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La sombra de los ausentes en la Cumbre de las Américas (+ vídeo)

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IX Cumbre de las Américas - noticiacn
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Las ausencias de Venezuela y Nicaragua, y las dudas sobre Cuba, han roto el sentido de la IX Cumbre de las Américas; que comienza este lunes en Los Ángeles, donde EE.UU. quiere promover un gran pacto migratorio sin la presencia de tres países fundamentales en este ámbito.

Hasta la fecha, el Gobierno del presidente Joe Biden ha evitado publicar la lista de invitados al evento, que se desarrollará del 6 al 10 de junio, en medio de las advertencias de países como México, ahora  Honduras anuncia que irá pero con su canciller; algunos territorios de la Comunidad del Caribe (Caricom), que podrían boicotear la cumbre por las ausencias.

Washington ha sido tajante con respecto a la no participación de Venezuela y Nicaragua, y se ha mostrado tibio acerca de la de Cuba; pese a que en las últimas semanas ha retomado los contactos con La Habana sobre migración y ha retirado algunas sanciones a Caracas para facilitar el diálogo con la oposición.

IX Cumbre de las Américas, sombra de los ausentes

El experto de Atlantic Council Jason Marczak, que dirige el centro Adrienne Arsht de Latinoamérica de ese laboratorio de ideas; dijo a Efe que para EE.UU. hubiera sido “muy difícil” invitar a los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Nicaragua, Daniel Ortega.

A su juicio, estos dos gobernantes no están interesados en trabajar de manera conjunta con otras naciones para alcanzar un acuerdo migratorio: ya que llevan a cabo acciones que desestabilizan el continente.

Por ello, tiene más sentido para Marczak que Washington impulse un pacto con los países de acogida de migrantes; con el fin de coordinar sus políticas sobre esta materia.

“Los migrantes y refugiados salen de Nicaragua, de Venezuela, no por razones de la política migratoria de Maduro o de Ortega, sino por la represión jurídica, la economía y la represión política”; indicó el analista, para quien ni Maduro ni Ortegan van a modificar las acciones que hacen que los ciudadanos abandonen sus países.

Mientras, a falta de que se confirme la asistencia o no a la cumbre de una delegación cubana; el experto estadounidense remarcó que para algunos países de la región ha sido “una prioridad” impulsar la participación de “algún nivel del Gobierno de Cuba”.

Autodescarte cubano

Ante la falta de claridad por parte de Washington, el Gobierno cubano parece haberse autodescartado; el propio presidente insular, Miguel Díaz-Canel, aseguró la semana pasada que “en ningún caso” participaría en la cumbre.

La posibilidad de que una delegación gubernamental de segundo nivel o una representación de la sociedad civil de Cuba acuda a Los Ángeles se ha ido desvaneciendo por su parte conforme se acerca la fecha.

El portazo final cubano vino con la celebración reciente en La Habana de una cumbre de líderes de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA): que escenificó el respaldo cerrado de este foro a Cuba, Venezuela y Nicaragua, sus principales integrantes, que sacaron pecho ante la exclusión.

Para la académica mexicana María Cristina Rosas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Administración de Biden se ha puesto en un predicamento sin importar la decisión final que tome.

“Biden está quedando mal con Dios y con el diablo: queda mal con los republicanos, queda mal con una parte de la comunidad cubana en EE.UU. y, por otro lado, le da muchas armas a Cuba para que siga echándole la culpa de los males que le aquejan”: señaló en entrevista con Efe.

Error estadounidense por «terminos medios»

En esta misma línea abundó el exdiplomático cubano Carlos Alzugaray, quien señaló como un error la posición de Washington. «Con Cuba no hay términos medios. (Barack) Obama se dio perfecta cuenta. (Bill) Clinton pagó caro el haber tratado de nadar entre dos aguas»; argumentó en declaraciones a Efe.

En su opinión, EE.UU. está reincidiendo con el veto en “políticas fracasadas”; desviando la atención de los problemas importantes de la región: «Eso no le conviene a nadie», aseguró. Rosas resaltó en este punto el “poder” del lobby cubanoamericano, al que considera como el “mejor” entre las comunidades hispanas en EE.UU. a la hora de influir en la política exterior del país.

Alzugaray opinó que Cuba está viéndose perjudicada por no poder participar en el foro hemisférico; pero a la vez se beneficia políticamente de la exclusión, por los apoyos regionales que ha recabado -especialmente México-, y la demostración de la «ineficiencia» de Washington.

Apuntó además que la migración cubana a EE.UU. -cuyas cifras están aumentando de forma notable en los últimos meses- es una cuestión que se puede hablar en un foro regional; pero que se debe abordar de forma bilateral.

IX Cumbre de las Américas - noticiacn

Venezuela y Nicaragua sin opción a decidir

IX Cumbre de las Américas, sombra de los ausentes. El autodescarte que parece haber elegido Cuba no fue opción para Venezuela y Nicaragua; ya que la Casa Blanca tomó la decisión rotunda e irrevocable de no incluirlos en la lista de países invitados.

De los tres, Ortega fue el que mostró mayor desinterés en participar en la cumbre y restó importancia al evento continental que -considera- «no enaltece a nadie».

«Tenemos que hacernos respetar, no le podemos estar pidiendo al yanqui, rogándole que queremos ir a su cumbre. A nosotros no nos estimula su cumbre»; argumentó Ortega el pasado 18 de mayo durante un acto gubernamental en Managua.

Sin embargo, Maduro está convencido de que sus voces serán escuchadas en Los Ángeles, «diga lo que diga» el anfitrión, al que menosprecia, al desautorizar su voluntad y asegurar que los marginados también estarán allí.

«Hagan lo que hagan en Washington, la voz de Venezuela, la voz de Cuba y la voz de Nicaragua llegarán a Los Ángeles en las grandes protestas del pueblo y nuestra voz estará en esa sala (…) allí estaremos con nuestra verdad»; dijo el mandatario el pasado 24 de mayo en Caracas.

Fernández hablará por Maduro

El sábado dijo que el presidente de Argentina, Alberto Fernández será la voz de Venezuela en la IX Cumbre de las Américas, mandatario sureño que llego a afirmar que de no ser invitados los países en cuestión no asistiría, algo que al final no se dará.

Según explicó a Efe el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, lo más probable es que las palabras de Maduro escondan el plan de organizar protestas en Los Ángeles; en paralelo a la cumbre, como hicieron en ocasiones anteriores tanto Venezuela como Nicaragua.

«Lo que van a intentar hacer es lo que han hecho en otras oportunidades, que es financiar algunos grupos para que protesten en el lugar donde se celebra la cumbre. Lo han hecho otras veces y bajo otras circunstancias. Han financiado grupos que se unen a una protesta»; señaló Alarcón.

Pero ni la ausencia de estos países ni las manifestaciones que se puedan organizar en torno a la cumbre van a opacar; en su opinión, el plan de impulsar un pacto migratorio, como contempla la agenda oficial, sino todo lo contrario.

Para Alarcón, deben ser los países de acogida de los migrantes procedentes de las tres naciones excluidas, con EE.UU. a la cabeza, los que deben abordar cualquier cuestión que tenga que ver con el acuerdo; por lo que no afectará que los emisores estén ausentes.

«Quienes tienen que ponerse de acuerdo para ese pacto son los países receptores, para ver a cuántos reciben cada uno y cómo pueden ayudar, y qué capacidad tiene cada país para recibir y otras cuestiones de interés en este asunto»; aseguró el experto venezolano.

ACN/MAS/Agencias

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Internacional

Estados demandan a admnistración Trump para frenar norma que dificulta obtener green card (+ video)

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Estados demandan a Trump - Agencia Carabobeña de Noticias
Zohran Mamdani. alcalde Nueva York
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Estados demandan a administración Trump. Nueva York y otros 21 estados están demandando a la administración Trump para bloquear una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional que otorgaría a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para denegar tarjetas de residencia (green cards), visas o la entrada a Estados Unidos, al determinar si los solicitantes podrían llegar a depender de ayudas gubernamentales.

El cambio en la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el viernes, probablemente dificultaría que muchos inmigrantes obtengan la residencia permanente si utilizan —o se considera probable que necesiten— beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani —quien lidera una coalición de ciudades que presenta una demanda similar—, anunciaron la acción legal durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Manhattan el lunes.

Estados demandan a administración Trump…

Estados demandan a administración Trump. “La norma permitiría a los agentes de inmigración considerar el uso de beneficios fundamentales como Medicaid y SNAP (el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), e incluso la participación en programas de comidas escolares, como parte de la situación del solicitante”, dijo James. “Eso significa que los neoyorquinos inmigrantes podrían verse obligados a plantearse preguntas imposibles: ‘¿Afectará negativamente a mis posibilidades de obtener la residencia permanente el hecho de contratar un seguro médico? ¿Se utilizará en mi contra el haber aceptado ayuda alimentaria en momentos de dificultad?’”.

Los estados, cuya demanda también incluye al Distrito de Columbia, argumentan que perderían miles de millones de dólares en fondos federales si los inmigrantes —particularmente las familias de estatus migratorio mixto— se dan de baja de los programas por temor a consecuencias migratorias.

¿A qué se refiere?

La demanda se refiere a los cambios pendientes en lo que se conoce como la norma de “carga pública” (public charge), una disposición de la ley de inmigración de EE.UU. que permite al gobierno denegar una visa o tarjeta de residencia a alguien que, según determina, probablemente dependerá de la asistencia gubernamental.

Históricamente, los funcionarios de inmigración solo contabilizaban los beneficios en efectivo —como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o el Ingreso de Seguridad Suplementario de la Seguridad Social— en sus evaluaciones. Sin embargo, el cambio pendiente de la administración Trump no especifica qué programas de red de seguridad deben considerarse, lo que significa que también podrían incluirse beneficios no monetarios como Medicaid y vales de vivienda.

“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación”, afirmó James en un comunicado. “Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”.

La norma se centra en personas que ya tienen un estatus legal en EE.UU. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos.

Disuadir a inmigrantes de inscribirse en programas

La ampliación de la norma de carga pública forma parte de los esfuerzos más recientes del Gobierno de Trump para disuadir a los inmigrantes de inscribirse en programas de red de seguridad para los que ellos o sus hijos ciudadanos podrían ser elegibles.

El “gran y hermoso proyecto de ley” del Partido Republicano, que Trump promulgó en julio de 2025, limita la elegibilidad de los inmigrantes legales para Medicaid y los cupones de alimentos. Los refugiados, las personas con asilo concedido y las víctimas de violencia doméstica y trata de personas con fines sexuales ya no reúnen los requisitos para participar en los programas. Solo los titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) y ciertos otros inmigrantes pueden inscribirse.

Por lo general, los niños que son ciudadanos estadounidenses siguen siendo elegibles, aunque es posible que muchos padres decidan no solicitar los beneficios en su nombre para evitar interactuar con el gobierno federal.

Nueva norma es «arbitraria y caprichosa»

La demanda presentada por James en nombre de Nueva York sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está excediendo su autoridad, ya que el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una “carga pública”. El estado, junto con otros demandantes, también argumentará que la nueva norma es “arbitraria y caprichosa”, y que el DHS ignoró las consecuencias perjudiciales del cambio y no lo justificó adecuadamente.

Las demandas de los estados y de los gobiernos locales se presentaron el lunes por la mañana ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambas solicitan al tribunal que declare ilegal la norma y que impida al DHS aplicarla. Hasta primeras horas de la tarde del lunes, ninguna de las demandas tenía un juez asignado ni una audiencia programada.

“La crueldad es el objetivo (del cambio de norma)”, declaró James el lunes. “El objetivo es generar un efecto disuasorio entre los inmigrantes. Es hacer saber a las personas que no son bienvenidas aquí. El objetivo es la hostilidad hacia la inmigración”.

“El hecho de que se vayan a negar beneficios a personas enfermas, hambrientas y sin hogar es algo inaceptable. Y por eso estamos buscando anular esta norma en el estado de Nueva York”, afirmó.

CNN se ha puesto en contacto con el DHS para solicitar comentarios.

ACN/MAS/CNN

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