Internacional
Pandemia empuja a la mujer a la casa y fuera del mercado laboral
La pandemia empuja a la mujer a a casa. Para la mujer americana no ha sido suficiente esquivar el virus, sino que también ha tenido que sobreponerse a un terremoto laboral del sector servicios con la caída del turismo, del consumo y la actividad económica en general, mientras hacían malabarismos con el presupuesto doméstico, la vida familiar y la educación de los hijos en confinamiento.
En toda América las mujeres están siendo forzadas en masa a abandonar el mercado laboral por la pandemia del coronavirus y ponerse al mando de las labores del hogar; suspender su independencia económica y exponerse a una inseguridad que puede durar décadas.
En Estados Unidos la gran mayoría de las personas que cayeron en el desempleo en enero fueron mujeres; en México, dos tercios de todos los trabajos destruidos durante la pandemia eran ocupados por féminas; mientras que en Argentina se han revertido los avances en la inclusión laboral femenino.
Pandemia empuja a la mujer a a casa
La llegada de la pandemia en Argentina coincidió prácticamente con el inicio del curso escolar; los más pequeños cambiaron las aulas por espacios virtuales, en un proceso que requirió de gran esfuerzo y dedicación por parte de los progenitores, como ocurrió con Verónica Palmero, quien tuvo que dejar su empleo para atender a sus cuatro hijos, de 9, 8, 5 y 3 años.
Tras un primer mes en el que ella y su marido intentaron compaginar las tareas de cuidado con sus trabajos, en abril decidieron que Verónica dejara la pizzería en la que trabajó durante los últimos seis años; lo que supuso un cambio radical en su día a día y la llevó a una depresión que consiguió superar con el paso del tiempo.
Esta joven de casi 30 años, residente en la provincia de Buenos Aires, tuvo que renunciar también a sus estudios de Farmacia; ya que además de reducirse su tiempo también lo hicieron los ingresos, y debió buscar fuentes alternativas para afrontar los gastos cotidianos.
«Encontrábamos cosas en al calle, las arreglábamos y las revendíamos (…) O hacíamos el cambio de cosas por mercadería, capaz tenía una ropa que no me servía pero que estaba nueva y la cambiaba por 2 paquetes de harina, y comíamos dos días»; explica.
Unos 7.000 kilómetros al norte, en el empobrecido estado de Chiapas, algo muy similar le ha ocurrido a Regina López, de 34 años, quien tuvo que renunciar a su trabajo de empleada del hogar para estar con sus hijos.
«Vi que me necesitaban y decidí estar con ellos para ayudarlos y no dejarlos abandonados mucho tiempo porque salir a trabajar a otra casa implica dejarlos abandonados»; cuenta desde los suburbios de San Cristóbal de las Casas.

Foto: EFE
Ni trabajos ni sueños
La pandemia empuja a la mujer a a casa. Pero esta realidad no es exclusiva de países en desarrollo o con menos potencial económico. En Hollywood (Florida, EE.UU.), Inés Santiesteban, una colombiano-estadounidense; está familiarizada con esa sensación de no encontrar salida a los problemas a los que se ha visto abocada por la pandemia.
«Necesitamos una solución desesperada. En marzo se acaba el subsidio por desempleo y llevo sin encontrar trabajo casi un año», explica Santiesteban, que trabajó durante 18 años como limpiadora en el Hotel Diplomat, frente a las turísticas playas de Florida, hasta que fue despedida sin compensación ni seguro médico con la excusa de que la pandemia hacía la empresa insostenible.
El Diplomat decidió ejecutar su venta a un nuevo dueño justo en el comienzo de la pandemia, el año pasado, despidió a la mayoría de sus empleados, muchos de ellos mujeres como Santiesteban y sin compensación alguna.
«Yo gracias a Dios tengo la ayuda de mi marido para sobrellevar las penas, pero tengo compañeras que lo tienen que hacer todo solas: las clases, la búsqueda de trabajo y llevar comida a casa. A mí me gustaría poder ayudarles; pero lo único que puedo hacer es enseñarles a solicitar ayuda al desempleo, que ahora es más complicado que antes»; explica la madre de familia, que depende de un subsidio insuficiente de 247 dólares a la semana.
«Tenemos que elegir entre la renta o las medicinas. Todos los ahorros que teníamos ya se han agotado. Nunca pensé que me vería en una situación así en este país»;lamenta.
En Chiapas, López tiene que lidiar con las vicisitudes de las trabajadoras del hogar; tradicionalmente sujetas a más informalidad y que han visto su poca seguridad laboral disiparse como pompas de jabón.
«Primero me estaban dando 200 pesos (10 dólares) por trabajar medio día, después la señora con eso de la enfermedad (la pandemia) me dio 150 pesos (7,5 dólares) y después 100 pesos (5 dólares). Ya ahí no lo vi bien porque yo no hacía nada con 100 pesos»; recuerda.

Inés Santiesteban y miembro del sindicato “UNITE HERE» . (Foto: EFE)
Mercado laboral paralelo
El mes pasado el presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, aseguraba que las autoridades se enfrentan a mercados laborales con realidades paralelas; especialmente en el caso de mujeres y minorías.
Las mujeres trabajadoras negras e hispanas han sido las más afectadas en todos los segmentos demográficos de EE.UU; con un desempleo que ronda el 10% (por encima del 6,3% a nivel nacional); mientras que su participación laboral (personas que no trabajan ni buscan empleo) ha caído más de un 2%, mayor que en el caso de los hombres.
El analista económico argentino Christian Buteler ve en estas situaciones «los daños colaterales de la pandemia de los que no se habla mucho»; los considera especialmente graves en las personas que no pudieron incorporarse al método de teletrabajo.
Bajas en México
En México, solo el 41,4% de las mujeres están en el mercado laboral, frente al 45,2 % del año anterior; lo que demuestra, que pese a las diferencias entre países, el empleo femenino sigue generalmente muy enfocado en el sector servicios, el gran perdedor de esta pandemia.
«Al ser madres en su mayoría, jefas de familia que llevan el sostén de la casa, a veces responsables de los padres y no solo de los hijos, es una carga muy fuerte que llevan las mujeres»; cuenta María Isidra Llanos, secretaria general colegiada del sindicato de empleadas del hogar de México.
Muchas que perdieron o dejaron el trabajo tuvieron que vender su material de limpieza para conseguir algo de alimentos; optaron por trabajar para sus vecinos y estar así mas cerca de su hogar, comentan desde la organización.
Como apunta Buteler, se trata de un asunto del que se habla poco; pero de alto impacto y cuyas consecuencias, a largo plazo, pueden ser difíciles de revertir.
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Estados demandan a admnistración Trump para frenar norma que dificulta obtener green card (+ video)
Estados demandan a administración Trump. Nueva York y otros 21 estados están demandando a la administración Trump para bloquear una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional que otorgaría a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para denegar tarjetas de residencia (green cards), visas o la entrada a Estados Unidos, al determinar si los solicitantes podrían llegar a depender de ayudas gubernamentales.
El cambio en la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el viernes, probablemente dificultaría que muchos inmigrantes obtengan la residencia permanente si utilizan —o se considera probable que necesiten— beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.
La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani —quien lidera una coalición de ciudades que presenta una demanda similar—, anunciaron la acción legal durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Manhattan el lunes.
Estados demandan a administración Trump…
Estados demandan a administración Trump. “La norma permitiría a los agentes de inmigración considerar el uso de beneficios fundamentales como Medicaid y SNAP (el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), e incluso la participación en programas de comidas escolares, como parte de la situación del solicitante”, dijo James. “Eso significa que los neoyorquinos inmigrantes podrían verse obligados a plantearse preguntas imposibles: ‘¿Afectará negativamente a mis posibilidades de obtener la residencia permanente el hecho de contratar un seguro médico? ¿Se utilizará en mi contra el haber aceptado ayuda alimentaria en momentos de dificultad?’”.
Los estados, cuya demanda también incluye al Distrito de Columbia, argumentan que perderían miles de millones de dólares en fondos federales si los inmigrantes —particularmente las familias de estatus migratorio mixto— se dan de baja de los programas por temor a consecuencias migratorias.
¿A qué se refiere?
La demanda se refiere a los cambios pendientes en lo que se conoce como la norma de “carga pública” (public charge), una disposición de la ley de inmigración de EE.UU. que permite al gobierno denegar una visa o tarjeta de residencia a alguien que, según determina, probablemente dependerá de la asistencia gubernamental.
Históricamente, los funcionarios de inmigración solo contabilizaban los beneficios en efectivo —como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o el Ingreso de Seguridad Suplementario de la Seguridad Social— en sus evaluaciones. Sin embargo, el cambio pendiente de la administración Trump no especifica qué programas de red de seguridad deben considerarse, lo que significa que también podrían incluirse beneficios no monetarios como Medicaid y vales de vivienda.
“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación”, afirmó James en un comunicado. “Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”.
La norma se centra en personas que ya tienen un estatus legal en EE.UU. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos.
Disuadir a inmigrantes de inscribirse en programas
La ampliación de la norma de carga pública forma parte de los esfuerzos más recientes del Gobierno de Trump para disuadir a los inmigrantes de inscribirse en programas de red de seguridad para los que ellos o sus hijos ciudadanos podrían ser elegibles.
El “gran y hermoso proyecto de ley” del Partido Republicano, que Trump promulgó en julio de 2025, limita la elegibilidad de los inmigrantes legales para Medicaid y los cupones de alimentos. Los refugiados, las personas con asilo concedido y las víctimas de violencia doméstica y trata de personas con fines sexuales ya no reúnen los requisitos para participar en los programas. Solo los titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) y ciertos otros inmigrantes pueden inscribirse.
Por lo general, los niños que son ciudadanos estadounidenses siguen siendo elegibles, aunque es posible que muchos padres decidan no solicitar los beneficios en su nombre para evitar interactuar con el gobierno federal.
Nueva norma es «arbitraria y caprichosa»
La demanda presentada por James en nombre de Nueva York sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está excediendo su autoridad, ya que el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una “carga pública”. El estado, junto con otros demandantes, también argumentará que la nueva norma es “arbitraria y caprichosa”, y que el DHS ignoró las consecuencias perjudiciales del cambio y no lo justificó adecuadamente.
Las demandas de los estados y de los gobiernos locales se presentaron el lunes por la mañana ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambas solicitan al tribunal que declare ilegal la norma y que impida al DHS aplicarla. Hasta primeras horas de la tarde del lunes, ninguna de las demandas tenía un juez asignado ni una audiencia programada.
“La crueldad es el objetivo (del cambio de norma)”, declaró James el lunes. “El objetivo es generar un efecto disuasorio entre los inmigrantes. Es hacer saber a las personas que no son bienvenidas aquí. El objetivo es la hostilidad hacia la inmigración”.
“El hecho de que se vayan a negar beneficios a personas enfermas, hambrientas y sin hogar es algo inaceptable. Y por eso estamos buscando anular esta norma en el estado de Nueva York”, afirmó.
CNN se ha puesto en contacto con el DHS para solicitar comentarios.
ACN/MAS/CNN
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