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Noé Mujica: TSJ impuso una junta en Colegio de Abogados de Carabobo integrada por personal de confianza del gobernador Lacava

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El presidente del Frente Nacional de Abogados de Venezuela (FNAV), Noé Mujica, denunció que los miembros de la junta impuesta en el Colegio de Abogados de Carabobo, a través de una medida emanada del Tribunal Supremo de Justica, presuntamente son personal de confianza del gobernador Lacava.
La aseveración la hizo Mujica durante una asamblea general de juristas que se realizó en Valencia, en la que reiteraron pública y formalmente el repudio absoluto a la decisión del TSJ de destituir la junta directiva de ese gremio presidida por Carlos Pimentel, violando de manera flagrante todas las leyes procesales, y subvierte la norma constitucional.
“Nosotros rechazamos categóricamente esa denominada junta de abogados impuesta por el TSJ por carecer de toda legitimidad, y que fue tomada en una evidente retaliación en contra de los que fueron electos por voluntad de los agremiados para instalar personas que repoden a los intereses del gobernador Lacava”.
Insistió que el TSJ se inmiscuyó en la vida interna de esa organización al desconocer la directiva designada a través comicios transparentes, violentado con esa decisión el derecho a la participación y el sufragio con el fin de arremeter contra los profesionales del derecho que defiende la correcta administración de justicia y luchan contra la corrupción que se registra en el sistema judicial venezolano.

Noé Mujica alertó que presuntamente el TSJ impuso una junta en Colegio de Abogados de Carabobo integrada por personal de confianza del gobernador Lacava

“Con esa Intervención buscan desarmarnos y despojarnos de libertad y autonomía gremial con la intención de neutralizarnos para que no sigamos ejerciendo funciones que comprometan los intereses del oficialismo, como es denunciar sus acciones y omisiones violadoras del Estado de Derecho”, enfatizó.
Mencionó que toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos de conformidad con la ley, norma que el Estado debe garantizar como está previsto en el artículo 52 de la Constitución, pero considera que ese mandato está en terapia intensiva en Venezuela con las intervenciones de organizaciones de la sociedad civil que el CNE y TSJ auspician, afectando a diferentes gremios entre ellos a los colegios de abogados del país.
Argumentó que este tipo de injerencia le ha valido al Estado una reprimenda por parte de organismos internacionales, que han instado a Venezuela a poner en marcha reformas legales que permitan eliminar figuras como la mora electoral y reducir el intervencionismo del CNE y TSJ en las elecciones sindicatos y gremios.
De igual manera, dijo que los abogados en asamblea general reiteraron pleno respaldo a la junta conformada por Carlos Pimentel, y ratificaron que no acatan la medida del TSJ de imponer una directiva ilegítima e inconstitucionalmente, conformada por supuestos abogados, quienes actualmente funcionan como personal de confianza del gobernador de Carabobo.

Con información de nota de prensa

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