mundo educativo. La otra barrera importante y que preocupa a las organizaciones es la de género. La Unesco teme que alrededor de 10 millones de niñas en edad de asistir a la escuela secundaria podrían no volver a la escuela tras la pandemia, lo que supondría un aumento de matrimonios infantiles y explotación laboral, entre otras consecuencias.
La covid-19 es una palanca de empuje para la mortalidad infantil
David del Campo, director de acción humanitaria y cooperación internacional de save the children.
«Las niñas de niveles socioeconómicos más bajos corren mayor riesgo de no volver a estudiar. En estas familias, muchas de las cuales subsistían en la economía informal; los ingresos se han reducido o desaparecido por completo; por lo que no pueden afrontar los costes de la educación o dejan a sus hijas a cargo de la casa y la familia; haciendo las tareas domésticas mientras los demás van a trabajar.
Esto supondría un retroceso de unos 20 años en los avances hacia la igualdad de género», explica Julia López, directora de comunicación e incidencia política de Plan International en España.
La ONG ha lanzado la campaña #GirlsInCrisis con la que planea beneficiar a 20 millones de personas, especialmente niñas y adolescentes, de 52 países y así garantizar el acceso a la educación de forma segura e inclusiva, la protección de la infancia frente a la violencia y la promoción de la inserción laboral de las jóvenes.
A principios de septiembre también se lanzó Reforzar la igualdad; Guía para el regreso de las niñas a la escuela; una iniciativa de Fonds Malala, Plan International, Unesco, Ungei y Unicef; para ayudar a los responsables de los Ministerios de Educación a abordar las dimensiones de género de los cierres de escuelas relacionados con la covid-19.
En ella hay información que enfatiza un enfoque basado en “reforzar la igualdad”; a través de medidas con perspectiva de género que transformen los sistemas educativos; den prioridad a la resiliencia, y aborden los principales obstáculos y limitaciones para la educación de las niñas; según explican los socios del Grupo de Referencia de Género de la Coalición Mundial para la Educación covid-19 de la Unesco.
Inseguridad alimentaria y malnutrición infantil
Ubah, de 33 años, posa con cuatro de sus seis hijos en el campo de refugiados de Puntland, Somalia. SAID M. ISSE SAVE THE CHILDREN
Casi 20 millones de personas más sufren hambre aguda en el mundo, según anunciaba la semana pasada la Red Mundial Contra las Crisis Alimentarias en la Asamblea anual de la ONU. Y los niños y jóvenes están siendo uno de los grupos más afectados. «La covid-19 es una palanca de empuje para la mortalidad infantil», sostiene David del Campo, director de acción humanitaria y cooperación internacional de Save The Children. La organización humanitaria ha advertido de que 67.000 niños y niñas corren el riesgo de morir de hambre en África subsahariana antes de que acabe el año por el grave impacto de la crisis de la covid-19. Estas cifras, que provienen de un nuevo análisis que la ONG ha realizado con datos publicados en The Lancet, revelan que aproximadamente 426 niños y niñas pueden fallecer cada día si no se toman medidas urgentes.
Save The Children recuerda que en el primer trimestre de 2020 diferentes estudios estimaron que la covid-19 aumentaría la pobreza en África subsahariana un 23% y alerta de que los informes más recientes ya señalan que para el 2030 puede haber 433 millones de personas sufriendo desnutrición en el continente. “La vida fue dura para mí y mi familia, pero trabajé duro y sobrevivimos. El coronavirus ha empeorado la situación porque hay poco trabajo y muy espaciado. Solo comíamos una vez al día, por la mañana. He visto a mis hijos irse a dormir con hambre. El peor sentimiento para una madre es ver que no puede alimentar a sus hijos”, explica Ubah, madre de seis hijos en Puntland (Somalia) a Save The Children, que le provee asistencia alimentaria.
Antes de la pandemia, África subsahariana era una de las regiones del mundo con mayor inseguridad alimentaria y se teme que, si continúan las tendencias actuales, sea el hogar de más de la mitad de las personas que padecen hambre crónica del mundo. “Cada día llegan más niños y niñas a nuestras clínicas con síntomas de desnutrición y esto es solo el principio. Si esperamos hasta que las clínicas estén llenas, será demasiado tarde. La crisis alimentaria podría matar a decenas de miles de niños y niñas si no reciben asistencia humanitaria de inmediato”, explica Ian Vale, director regional de Save The Children en África Oriental y Meridional.
Nueve de cada diez niñas en todo el mundo confiesan tener un nivel alto o medio de ansiedad como consecuencia de la pandemia
Otra de las consecuencias que afectan directamente a la infancia y que se ha agudizado por la pandemia es la malnutrición infantil. En Brasil, el tercer país con más contagiados del mundo, el 49% de los brasileños ha informado sobre cambios en los hábitos alimentarios, con un aumento considerable del consumo de comida basura, desde que empezó la pandemia. Entre las familias que viven con niños y adolescentes, el impacto fue aún más grande: un 58% dijo haber cambiado su dieta, según datos de la investigación realizada por Unicef titulada Impactos primarios y secundarios de la COVID-19 en niños, niñas y adolescentes.
«Nos enfrentamos a un preocupante escenario de malnutrición. Por un lado, hemos visto un incremento en el consumo de alimentos no saludables, lo que contribuye significativamente al aumento del sobrepeso y las enfermedades crónicas no transmisibles. Por el otro, vemos el aumento de la inseguridad alimentaria y nutricional que puede llevar a la desnutrición y a las deficiencias de micronutrientes. Esta situación afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables y tiene efectos a largo plazo. Es esencial actuar inmediatamente para invertir este escenario», asegura Cristina Albuquerque, jefa de salud de Unicef en Brasil.
Ansiedad e incertidumbre ante el futuro
El maltrato infantil durante la cuarentena, la depresión, los abusos y el estrés por el encierro, además de la incertidumbre por el futuro, son algunas de las grandes preocupaciones en relación con los más pequeños. Nueve de cada diez niñas en todo el mundo confiesan tener un nivel alto o medio de ansiedad como consecuencia de la pandemia, según el nuevo estudio de la ONG Plan International, Vidas interrumpidas: el impacto de la COVID-19 en las niñas y las jóvenes. Los temores más frecuentes entre las encuestadas, que recoge experiencias de más de 7.000 adolescentes de entre 15 y 19 años de 14 países, son el bienestar de sus familias, que preocupa a un 40%, así como su propia salud, una cuestión que inquieta a un 33%.
La investigación, que se ha llevado a cabo en Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Nicaragua, España, Francia, India, Australia, Vietnam, Zambia, Etiopía, Ghana, Egipto y Mozambique, refleja que existe una correlación entre el grado de ansiedad y su nivel socioeconómico: cuanto más bajo es, mayores son los niveles de estrés de las jóvenes. “Este estudio sirve como una llamada de atención para que los gobiernos incluyan un enfoque de género y edad en sus respuestas a la pandemia. Para las niñas y adolescentes, especialmente para las más vulnerables, esta crisis ha supuesto un aumento de la desigualdad y de los riesgos a los que se enfrentaban”, explica Concha López, directora general de Plan International.
El informe evidencia los desafíos y las preocupaciones que están teniendo las niñas y adolescentes debido a la pandemia en los distintos ámbitos de sus vidas, desde su educación hasta su capacidad para independizarse y socializar (*). Todas ellas, alarmas a tener en cuenta para el futuro de las nuevas generaciones.
De la mano de Unicef estamos ofreciendo en las últimas semanas varios vídeos documentales sobre el tema; La pandemia a través de los ojos de las niñas adolescentes, perder la escuela es perder la vida.
ACN/ElPáis/Belén Hernández
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Internacional
Estados demandan a admnistración Trump para frenar norma que dificulta obtener green card (+ video)
Estados demandan a administración Trump. Nueva York y otros 21 estados están demandando a la administración Trump para bloquear una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional que otorgaría a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para denegar tarjetas de residencia (green cards), visas o la entrada a Estados Unidos, al determinar si los solicitantes podrían llegar a depender de ayudas gubernamentales.
El cambio en la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el viernes, probablemente dificultaría que muchos inmigrantes obtengan la residencia permanente si utilizan —o se considera probable que necesiten— beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.
La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani —quien lidera una coalición de ciudades que presenta una demanda similar—, anunciaron la acción legal durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Manhattan el lunes.
Estados demandan a administración Trump…
Estados demandan a administración Trump. “La norma permitiría a los agentes de inmigración considerar el uso de beneficios fundamentales como Medicaid y SNAP (el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), e incluso la participación en programas de comidas escolares, como parte de la situación del solicitante”, dijo James. “Eso significa que los neoyorquinos inmigrantes podrían verse obligados a plantearse preguntas imposibles: ‘¿Afectará negativamente a mis posibilidades de obtener la residencia permanente el hecho de contratar un seguro médico? ¿Se utilizará en mi contra el haber aceptado ayuda alimentaria en momentos de dificultad?’”.
Los estados, cuya demanda también incluye al Distrito de Columbia, argumentan que perderían miles de millones de dólares en fondos federales si los inmigrantes —particularmente las familias de estatus migratorio mixto— se dan de baja de los programas por temor a consecuencias migratorias.
¿A qué se refiere?
La demanda se refiere a los cambios pendientes en lo que se conoce como la norma de “carga pública” (public charge), una disposición de la ley de inmigración de EE.UU. que permite al gobierno denegar una visa o tarjeta de residencia a alguien que, según determina, probablemente dependerá de la asistencia gubernamental.
Históricamente, los funcionarios de inmigración solo contabilizaban los beneficios en efectivo —como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o el Ingreso de Seguridad Suplementario de la Seguridad Social— en sus evaluaciones. Sin embargo, el cambio pendiente de la administración Trump no especifica qué programas de red de seguridad deben considerarse, lo que significa que también podrían incluirse beneficios no monetarios como Medicaid y vales de vivienda.
“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación”, afirmó James en un comunicado. “Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”.
La norma se centra en personas que ya tienen un estatus legal en EE.UU. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos.
Disuadir a inmigrantes de inscribirse en programas
La ampliación de la norma de carga pública forma parte de los esfuerzos más recientes del Gobierno de Trump para disuadir a los inmigrantes de inscribirse en programas de red de seguridad para los que ellos o sus hijos ciudadanos podrían ser elegibles.
El “gran y hermoso proyecto de ley” del Partido Republicano, que Trump promulgó en julio de 2025, limita la elegibilidad de los inmigrantes legales para Medicaid y los cupones de alimentos. Los refugiados, las personas con asilo concedido y las víctimas de violencia doméstica y trata de personas con fines sexuales ya no reúnen los requisitos para participar en los programas. Solo los titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) y ciertos otros inmigrantes pueden inscribirse.
Por lo general, los niños que son ciudadanos estadounidenses siguen siendo elegibles, aunque es posible que muchos padres decidan no solicitar los beneficios en su nombre para evitar interactuar con el gobierno federal.
Nueva norma es «arbitraria y caprichosa»
La demanda presentada por James en nombre de Nueva York sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está excediendo su autoridad, ya que el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una “carga pública”. El estado, junto con otros demandantes, también argumentará que la nueva norma es “arbitraria y caprichosa”, y que el DHS ignoró las consecuencias perjudiciales del cambio y no lo justificó adecuadamente.
Las demandas de los estados y de los gobiernos locales se presentaron el lunes por la mañana ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambas solicitan al tribunal que declare ilegal la norma y que impida al DHS aplicarla. Hasta primeras horas de la tarde del lunes, ninguna de las demandas tenía un juez asignado ni una audiencia programada.
“La crueldad es el objetivo (del cambio de norma)”, declaró James el lunes. “El objetivo es generar un efecto disuasorio entre los inmigrantes. Es hacer saber a las personas que no son bienvenidas aquí. El objetivo es la hostilidad hacia la inmigración”.
“El hecho de que se vayan a negar beneficios a personas enfermas, hambrientas y sin hogar es algo inaceptable. Y por eso estamos buscando anular esta norma en el estado de Nueva York”, afirmó.
CNN se ha puesto en contacto con el DHS para solicitar comentarios.
ACN/MAS/CNN
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