Una serie de peticiones que fueron rechazadas, entre ellas la construcción de una piscina, derivaron en la masacre de 29 reclusos en Acarigua.

De acuerdo con versiones de algunas oenegés y de parientes de los presos, el conflicto estalló tras un motín ocurrido el pasado viernes. Los reos se atrincheraron en los calabozos del centro de coordinación de la Policía Municipal José Antonio Páez, ubicada en Campo Lindo estado Portuguesa.

Según los parientes de los presos, los pranes exigían la destitución del director de la comisaría Guillermo López. De igual forma demandaban que les permitieran el ingreso de materiales de construcción para fabricar una piscina. También requerían que aceptaran el ingreso de mujeres, cigarrillos y licores como lo permiten en otras cárceles del país.

Tras ser denegada las peticiones los reclusos optaron por amotinarse. Sacaron sus armas y granadas. Dijeron que los visitantes los convirtieron en rehenes. Además señalaron que en medio del motín los reclusos solicitaron la presencia de la fiscal superior del Ministerio Público, Amarilis Pérez y de la defensora del pueblo regional, Raquel Vera.

Piscina, mujeres y licores

Después de varias horas de negociaciones las autoridades optaron por retomar el control de los galpones. Los mismos  fungen como improvisados calabozos. Al final 30 reclusos fallecieron a tiros y otros 19 resultaron heridos.

Estos últimos los trasladaron al Hospital J.M. Casal Ramos de la ciudad de Araure. Al mismo centro asistencial habrían trasladado a varios funcionarios. Sin embargo, esta información no fue corroborada.

Un día después de la masacre de Acarigua el gobierno nacional no se ha pronunciado. No obstante, en las redes sociales se han divulgado imágenes de los sobrevivientes desnudos sometidos en uno de los galpones. Todos se encuentran tenidos en el piso de la Comandancia General de la Policía en Acarigua donde se registró el más sangriento motín del año 2019.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), responsabilizó por lo que calificó como masacre al Ministerio de Servicios Penitenciarios. Desde hace dos semanas los pranes exigían que se les permitiera construir la piscina así como el ingreso de mujeres, licores y cigarrillos. Alegaban que se sentían excluidos y marginados respecto a otros presos del país.

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