Internacional
Oposición pide formalmente destitución del presidente de Perú Pedro Castillo
La oposición pide destituir al presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, por «permanente incapacidad moral»; al formalizarlo ante el Congreso.
La moción fue promovida por la tercera vicepresidenta del Congreso, la derechista Patricia Chirinos, y presentada con 28 firmas; dos más del mínimo que exige la ley peruana para que, en primera instancia; se discuta su eventual admisión.
Para que el tema de fondo sea debatido luego se requieren 52 votos a favor; para la eventual destitución del mandatario, 87 votos de los 130 congresistas.
Oposición pide destituir al presidente de Perú
En principio, analistas y medios locales señalan que la moción aún no tiene el apoyo necesario para que sea admitida a debate.
El documento contó con las firmas de congresistas de las agrupaciones derechistas Renovación Popular; Avanza País y Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori; quien en junio pasado perdió frente a Castillo su tercera postulación consecutiva a la presidencia peruana.
Entre los argumentos para considerar la «incapacidad moral» de Castillo está el presunto uso ilegal de fondos para su campaña electoral de este año, que hizo representando al partido marxista Perú Libre; del que luego se ha alejado.
Además, se señala que ha designado «a altos funcionarios vinculados al terrorismo; acusados de apología del terrorismo»; del delito de tráfico de influencias en los ascensos de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de las jefaturas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
Más argumentos de peso
También, un «debilitamiento del sistema democrático» de su país por «fortalecer las relaciones con gobiernos antidemocráticos como Venezuela y avalar la intervención de personajes extranjeros en asuntos internos»; entre los que se menciona al expresidente boliviano Evo Morales.
Los firmantes añaden que durante el gobierno de Castillo, que comenzó el pasado 28 de julio, se ha presentado un «debilitamiento de la libertad de expresión»; además de un «maltrato a medios de comunicación y negativa a rendir cuentas a la sociedad»; así como una «permisibilidad a la violencia contra la mujer».
Régimen de sucesión
Por esos motivos, la moción señala «declárese la permanente incapacidad moral» de Castillo y su vacancia en el cargo para que se «aplique el régimen de sucesión» establecido en la Constitución peruana, que indica que el cargo debe ser asumido por su vicepresidenta, Dina Boluarte.
Sin embargo, políticos como el líder del partido ultraderechista Renovación Popular, Rafael López, adelantaron la semana pasada que la intención es destituir a Castillo y a Boluarte; por lo que el cargo sería asumido por la presidenta del Congreso, la derechista María del Carmen Alva.
Mientras que Alva debería convocar de inmediato a elecciones generales; López afirmó que esa norma debe ser modificada para que solo se llame a elecciones presidenciales y el actual Congreso, que dominan las agrupaciones de derecha, se mantenga.
Posición del Gobierno
Aunque la presentación del pedido de destitución aún no ha sido respondido por el Ejecutivo; la semana pasada la primera ministra, Mirtha Vásquez, afirmó que esto puede representar un atentado «contra la voluntad popular y por ende contra la democracia» de su país y envió un oficio a la presidenta del Congreso para expresarle su preocupación.
La vicepresidenta Boluarte, quien también es ministra de Desarrollo e Inclusión Social; también le pidió al Parlamento «reflexionar para trabajar por un Perú unido» y aseguró que al gobierno no le «han dado un minuto de tregua».
Castillo, por su parte, retó este martes a los congresistas opositores que promueven su destitución a pedir su salida en las calles y en las plazas «y no dentro de cuatro paredes».
El gobernante sostuvo que ha «guardado silencio» y ha sido «respetuoso» de estos planteamientos; pero anticipó que se siente en la obligación de salir a hablar frente a las críticas constantes de la oposición en el Congreso.
Sin embargo, también ha recibido cuestionamientos de una facción de congresistas del partido Perú Libre; que lo critica por haber alejado de su entorno a personajes de esa agrupación y este jueves anunció que evaluará el pedido de destitución, según declaró su portavoz en el legislativo, Waldemar Cerrón.
Su secretario guardaba $20 mil en un baño
El secretario presidencial de Perú, Bruno Pacheco, guardaba 20.000 dólares en efectivo en el baño privado de su oficina en el Palacio de Gobierno de Lima; según el acta del registro efectuado a su despacho por el fiscal que lo investiga por presuntas presiones para conseguir favores.
Pacheco había dimitido el viernes pasado, el mismo día que se efectuó el registro en su oficina; después de que los comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea renunciaran y le señalaran por presionar e interferir en los ascensos de las Fuerzas Armadas para favorecer a personas allegadas al presidente.
Sin embargo, el secretario presidencial continuaba en funciones hasta este martes, ya que aún no se ha hecho oficial la designación de su sustituto.
Según el acta de registro realizado el viernes 19 de noviembre y publicada este martes por medios locales, Pacheco guardaba 20.000 dólares en efectivo entre sus pertenencias que tenía en el baño de su oficina.
Preguntado por el origen de ese dinero, el hombre de confianza de Castillo afirmó que era producto de sus ahorros y de su salario de 25.000 soles (unos 6.200 dólares) brutos mensuales que lleva ganando desde hace poco más de tres meses.
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ACN/MAS/EFE
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Internacional
Estados demandan a admnistración Trump para frenar norma que dificulta obtener green card (+ video)
Estados demandan a administración Trump. Nueva York y otros 21 estados están demandando a la administración Trump para bloquear una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional que otorgaría a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para denegar tarjetas de residencia (green cards), visas o la entrada a Estados Unidos, al determinar si los solicitantes podrían llegar a depender de ayudas gubernamentales.
El cambio en la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el viernes, probablemente dificultaría que muchos inmigrantes obtengan la residencia permanente si utilizan —o se considera probable que necesiten— beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.
La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani —quien lidera una coalición de ciudades que presenta una demanda similar—, anunciaron la acción legal durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Manhattan el lunes.
Estados demandan a administración Trump…
Estados demandan a administración Trump. “La norma permitiría a los agentes de inmigración considerar el uso de beneficios fundamentales como Medicaid y SNAP (el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), e incluso la participación en programas de comidas escolares, como parte de la situación del solicitante”, dijo James. “Eso significa que los neoyorquinos inmigrantes podrían verse obligados a plantearse preguntas imposibles: ‘¿Afectará negativamente a mis posibilidades de obtener la residencia permanente el hecho de contratar un seguro médico? ¿Se utilizará en mi contra el haber aceptado ayuda alimentaria en momentos de dificultad?’”.
Los estados, cuya demanda también incluye al Distrito de Columbia, argumentan que perderían miles de millones de dólares en fondos federales si los inmigrantes —particularmente las familias de estatus migratorio mixto— se dan de baja de los programas por temor a consecuencias migratorias.
¿A qué se refiere?
La demanda se refiere a los cambios pendientes en lo que se conoce como la norma de “carga pública” (public charge), una disposición de la ley de inmigración de EE.UU. que permite al gobierno denegar una visa o tarjeta de residencia a alguien que, según determina, probablemente dependerá de la asistencia gubernamental.
Históricamente, los funcionarios de inmigración solo contabilizaban los beneficios en efectivo —como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o el Ingreso de Seguridad Suplementario de la Seguridad Social— en sus evaluaciones. Sin embargo, el cambio pendiente de la administración Trump no especifica qué programas de red de seguridad deben considerarse, lo que significa que también podrían incluirse beneficios no monetarios como Medicaid y vales de vivienda.
“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación”, afirmó James en un comunicado. “Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”.
La norma se centra en personas que ya tienen un estatus legal en EE.UU. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos.
Disuadir a inmigrantes de inscribirse en programas
La ampliación de la norma de carga pública forma parte de los esfuerzos más recientes del Gobierno de Trump para disuadir a los inmigrantes de inscribirse en programas de red de seguridad para los que ellos o sus hijos ciudadanos podrían ser elegibles.
El “gran y hermoso proyecto de ley” del Partido Republicano, que Trump promulgó en julio de 2025, limita la elegibilidad de los inmigrantes legales para Medicaid y los cupones de alimentos. Los refugiados, las personas con asilo concedido y las víctimas de violencia doméstica y trata de personas con fines sexuales ya no reúnen los requisitos para participar en los programas. Solo los titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) y ciertos otros inmigrantes pueden inscribirse.
Por lo general, los niños que son ciudadanos estadounidenses siguen siendo elegibles, aunque es posible que muchos padres decidan no solicitar los beneficios en su nombre para evitar interactuar con el gobierno federal.
Nueva norma es «arbitraria y caprichosa»
La demanda presentada por James en nombre de Nueva York sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está excediendo su autoridad, ya que el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una “carga pública”. El estado, junto con otros demandantes, también argumentará que la nueva norma es “arbitraria y caprichosa”, y que el DHS ignoró las consecuencias perjudiciales del cambio y no lo justificó adecuadamente.
Las demandas de los estados y de los gobiernos locales se presentaron el lunes por la mañana ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambas solicitan al tribunal que declare ilegal la norma y que impida al DHS aplicarla. Hasta primeras horas de la tarde del lunes, ninguna de las demandas tenía un juez asignado ni una audiencia programada.
“La crueldad es el objetivo (del cambio de norma)”, declaró James el lunes. “El objetivo es generar un efecto disuasorio entre los inmigrantes. Es hacer saber a las personas que no son bienvenidas aquí. El objetivo es la hostilidad hacia la inmigración”.
“El hecho de que se vayan a negar beneficios a personas enfermas, hambrientas y sin hogar es algo inaceptable. Y por eso estamos buscando anular esta norma en el estado de Nueva York”, afirmó.
CNN se ha puesto en contacto con el DHS para solicitar comentarios.
ACN/MAS/CNN
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