La cifra de fallecidos por el doblete sísmico asciende a 6.509, de acuerdo con el balance oficial difundido este lunes.
Sucesos
Por torturadores EE.UU sancionó a cuatro jefes de la Dgcim
Cuatro jefes de la Dgcim fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señalados de ser torturadores.
El organismo consideró que los jefes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) incurrieron en «abusos sistemáticos de los derechos humanos y represión de la disidencia». La decisión se basa en el Informe de la ONU sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela. También por el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta.
La OFAC informó a través de su sitio web que los sancionados son:
El general de división Rafael Ramón Blanco Marrero (Blanco) es el Director Adjunto de la DGCIM. Blanco fue promovido al rango de División General el 5 de julio de 2019, solo seis días después de la muerte del Capitán Acosta.
El Coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares (Guerrero) es el Director de Investigaciones de DGCIM, donde supervisa la sede de DGCIM en Boleíta. Guerrero trabaja bajo la supervisión del Director de DGCIM, Iván Rafael Hernández Dala, a quien la OFAC designó de conformidad con la EO 13692, según enmendada, el 15 de febrero de 2019.
El comandante Alexander Enrique Granko Arteaga (Granko) es el jefe de la Unidad de Asuntos Especiales de DGCIM.
El Coronel Rafael Antonio Franco Quintero (Franco) es el ex Director de Investigaciones de la DGCIM, quien anteriormente comandaba la sede de la DGCIM en Boleíta.
Por torturadores los sancionaron
«Los Estados Unidos continuarán responsabilizando a las personas que están involucradas en el uso de la intimidación y la represión. Para atacar y silenciar a los opositores políticos, civiles inocentes y miembros de las fuerzas armadas», dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin. «Estados Unidos utilizará todas sus autoridades para atacar a aquellos que han ayudado al régimen ilegítimo de Maduro. A reprimir la disidencia, la libertad de expresión y la voluntad del pueblo venezolano», dice el escrito.
Todos los bienes e intereses en la propiedad de estos individuos quedan bloqueados.
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Sucesos
Más de 6.500 fallecidos por terremotos de hace dos meses en Venezuela
Este nuevo reporte del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, suma 71 fallecidos a los informados en el registro anterior que fue de 6.438.
Dos sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 devastaron el norte de Venezuela el 24 de junio. La principal afectación fue en el estado costero de La Guaira, donde al menos 190 edificios se desplomaron.
Más de 6.500 fallecidos por terremotos y sin cifra de desaparecidos
El Gobierno interino de Delcy Rodríguez no ha publicado la cifra de desaparecidos tras los sismos. Algunos voluntarios y familiares siguen las labores de búsqueda en La Guaira en medio de los escombros.
En un informe, difundido este lunes, la ONG Provea consideró un error que el gobierno interino designara como Autoridad Única para atender la emergencia por los sismos a un Mayor General de la Guardia Nacional: Juan Ernesto Sulbarán Quintero.
«La práctica internacional promueve la incorporación de personas expertas en ayuda humanitaria y de protección civil para atender estos eventos, consolidando un Sistema de Comando de Incidentes (SCI) o la coordinación multisectorial de un mando unificado, donde la idoneidad técnica y la capacidad operativa determine el liderazgo. Por lo cual, aconsejamos que los organismos castrenses y de seguridad puedan desempeñar labores de custodia, remoción de escombros y control de orden público». Indicó la organización.
Viviendas inhabitables
De acuerdo con el balance, 25.240 viviendas se encuentran inhabitables. La administración de Delcy Rodríguez ha entregado 335 viviendas a los afectados por los terremotos, en medio de su promesa de asignar 4.000 viviendas en este año.
Mientras tanto, son miles los damnificados que permanecen en campamentos temporales e impactados por las fuertes lluvias de los últimos días.
La ONG Provea planteó que «el Banco Central de Venezuela en alianza con la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y el sector bancario privado nacional, puede disminuir el encaje legal bancario y establecer un aumento de la cartera crediticia destinada a vivienda, así como disminución del porcentaje de morosidad que permita que los propietarios privados de inmuebles que se vieron afectados por el doblete sísmico puedan adquirir nuevas viviendas».

ACN/MAS/Agencias
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