Internacional
Organismos internacionales exigen protección para presos políticos en Venezuela
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) emitieron pronunciamientos exigiendo al Gobierno venezolano garantizar la vida, salud e integridad física de los presos políticos.
Las denuncias, respaldadas por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y familiares de los detenidos, alertan sobre detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, condiciones inhumanas de reclusión y violaciones al debido proceso.
El informe de la CIDH del 11 de abril condenó la incomunicación de al menos 903 presos políticos y exigió su liberación inmediata.
Amnistía Internacional denunció la tortura y desaparición forzada de detenidos, calificando estas prácticas como crímenes de lesa humanidad.
HRW, en su informe “Castigados por buscar un cambio”, documentó asesinatos, detenciones arbitrarias y condiciones carcelarias deplorables tras las elecciones de 2024.
La OMCT respaldó denuncias de familiares de 11 presos políticos, quienes alertaron sobre aislamiento extremo y falta de atención médica.
La organización instó a la comunidad internacional a exigir medidas urgentes para garantizar los derechos de los detenidos.
Los casos expuestos incluyen a Freddy Superlano, Perkins Rocha, Alfredo Díaz, Biagio Pilieri y su hijo Jesús Alfredo Pilieri Vasile, Luis Somoza, Américo de Grazia, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa, Jesús Armas y Josnars Adolfo Baduel Oyoque.
La mayoría se encuentran recluidos en el SEBIN El Helicoide sin contacto con sus familiares desde hace meses y sin acceso a abogados de confianza.
Según el comunicado, desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se ha intensificado la represión con un patrón sistemático de detenciones arbitrarias, muchas de ellas llevadas a cabo por agentes encapuchados o sin identificación, y sin orden judicial.
El Estado venezolano ha reconocido más de 2.300 detenciones en este período, aunque organizaciones defensoras de derechos humanos alertan que el número podría ser mayor.
Con información de nota de prensa
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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