Internacional
Defensores de migrantes piden a Biden no restringir asilo en la frontera
Líderes de organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes en Estados Unidos pidieron este jueves al Gobierno de Joe Biden que evite aplicar políticas que restrinjan las solicitudes de asilo en la frontera con México.
Los activistas rechazaron las alternativas que la Administración está sopesando implementar ante la suspensión judicial del Título 42, una normativa sanitaria que ha permitido hasta ahora expulsar a la mayoría de personas que cruzan la frontera sur.
El portal Axios informó que el Gobierno de Biden está considerando prohibir las solicitudes de asilo a los adultos que crucen de manera irregular la frontera si han pasado previamente por otro país de la región y no solicitaron protección allí.
A su vez, la Administración está contemplando presentar cargos criminales contra quienes atraviesen irregularmente la frontera.
“Negar protección a solicitantes de asilo es ilegal, es mortal y es inaceptable”, dijo el director de la organización Hope Border Initiative, Dylan Corbett, en una llamada con reporteros.
No restringir asilo en la frontera
Estas políticas son similares a medidas tomadas por el Gobierno de Donald Trump (2017-2021) y ampliamente criticadas por organizaciones de derechos humanos y líderes políticos dentro de Estados Unidos, apuntaron los activistas.
En concreto, la criminalización de los cruces irregulares en la frontera llevó a la polémica separación de grupos familiares y las imágenes de menores en centros de detención.
Para solicitar asilo en Estados Unidos es necesario estar presente físicamente en el país, de acuerdo con la ley.
“Reemplazar el Título 42 con esfuerzos para criminalizar aún más y expulsar a personas que buscan seguridad no es en absoluto un avance”, aseguró Mary Miller Flowers, analista de la organización Young Center for Immigrant Children’s Rights, quien también estuvo en la llamada.
El Gobierno anunció el martes pasado que ha puesto en marcha un plan para acabar con el Título 42 en cumplimiento con una orden de un juez federal que le dio plazo hasta el 21 de diciembre para acatar un fallo que le obliga a suspender la normativa.
Cuando suspendan la normativa puesta en pie por Trump se aplicará el Título 8, que permite a los migrantes solicitar asilo en los puertos de entrada y da la potestad al Gobierno para deportar e incluso imponer penalidades a quienes no cumplan con los requisitos y los consideren inadmisibles.
Con información de EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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