Internacional
Más de 40 países piden a Venezuela ante Consejo DD.HH. que ponga fin a ola de represión
Más de 40 países piden a Venezuela fin de la represión. En total 45 naciones, miembros de la ONU exigió este martes 10 de septiembre, que «ponga fin a la ola de represión contra opositores políticos y manifestantes que se está intensificando en todo el país». Y libere de forma incondicional e inmediata a los detenidos arbitrariamente.
Los firmantes de la declaración, que fue leída ante el Consejo de Naciones Unidas por la ministra de Relaciones Exteriores argentina Diana Mondino, también pidieron a las autoridades venezolanas que respeten sin restricciones «las normas internacionales sobre el debido proceso y las condiciones de detención».
Entre los Estados que apoyan la declaración se encuentran naciones latinoamericanas como Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, junto a Estados miembros de la UE como España, Portugal, Italia, Francia o Alemania. Así como Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Japón o Canadá.
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Más de 40 países piden a Venezuela fin de la represión
Mondino señaló ante el Consejo que los países firmantes desean transmitir su profunda preocupación por la crisis estructural de derechos humanos que atraviesa Venezuela. Acentuada este año en el marco del proceso electoral.
En las semanas posteriores a las elecciones del 28 de julio la situación ha empeorado con «detenciones arbitrarias de figuras de la oposición. Periodistas y manifestantes, incluyendo niños, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad», indicó la declaración.
También hubo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad. Pero también por grupos de civiles armados conocidos como «colectivos». Así como otros abusos que incluyen «la persecución judicial iniciada por el Estado venezolano contra el candidato presidencial Edmundo González», exiliado en España.
«Bajo la excusa de la incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista, se persigue, detiene y priva de libertad a personas que buscan ejercer sus derechos políticos y su legítimo derecho a la protesta pacífica». Señaló la declaración.
Ésta también lamentó la decisión de las autoridades venezolanas de suspender la cooperación con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos (lo que tuvo como efecto la expulsión del país de sus trabajadores en Venezuela el pasado mes de febrero) y reclamó que se reanude esta relación.
Igualmente, solicitó que se permita ingresar a Venezuela a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos. Responsable de investigar abusos de derechos humanos en el país y que presentará su más reciente informe al respecto el próximo 19 de septiembre ante el mismo Consejo de la ONU.
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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