Internacional
México espera próxima ola migratoria tras nuevo acuerdo con EE.UU.
En México activistas y albergues esperan una nueva oleada migratoria en la frontera norte tras el acuerdo entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos, que anunció que procesará solicitudes de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que están en territorio mexicano.
Tras las reuniones en México entre altos funcionarios de ambos países, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, emitió un comunicado el viernes pasado que llegó hasta los celulares de los migrantes que están debajo de los puentes internacionales en espera de cruzar la frontera.
“Anunciamos nuestro pleno apoyo a un espacio internacional multipropósito que el gobierno de México planea establecer en el sur de México para ofrecer nuevas opciones de refugio y trabajo a las personas más vulnerables que actualmente se encuentran en México”, expresa comunicado firmado por el gobierno estadounidense.
México espera próxima ola migratoria
En el boletín, Estados Unidos también «se compromete a aceptar referencias de reasentamientos de refugiados de personas calificadas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ya se encuentran en México».
El mensaje dio esperanzas a migrantes como el guatemalteco Ángel Lobos, quien lleva un mes en Ciudad Juárez esperando que le den cita.
“Ya están dando pasos hacia acá otros migrantes, por eso deciden venir a Estados Unidos, estamos batallando, pero creemos que sí va a salir la cita”, indicó a EFE.
Juan Fierro, director del albergue el Buen Samaritano de la Iglesia Metodista de México, expuso a EFE que las medidas están «bien intencionadas», pero van a acelerar la llegada de migrantes.
“Las personas de estos países que ya se encuentran aquí, que se han acumulado, es bueno que los reciban y ya crucen y sigan su proceso de asilo político, pero esto mismo puede ocasionar una ola de personas de esos países con la misma intención de que puedan pasar”, explicó.
La situación refleja el panorama en las fronteras de México tras la expiración el 11 de mayo del Título 42 de Estados Unidos, una medida que expulsaba de manera inmediata a migrantes con el argumento de la pandemia, reemplazada ahora con el Título 8 y mayores restricciones al asilo legal.
Aunque tras el fin de esta política migratoria los encuentros irregulares de migrantes en la frontera de Estados Unidos cayeron 50% entre mayo y junio, hubo un aumento de 36% entre junio y julio de la migración irregular de familias que viajan juntas, reveló la semana pasada la canciller mexicana, Alicia Bárcena.
Fierro ya advierte de un aumento en la llegada de migrantes, pues ya hay 85 personas en el albergue, cuando hace días apenas eran 60, con lo que espera pronto «llegar al tope» de capacidad.
“No sé cómo van a manejar esa situación porque siguen llegando las personas y se nos vuelve un caos en la frontera, ya hemos vivido situaciones similares por políticas migratorias”, agregó.
El venezolano José Amaro, de 26 años, entró a México hace 25 días, y ahora tiene la esperanza de obtener una cita con la aplicación CBP One de Estados Unidos.
“Me he enterado que salió esa noticia hace poco, que están en ese proceso de que los venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos ya tengan la posibilidad de tener un pase a Estados Unidos porque se nos ha hecho bastante difícil”, comentó.
Con la noticia, el migrante dijo que no cruzará por el río Bravo, como lo han hecho en las últimas semanas quienes ya están desesperados viviendo en la calle y sin comida.
Con información de ACN/EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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