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Política

Oposición denuncia que magistrados del TSJ fueron impuestos

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Magistrados del TSJ fueron impuestos - noticiacn
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Magistrados del TSJ fueron impuestos, según denuncia la oposición liderada por Juan Guaidó, por lo que rechazó este martes 26 de abril, mediante un comunicado, la «imposición» de los 20 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados hoy por la Asamblea Nacional (AN), de mayoría chavista.

«Denunciamos a la opinión pública nacional e internacional la imposición de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por parte de la dictadura de Nicolás Maduro y de su ilegítima Asamblea. Este hecho es la muestra más reciente de la ausencia de democracia en nuestro país»; indicó el grupo opositor en un comunicado publicado en su portal web.

A juicio de los opositores, este acto representa un proceso de «repartición de cuotas»; que «aleja» las posibilidades de encontrar justicia en los casos de víctimas de violaciones de derechos humanos en las últimas décadas.

El grupo opositor consideró, además, que esta designación «busca proteger a los corruptos y a los violadores de derechos humanos, disfrazando este encubrimiento en una supuesta renovación del sistema de justicia del país»; dice el escrito.

Magistrados del TSJ fueron impuestos

«Lo sucedido hace inviable que en Venezuela se pueda aplicar cualquier tipo de ‘principio de complementariedad’ entre las investigaciones nacionales e internacionales en curso, ya que los tribunales no garantizan que se pueda impartir justicia verdadera»; destacó el texto.

Ante los hechos, los opositores exhortaron a la comunidad internacional a desconocer este nombramiento; que, consideran, «profundiza» la crisis institucional en el país caribeño.

«Exhortamos, de igual forma, a los actores nacionales e internacionales a no reconocer ese tribunal como legítimo al ser violatorio de nuestra Constitución, al estar compuesto por actores políticos que son y serán facilitadores de la impunidad y por ir en contra de todas las recomendaciones que las instancias internacionales le han hecho al régimen de (Nicolás) Maduro»; apuntó el escrito.

60% son repitientes

Por su parte, la organización no gubernamental Acceso a la Justicia denunció que el 60% de los migistrados y magistradas del «nuevo Tribunal Supremo de Justicia están repitiendo cargos.

«De los 20 los 20 del total, 12 de los del anterior período repiten (60%), siendo mayoría en las salas Constitucional, Penal, Político Admistrativo y Electoral»; indicó la ONG.

Entre los designados como miembros del Poder Judicial se encuentran varios magistrados del periodo anterior, como el actual presidente de la instancia, Maikel Moreno; además de Lourdes Anderson, Luis Fernando Daminani y Calixto Ortega, que repiten en la Sala Constitucional.

En la Sala Electoral, repiten Fany Márquez e Inocencio Figueroa -que se encontraba antes en la Sala Político Administrativa-; mientras que en la de Casación Penal continúan Elsa Yaneth Gómez y el presidente Moreno, y en la de Casación Social, se mantiene Edgar Gaviria.

También destaca la designación de Gladys Gutiérrez, quien fue presidenta del TSJ entre 2013 y 2017.

Este grupo pasa a formar parte del TSJ, pese a que el artículo 264 de la Constitución de Venezuela establece que «los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos o elegidas por un único período de doce años».

ACN/MAS/Agencias

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Política

Karín Salanova: salvar las escuelas es prioridad nacional

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Karín Salanova escuelas
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A propósito del inicio de clases anunciado en Venezuela, la exdiputada de la Asamblea Nacional 2015, Karín Salanova, advirtió que salvar las escuelas del colapso estructural no es un debate diferible, sino una condición de gobernabilidad y justicia social prioritaria.

Salanova insistió en que se deben canalizar los recursos extraordinarios de la renta petrolera hacia un fondo transparente, dirigido exclusivamente a la restauración de planteles y centros de salud infantil, con inspecciones técnicas independientes que certifiquen la habitabilidad y seguridad física.

Educación como derecho, no como bandera política

La dirigente señaló que garantizar el derecho a la educación implica superar el enfoque cuantitativo de la matriculación y asegurar que los colegios cuenten con agua, electricidad, programas de alimentación sostenible y atención psicosocial, especialmente tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.

«Tiene que instalarse la contraloría social ciudadana, incorporar activamente a las comunidades educativas, comités de protección civil y sociedad civil para la fiscalización y ejecución presupuestaria», subrayó.

Informe crítico de Cecodap

Salanova recordó que organizaciones de protección de la infancia y defensores de derechos humanos han alertado que cualquier proceso de reinstitucionalización o reconstrucción en Venezuela debe priorizar la emergencia escolar.

El informe de Cecodap 2026 diagnosticó que aproximadamente uno de cada tres colegios en el país presenta daños estructurales graves, como filtraciones en losas, techos colapsados y estructuras de riesgo, sumado a la crisis de servicios básicos.

Derechos constitucionales

La exdiputada enfatizó que los derechos de los niños están amparados en la Constitución Nacional, artículos 7 y 8, y deben ser considerados prioridad absoluta.

«Las obligaciones generales del Estado incluyen asignaciones prioritarias de recursos públicos en el presupuesto. Los recursos petroleros no pueden destinarse únicamente a gastos corrientes sin blindar partidas específicas para la protección infantil», concluyó.

Karín Salanova escuelas

 

Con información de nota de prensa

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