Colombia estrena gobierno. El derechista Iván Duque llega al poder empeñado en endurecer la política de paz;  de su antecesor y en asfixiar diplomáticamente;  al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Todo apunta a que Duque comenzará a gobernar sin una tregua política o diplomática a la vista.

Abogado de 42 años y delfín del influyente ex mandatario y senador Álvaro Uribe -investigado por la Corte Suprema-, Duque juró al cargo para el que fue elegido por cuatro años el 17 de junio, tras vencer a la izquierda en segundo turno.

Duque sucederá al impopular Juan Manuel Santos, con quien inició su vida pública pero del que se apartó luego hasta convertirse en duro adversario, siempre de la mano de Uribe.

Aunque contará con mayoría en el Congreso, el ex senador enfrenta un difícil arranque de mandato y a una oposición que prepara protestas de bienvenida este mismo martes.

Cuarta economía de América Latina, Colombia está en una delicada fase de implementación de los compromisos que firmó con las FARC -la poderosa guerrilla convertida en partido-, al tiempo que afronta varios focos de violencia financiada por el narcotráfico.

Los narcocultivos treparon hasta 209.000 hectáreas en 2017, su máximo histórico.

Además del futuro de la paz, “la situación de su mentor, el ex presidente Uribe, y las relaciones con Venezuela son precisamente puntos claves” del inicio de la gestión, señala a AFP Diana Avellaneda, politóloga de la Universidad Javeriana.

Con el regreso del uribismo al poder, Colombia fortalece el bloque de derecha en la región tras los triunfos en Argentina, Chile y Perú, y con la expectativa de que se sume Brasil en los comicios de octubre. Nueve presidentes asistirán a la asunción de Duque.

Paz en cuestión

De entrada, el nuevo mandatario deberá darle forma a su promesa de modificar, “sin hacer trizas”, el pacto que le valió el premio de Nobel de Paz a Santos y que condujo al desarme de unos 7.000 guerrilleros.

Duque y su partido Centro Democrático pretenden impedir que los antiguos jefes rebeldes acusados de delitos atroces sigan ocupando alguno de los diez escaños que les reservó el acuerdo de paz firmado con Santos a finales de 2016.

“Debemos trabajar por una Colombia en paz que proteja a la base guerrillera que se ha desmovilizado”, afirmó el presidente electo, en un intento por apaciguar las críticas entre los defensores de los acuerdos.

El convenio con la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) todavía tiene pendiente por desarrollar su capítulo más sensible: el de la justicia pactada por las partes para las cientos de miles de víctimas que dejó más de medio siglo de conflicto.

Además quedan por incorporar reformas rurales que, en teoría, evitarán nuevos ciclos de violencia. Sin embargo, no es el único tema de paz en remojo.

Con unos 1.500 combatientes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) -el último grupo rebelde reconocido oficialmente en Colombia- quiere retomar con Duque las negociaciones de paz que dejó sin concretar con Santos, pero el mandatario electo anticipó que impondrá nuevas y duras condiciones que nublan el panorama.

Además, “el problema del ELN es esa falta de cohesión interna que impide saber realmente si está interesado en meterse en un proceso de paz serio”, señala Camilo Echandía, analista del conflicto de la Universidad Externado.

Maduro, lío mayúsculo

El menú de retos para Duque lo complementan los líos judiciales de Uribe -quien deberá rendir indagatoria por soborno y fraude procesal, lo que complica su liderazgo en el Senado- y la explosiva situación en Venezuela y su coletazo migratorio.

Bajo la administración de Santos, Bogotá prácticamente congeló todas sus relaciones con Caracas y pasó a liderar la campaña internacional que condena la “dictadura de Maduro” y pide un cambio pacífico de régimen.

Quizá este sea el único punto en que coinciden los gobiernos saliente y electo. Duque quiere llevar un paso más adelante la presión sobre Maduro en busca de “elecciones libres”, a través una estrategia coordinada con otros gobiernos.

“Venezuela es un reto mayor en dos frentes”, señala Sebastián Bitar, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes.

Según el experto, por un lado, el “ELN continúa usando territorio venezolano para proteger a sus miembros” y, del otro, está “la amenaza de inestabilidad en ese país ante una potencial nueva ola de protestas y represión”.

Precisamente, Maduro involucró a Santos en un supuesto plan para asesinarlo mediante drones con explosivos el fin de semana último, una acusación que Bogotá negó con énfasis.

Tras el confuso incidente, el gobernante venezolano prometió perseguir a los responsables con mano de hierro.

“Esto causaría mayor migración hacia Colombia y problemas de seguridad en la frontera mayores a los que ya tenemos”, enfatiza Bitar.

Se calcula oficialmente que unos 820.000 venezolanos han sido regularizados o están en ese proceso en territorio colombiano, tras huir de la crisis económica en su país.

Todo apunta a que Duque comenzará a gobernar sin una tregua política o diplomática a la vista.

ACN/diarios

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