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OEA condena acciones del gobierno de Nicaragua contra ONG e iglesias

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OEA Nicaragua - acn
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El consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó este viernes el cierre de una ONG y las restricciones a instituciones religiosas por parte del Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.

La resolución, que fue aprobada con 27 votos a favor, 1 en contra – San Vicente y las Granadinas- y 4 abstenciones, señala al Gobierno de Ortega por limitar de manera “arbitraria” a organizaciones religiosas.

Los Gobiernos de Bolivia, El Salvador, Honduras y México se abstuvieron de votar sobre la resolución.

La delegación de Colombia, país que acaba de cambiar de Gobierno, no estuvo presente en la sesión.

El documento también pide al Ejecutivo nicaragüense liberar los “presos políticos” y garantizar la libertad de expresión en el país.

Las autoridades de Nicaragua han ordenado el cierre de al menos 958 organizaciones de la sociedad civil desde la revuelta popular de abril de 2018, calificada como intento de golpe por el Gobierno.

Ortega decidió retirar a Nicaragua de la OEA a finales de 2021 porque considera que el organismo es intervencionista. El proceso de salida tarda 2 años en ser efectivo.

Tanto el secretario general de la OEA, Luis Almagro, como el consejo permanente han sido críticos con Ortega, a quien han señalado por violaciones a los derechos humanos.

El pasado marzo, el entonces embajador de Nicaragua ante la OEA Arturo McFields se rebeló contra Ortega y denunció públicamente la existencia de presos políticos en su país.

Además, la OEA exigió en mayo a las autoridades nicaragüenses la devolución de las oficinas confiscadas a finales de abril por orden de Ortega. EFE

 

ACN/EFE

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Internacional

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española

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Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra - Agencia Carabobeña de Noticias
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La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.

La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.

La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.

De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra

La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.

El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.

Salpica a Rodríguez Zapatero

El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.

La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.

Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.

ACN/MAS/Agencias

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