Internacional
Juez ordena liberación de dos venezolanas detenidas en Trinidad y Tobago
Ordenan liberar a dos venezolanas detenidas en Trinidad y Tobago este viernes; quienes se encontraban recluidas en un centro de detención gubernamental desde noviembre.
La jueza del Tribunal Superior, Avason Quinlan-Williams se pronunció así sobre un recurso de hábeas corpus; que es un procedimiento jurídico que permite que cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que éste determine sobre la legalidad del arresto; presentado por los abogados de las dos mujeres, que se encontraban en el centro desde noviembre.
Los abogados solicitaron el auto después de que el Ministro de Seguridad Nacional emitiera órdenes de deportación para las venezolanas en enero; a pesar de que el Gobierno se había comprometido a no hacerlo hasta que sus reclamos constitucionales fueran escuchados y resueltos.
Ordenan liberar a dos venezolanas detenidas en Trinidad
En su decisión, Quinlan-Williams sostuvo que la detención de las mujeres bajo la orden de deportación era ilegal.
«Por lo tanto, como no puede haber deportación, no puede haber detención»; dijo la jueza en su fallo, tras insistir en que la deportación no es posible a menos que haya una orden de un tribunal.
Las mujeres formaban parte del grupo de venezolanos que entró ilegalmente en Trinidad y Tobago el pasado 17 de noviembre.
El grupo fue arrestado y llevado a la comisaría de la localidad de Erin, donde pasaron cinco noches en prisión.
Luego, el 22 de noviembre fueron escoltados fuera de las aguas de Trinidad y Tobago por la Guardia Costera, una vez que las autoridades de ese país afirmaron no tener conocimiento de una solicitud presentada para detener la deportación.
Después de pasar dos días en el mar, el grupo regresó a Trinidad y Tobago el 24 de noviembre; donde fueron nuevamente retenidos en la comisaría de Erin y posteriormente trasladados al helipuerto Chaguaramas, donde una parte ha permanecido hasta ahora.
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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