Sobre el supuesto magnicidio y sus repercusiones políticas y sociales: Por Luis Fuenmayor Toro.- El martes 14 de agosto de 2018, en su sede en El Bosque, Caracas, el Comité Directivo de la Concertación por el Cambio discutió amplia y profundamente la situación política actual, luego de la ocurrencia del supuesto atentado de la Av. Bolívar. El resultado de la discusión dio origen al documento que transcribo a continuación, clara expresión del consenso unánime de los presentes.

“Condenamos sin ambages el acto terrorista ocurrido durante la conmemoración oficial de un nuevo aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, realizada en la Avenida Bolívar de Caracas, independientemente de quienes fueron sus gestores y de cuáles fueron sus propósitos, cuestiones aún no suficientemente esclarecidas. Reprobamos la forma poco profesional, muy manipulada y publicitaria, con las que se han llevado a cabo las investigaciones policiales y judiciales, condiciones que han gravitado negativamente sobre la credibilidad de las mismas, lo que sigue manteniendo en la penumbra y la confusión lo ocurrido.

Objetamos y censuramos el escenario de violencia que se ha instalado en el país, como producto de una política consensuada entre el Gobierno y ciertos sectores de la oposición, que permitió la instalación de un escenario de polarización política extrema donde el objetivo, por lo menos declarativo, ha sido el exterminio del adversario.

Rechazamos y enfrentamos decididamente las causas políticas y sociales que nos han conducido y nos mantienen en ese escenario de violencia creciente, siendo la más dañina y perversa la violencia política del terrorismo y del atentado. Señalamos al Gobierno como el principal responsable de dicha violencia, desde la que se ejerce en forma implacable y permanente contra la ciudadanía, agredida por la escasez, la hiperinflación, la devaluación, la ausencia de servicios, la inseguridad personal, hasta la que se genera en el enfrentamiento de las lógicas y necesarias protestas de la población en sus luchas reivindicativas (enfermeros, profesores, trabajadores en general, campesinos y otros), así como la que se ha desatado contra la oposición política, que va mucho más allá de ser una simple consecuencia de las acciones de sus grupos radicales, a quienes también condenamos en sus intenciones de hacernos recorrer una senda distinta de la pacífica, constitucional y electoral.

Sólo la realización de una investigación profesional independiente, que respete la Constitución, los DDHH y el debido proceso, puede generar la credibilidad necesaria en la población, y el Gobierno no parece ser el indicado para dirigirla, pues ha pervertido el sumario procesal, al presentar las declaraciones de varios de los detenidos por televisión como si se tratara de un circo o de un espectáculo de naturaleza pública, donde además fue clara la ausencia de abogados y fiscales del MP. Exigimos la creación de una Comisión Plural de Investigación, en la que queremos participar, con el fin de llegar a la verdad de lo sucedido. Si el Presidente solicitó la ayuda del FBI, organismo policial de uno de los países acusado de ser parte de la generación del hecho señalado, seguramente aceptará que sea una comisión integrada por venezolanos, la que se ocupe de coordinar las pesquisas. Sólo así tendrá credibilidad y aceptación nacional e internacional el informe final que se produzca, algo muy conveniente al gobierno, a la oposición señalada como participante del hecho y sobre todo a la nación venezolana.

Por último, rechazamos la violación de la inmunidad parlamentaria de los diputados afectados, independientemente de su presunta participación en el hecho terrorista ocurrido. Condenamos de manera enfática la humillación pública de cualquier ciudadano, situación monstruosa ocurrida en el caso del diputado Requesens y la ilegal presentación pública de sus declaraciones. En la lucha política más beligerante, en la guerra incluso, se debe mantener posiciones éticas y de honor, por lo que es inaudito que el Gobierno haya caído en bajezas como las ocurridas. Y esto tiene que ser así, sin importar si se es o no reo del delito que se investiga y se juzga.”

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