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Justicia argentina aprueba incautación del avión venezolana tras pedido de EEUU

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Fotos: La Nación de Argentina.
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Tras pedido de Estados Unidos, la justicia argentina aprobó incautación del avión venezolana; en medio del aumento de la tensión diplomática entre la Argentina y Venezuela por la aeronave sospechosa con tripulantes iraníes y venezolanos retenido desde el 6 de junio en Ezeiza.

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó la tarde del jueves 11 de agosto la incautación de la aeronave; que había requerido la Justicia de Estados Unidos por supuestas actividades preparatorias del terrorismo.

Villena decidió así que la avión quede a disposición de su Juzgado y del juez federal con asiento en Washington, DC, Michael Harvey; tomó la decisión horas después de que la fiscal Cecilia Incardona apoyara la solicitud estadounidense por lo que el Boeing 747 de la aerolínea Emtrasur permanecerá varado en Ezeiza; a pesar de los airados reclamos del gobierno de Nicolás Maduro.

La decisión del juez Villena tuvo consecuencias inmediatas. Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se presentaron la tarde del jueves en el aeropuerto e ingresaron a la aeronave para, a continuación; redactar el inventario que exigió el juez federal con asiento en Washington DC, G. Michael Harvey, al disponer la incautación.

Justicia argentina aprobó incautación del avión venezolana

Justicia argentina aprobó incautación del avión venezolana. El juez además autorizó al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos a coordinar y gestionar los requisitos para la custodia de la aeronave y las tareas de mantenimiento; incluido el pago de los gastos que insuman esos servicios.

Villena permitió además realizar una inspección mecánica del avión; del hangar y el alquiler del lugar donde permanecerá la aeronave; en su resolución, Villena precisó que la requisitoria de la Justicia estadounidense llegó a sus manos a través del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; quien no hizo uso de la facultad que le otorga la legislación local para limitar los alcances de la asistencia solicitada por Estados Unidos.

La decisión del juez Villena llegó después de que Venezuela hiciera públicos reclamos de alto voltaje político contra la Argentina por haber “secuestrado” el avión y a sus tripulantes; según dijo el presidente Maduro.

Legisladores venezolanos dijeron, incluso, que Alberto Fernández era un “títere del imperio”; por retener la aeronave y descalificaron al juez Villena y a la fiscal Incardona.

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Cecilia Incardona.

Tildan a Alberto Fernández de «jala…»

El embajador argentino en Venezuela Oscar Laborde se reunió con Pedro Carreño, el diputado de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana que calificó a Fernández de “pelele, títere y jalabolas”;  por retener al avión de Emtrasur con tripulación iraní.

En tanto la Asociación de Magistrados, la DAIA y la Asociación de Fiscales salieron a respaldar la actuación de la fiscal y a repudiar las declaraciones que, entendieron, buscan presionarla; la Procuración General de la Nación envió además un oficio a la Cancillería en el que expresa “preocupación institucional”: el comunicado está firmado por Juan Manuel Olima, secretario de Coordinación.

EEUU ordenó la incautación provisoria

La Justicia de Estados Unidos ordenó la incautación provisoria del Boeing 747 que permanece varado en la Argentina; tras recibir evidencias de que los venezolanos le compraron el avión a los iraníes en violación de las leyes norteamericanas y mediante una triangulación solapada en los Emiratos Árabes; según surge de los documentos que presentó el FBI ante la Corte federal en Washington, y a los que accedió LA NACION.

La decisión la adoptó el juez Harvey tras analizar la solicitud que le presentó el agente especial del FBI Adam Mastrianni, el 19 de julio pasado; autorizó a efectivizar la incautación temporaria -y hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión- del Boeing 747 de la empresa venezolana Emtrasur “a cualquier hora del día o de la noche”; atento a la gravedad de lo requerido y el peligro en la demora.

Este pedido de colaboración de Estados Unidos llegó desde el Departamento de Justicia norteamericano al Ministerio de Justicia argentino; que lo envió al juez Villena para que lo tramite.

Expediente aparte

Villena decidió tramitarlo como un expediente aparte de la causa principal en la que se investiga a los 19 tripulantes; al ser un incidente aparte, Venezuela no es parte en ese trámite (la empresa estatal venezolana Conviasa es parte en la causa principal) por lo que no podrá apelar la decisión del juez Villena.

Antes de tomar una decisión en ese incidente, el juez le pidió opinión a la fiscal Incardona, quien concluyó que la petición de los Estados Unidos es formalmente procedente; que reúne los requisitos que prevé el tratado de colaboración mutua con los Estados Unidos (ley 24034) y que el magistrado es competente para tramitar este pedido.

Justicia argentina aprobó incautación del avión - noticiacn

Federico Villena.

Juez es competente a detención

En el dictamen de la fiscalía se señala que el avión está retenido en jurisdicción del juez, que es competente y es quien investiga además a la tripulación; el tratado de colaboración mutua con Estados Unidos no requiere que en una incautación haya una doble subsunción; es decir no exige que los delitos cometidos en Estados Unidos por los que se pide la incautación estén contemplados en la ley argentina.

De hecho, Estados Unidos entiende que el avión debe ser incautado porque se violó una resolución de comercio que impone la autorización previa de su gobierno para vender determinados activos -entre ellos, aviones y sus repuestos-; como también le otorga la facultad de prohibirle la venta -o incluso la reventa a terceros- de esos mismos activos.

En detrimento de política de exterior…

En particular cuando esas operaciones “podrían reportar una contribución significativa al potencial militar de otros países o podrían ir en detrimento de la política exterior o la seguridad nacional de Estados Unidos”;  indicó.

Así fue como la aerolínea iraní Mahan Air -exdueña del avión- no se encontraba habilitada para vender ese Boeing a terceros por encontrarse sancionada desde 2008; como tampoco Emtrasur requirió la autorización del gobierno de Estados Unidos para volar con esa aeronave y trasladar mercaderías desde y hacia Rusia e Irán; entre otros países.

Nada de eso es delito en la Argentina, donde se investiga si hay relación entre el avión y la tripulación con actividades terroristas de Hezbollah; aún no hay evidencia y por eso el avión está retenido y los tripulantes con sus pasaportes en poder de la Justicia y se les prohíbe salir del país. No están presos.

Justicia argentina aprobó incautación del avión - noticiacn

Fuerzas de seguridad y los demorados durante la lectura del acta en el hotel de Canning,

ACN/MAS/La Nación de Argentina

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Internacional

Estados demandan a admnistración Trump para frenar norma que dificulta obtener green card (+ video)

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Estados demandan a Trump - Agencia Carabobeña de Noticias
Zohran Mamdani. alcalde Nueva York
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Estados demandan a administración Trump. Nueva York y otros 21 estados están demandando a la administración Trump para bloquear una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional que otorgaría a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para denegar tarjetas de residencia (green cards), visas o la entrada a Estados Unidos, al determinar si los solicitantes podrían llegar a depender de ayudas gubernamentales.

El cambio en la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el viernes, probablemente dificultaría que muchos inmigrantes obtengan la residencia permanente si utilizan —o se considera probable que necesiten— beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani —quien lidera una coalición de ciudades que presenta una demanda similar—, anunciaron la acción legal durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Manhattan el lunes.

Estados demandan a administración Trump…

Estados demandan a administración Trump. “La norma permitiría a los agentes de inmigración considerar el uso de beneficios fundamentales como Medicaid y SNAP (el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), e incluso la participación en programas de comidas escolares, como parte de la situación del solicitante”, dijo James. “Eso significa que los neoyorquinos inmigrantes podrían verse obligados a plantearse preguntas imposibles: ‘¿Afectará negativamente a mis posibilidades de obtener la residencia permanente el hecho de contratar un seguro médico? ¿Se utilizará en mi contra el haber aceptado ayuda alimentaria en momentos de dificultad?’”.

Los estados, cuya demanda también incluye al Distrito de Columbia, argumentan que perderían miles de millones de dólares en fondos federales si los inmigrantes —particularmente las familias de estatus migratorio mixto— se dan de baja de los programas por temor a consecuencias migratorias.

¿A qué se refiere?

La demanda se refiere a los cambios pendientes en lo que se conoce como la norma de “carga pública” (public charge), una disposición de la ley de inmigración de EE.UU. que permite al gobierno denegar una visa o tarjeta de residencia a alguien que, según determina, probablemente dependerá de la asistencia gubernamental.

Históricamente, los funcionarios de inmigración solo contabilizaban los beneficios en efectivo —como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o el Ingreso de Seguridad Suplementario de la Seguridad Social— en sus evaluaciones. Sin embargo, el cambio pendiente de la administración Trump no especifica qué programas de red de seguridad deben considerarse, lo que significa que también podrían incluirse beneficios no monetarios como Medicaid y vales de vivienda.

“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación”, afirmó James en un comunicado. “Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”.

La norma se centra en personas que ya tienen un estatus legal en EE.UU. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos.

Disuadir a inmigrantes de inscribirse en programas

La ampliación de la norma de carga pública forma parte de los esfuerzos más recientes del Gobierno de Trump para disuadir a los inmigrantes de inscribirse en programas de red de seguridad para los que ellos o sus hijos ciudadanos podrían ser elegibles.

El “gran y hermoso proyecto de ley” del Partido Republicano, que Trump promulgó en julio de 2025, limita la elegibilidad de los inmigrantes legales para Medicaid y los cupones de alimentos. Los refugiados, las personas con asilo concedido y las víctimas de violencia doméstica y trata de personas con fines sexuales ya no reúnen los requisitos para participar en los programas. Solo los titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) y ciertos otros inmigrantes pueden inscribirse.

Por lo general, los niños que son ciudadanos estadounidenses siguen siendo elegibles, aunque es posible que muchos padres decidan no solicitar los beneficios en su nombre para evitar interactuar con el gobierno federal.

Nueva norma es «arbitraria y caprichosa»

La demanda presentada por James en nombre de Nueva York sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está excediendo su autoridad, ya que el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una “carga pública”. El estado, junto con otros demandantes, también argumentará que la nueva norma es “arbitraria y caprichosa”, y que el DHS ignoró las consecuencias perjudiciales del cambio y no lo justificó adecuadamente.

Las demandas de los estados y de los gobiernos locales se presentaron el lunes por la mañana ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambas solicitan al tribunal que declare ilegal la norma y que impida al DHS aplicarla. Hasta primeras horas de la tarde del lunes, ninguna de las demandas tenía un juez asignado ni una audiencia programada.

“La crueldad es el objetivo (del cambio de norma)”, declaró James el lunes. “El objetivo es generar un efecto disuasorio entre los inmigrantes. Es hacer saber a las personas que no son bienvenidas aquí. El objetivo es la hostilidad hacia la inmigración”.

“El hecho de que se vayan a negar beneficios a personas enfermas, hambrientas y sin hogar es algo inaceptable. Y por eso estamos buscando anular esta norma en el estado de Nueva York”, afirmó.

CNN se ha puesto en contacto con el DHS para solicitar comentarios.

ACN/MAS/CNN

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