Internacional
En Perú rescatan 40 menores explotadas por fracción del Tren de Aragua
Policía peruana dio un duro golpe a las mafias de tratas de personas, luego de rescatar a 40 menores de edad, en su mayoría venezolanas, explotadas sexualmente por la banda criminal Los Hijos de Dios, facción del Tren de Aragua que operá en Perú.
Según informaron medios locales, el operativo lo realizaron las autoridades en horas de la madrugada del domingo 7 de enero en 14 inmuebles de los distritos limeños de San Martín de Porres, San Miguel y la provincia constitucional del Callao.
Las autoridades informaron que en el procedimiento resultaron detenidos diez cabecillas y rescatadas 40 adolescentes, el 90% de nacionalidad venezolana, a quienes ofrecían mediante catálogos vía grupos de WhatsApp a clientes de discotecas y bares clandestinos.
Rescatan 40 menores explotadas
“Se ha dado un certero golpe a las estructuras criminales involucradas en trata de personas y explotación sexual… Esto ha llevado a la detención de 10 personas, ocho varones y dos mujeres, involucradas en calidad de cabecillas. Lo más indignante es que hay menores de edad, desde los 12 años, que son ofertadas a través de las redes a ciudadanos extranjeros”, declaró el comandante general de la PNP, Jorge Luis Ángulo.
En los 14 locales intervenidos, cuatro de ellos discotecas —Búhos de Farra, D’ Búhos, KD y Cherrys, ubicadas entre las cuadras 21 y 32 de la avenida Perú— se capturó a 10 miembros del clan Los Hijos de Dios.
Así mismo informaron que 9 de los intervenidos son de nacionalidad peruana, José Luis Yaulli Chanamé (30), Shirley Stefanni Palomino Neyra (36), Junior Omar Reyes Bermejo (40), Julio Raúl Molina Achulle (63), Deivid Hernán Alféres Toribio (26), Giovanni Nelson López Quintana (39), Fernando Dionicio Vásquez (40), Moisés Aldave Barzola (53) y Kathy Liliana Cóndor Torres (48), mientras que el décimo responde al nombre de Keiber José Mendoza Adarfio (23) y es natural de Venezuela.
Así operaban
Según las investigaciones policiales, Kathy Cóndor Torres, “Melissa”, captaba a adolescentes en situación de vulnerabilidad, abandonadas o vendidas por sus padres, y las ofrecía sexualmente a clientes extranjeros de las discotecas y bares mencionados.
Para ello, otros miembros de la organización diseñaban afiches publicitarios de fiestas con alcohol, drogas y menores de edad, las famosas “Tusilandia”. Además, otros integrantes armaban catálogos de las menores, con fotos y tarifas, los cuales compartian por WhastApp.
“En los estados de WhastApp decían ‘si entras con 10 o 15 personas te regalamos un besito o algún acto indebido’. Cuando llegaba el cliente, la menor daba lo prometido. En los grupos también hay material pornográfico, de adultos manteniendo relaciones sexuales con menores de edad”, detalló el teniente PNP Miguel Aliaga, de la Comisaría Barboncitos.
Los clientes pagaban por cada menor de edad entre 150 y 250 soles. Al momento de la intervención se incautó S/ 3 mil. Incluso, “Melissa” abonaba mediante Yape a los padres de las menores. Las 40 adolescentes rescatadas , estaban en la discoteca Búhos de Farra, clausurada ayer de forma definitiva por la Municipalidad de San Martín de Porres
Con información de Perú 21
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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