En Venezuela, subsisten tres sistemas penitenciarios: los calabozos policiales (centros de detención preventiva), los establecimientos penitenciarios y el de los presos políticos, asegura la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones OVP.

El primero tiene espacios reducidos y personal sin capacitación, apto solo para albergar personas por hasta 48 horas.

El segundo enfrenta deterioro en infraestructuras, hacinamiento, condiciones deplorables, pobre alimentación y falta de atención médica y servicios básicos.

El tercero es consecuencia del ensañamiento contra líderes políticos, sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas, militares y manifestantes, por tener una opinión diferente al régimen actual.

Represión poselectoral: la nueva crisis política de Venezuela tras el 28J

En 2024, Venezuela sufrió una agresión constante contra los derechos humanos y un deterioro definitivo del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.

Antes de las Elecciones Presidenciales del 28 de julio, Nicolás Maduro anunció un «baño de sangre» si no resultaba ganador.

Tras los comicios y proclamarse vencedor, respondió a la manifestación pacífica con ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violaciones al debido proceso, persecuciones, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Según Maduro, 2.229 personas fueron detenidas en este contexto.

Diversas organizaciones de derechos humanos calificaron la situación como una nueva crisis política:

• El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que en Venezuela existe «un clima de miedo».
• La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela advirtió que «el riesgo de desintegración del Estado de Derecho es muy alto». La protesta y la respuesta represiva del Estado marcaron un nuevo hito en el deterioro del Estado de Derecho, con los principales poderes sometidos al Ejecutivo, dejando a la ciudadanía en desamparo frente al ejercicio arbitrario de poder.
• 24 expertos de Naciones Unidas solicitaron «poner fin a violaciones de derechos humanos tras las elecciones».
• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría sobre Libertad de Expresión condenaron las prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela.
• El Fiscal de la Corte Penal Internacional expresó que «la complementariedad se está quedando sin camino» y exigió la liberación de todos los detenidos por motivos políticos.

Promesas sin cumplir: Tocorón y Tocuyito

Las cárceles de Tocorón y Tocuyito, reabiertas para albergar disidentes, enfrentan un hacinamiento crítico.

Tras la «Operación de Liberación Gran Cacique Guaicaipuro» en 2023, las promesas de recuperación de las instalaciones y traslados temporales se quedaron en deuda. Esta decisión deshumaniza a la población reclusa.

En ese marco, tres detenidos poselectorales murieron por falta de atención médica: Jesús Manuel Martínez Medina en Anzoátegui, Jesús Rafael Álvarez en el Internado Judicial de Tocuyito, y Osgual Alexander González Pérez en el mismo recinto carcelario.

¿Quién es la autoridad en los calabozos de la DGCIM y el SEBIN?

Desde 2021, según la Gaceta Oficial, Maduro ordenó transferir las funciones de custodia al Ministerio para el Servicio Penitenciario. Sin embargo, la resolución no se ha cumplido y existe un conflicto de competencias en las sedes de la DGCIM y el SEBIN.

Los detenidos y sus familiares enfrentan desprotección y no tienen a quién acudir para presentar quejas.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario es el órgano rector del sistema penitenciario, sujeto al Código Orgánico Penitenciario. Sin embargo, a casi 4 años de emitidas las resoluciones, continúan siendo letra muerta.

Venezuela sigue en crisis carcelaria

Desde la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario en 2011, el problema carcelario no ha sido solucionado. Hacinamiento, corrupción, deterioro de infraestructuras, falta de personal capacitado, tráfico de armas y drogas y ocio continúan en 2025.

La Constitución Nacional, en su artículo 272, describe un sistema penitenciario transformador. Sin embargo, sin experticia, gerencia y disposición en los cargos de autoridad, es difícil avanzar hacia una mejoría.

El sistema penitenciario venezolano está en una crisis de abandono sostenido y hasta que no se reconozcan las fallas y se desarrollen políticas efectivas, los reclusos y sus familiares seguirán siendo víctimas.

Instaron al Ministerio para el Servicio Penitenciario al restablecimiento de los derechos humanos de la población reclusa y exigieron que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público ejerzan su papel garantista de los derechos humanos.

Asimismo, al cumplimiento de la legislación nacional y los estándares internacionales. A saber:

Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (Reglas Nelson Mandela)

Las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para mujeres delincuentes (Reglas Bangkok);

Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores (Reglas Beijing)

Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de la Habana)

Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas Tokio)

El Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión

Los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos

Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas

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