Internacional
Justicia europea desestima el recurso de Venezuela contra las sanciones de la UE
Justicia europea desestima el recurso de Venezuela contra sanciones de UE. El Tribunal General de la Unión Europea desestimó recurso de Venezuela contra las sanciones que le impuso la UE en 2017 por considerar que en el contexto de la crisis política que vive el país, las autoridades violan los derechos humanos y se menoscaba la democracia.
En su sentencia dictada este miércoles 13 de septiembre, la corte con sede en Luxemburgo rechazó todas las alegaciones que hizo Venezuela, la primera de ellas, que el país tiene derecho a que el Consejo de la UE escuche sus argumentos antes de imponer las sanciones.
Para el tribunal, ello equivaldría a que el Consejo mantuviese negociaciones internacionales con Venezuela, con lo que se perdería el objetivo que persiguen las sanciones, ejercer presión sobre el país latinoamericano «con el fin de provocar un cambio en su comportamiento».
En concreto, las sanciones consisten en la prohibición de exportar a Venezuela equipos que se puedan utilizar para la represión interna y servicios relacionados con equipos militares.
Justicia europea desestima el recurso de Venezuela
Al no tratarse de sanciones individuales, sino de tipo general, Venezuela tampoco tenía el derecho a que el Consejo escuchase previamente sus argumentos, según la sentencia.
El TGUE señaló también que el Consejo de la UE motivó «ampliamente» la adopción de las sanciones y que, en el momento en que se aprobaron, «pudo considerar que (…) los actos de violencia y el uso excesivo de la fuerza, así como las violaciones de los derechos humanos y el menoscabo de la democracia en Venezuela, estaban suficientemente acreditados y que existía el riesgo de que esos incidentes se reprodujeran en el futuro».
No a lugar…
Además, la sentencia rechazó que el Consejo de la UE necesitase el consentimiento previo de la ONU para adoptar las sanciones y añadió que Venezuela no ha demostrado la existencia «de una práctica generalmente aceptada como derecho» que exija tal autorización.
También desestimó los argumentos de Venezuela de que las medidas restrictivas incumplen los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que se tratan de medidas extraterritoriales, pues según el TGUE, «las medidas restrictivas en cuestión se refieren a personas y situaciones sometidas a la jurisdicción de los Estados miembros».
Se trata de la segunda vez que el TGUE se pronuncia sobre este recurso. En 2019 desestimó por primera vez el caso, pero Venezuela recurrió el fallo ante la instancia superior, el Tribunal de Justicia de la UE y éste le devolvió el dossier, pidiéndole que volviera a pronunciarse sobre el fondo del asunto.
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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