Una jueza bloqueó deportaciones aceleradas de migrantes que ingresaron legalmente al país mediante programas de parole humanitario, en una decisión que representa un revés para la administración del presidente Donald Trump y una victoria significativa para los defensores de los derechos migratorios.

La jueza federal Jia Cobb, designada por el expresidente Joe Biden, emitió la decisión y concluyó que la nueva política del Gobierno probablemente viola las leyes de inmigración vigentes y resulta “arbitraria y caprichosa” según el derecho administrativo.

“En un mundo de malas opciones, actuaron conforme a las reglas”, escribió Cobb en su fallo. “Ahora, el Gobierno no solo ha cerrado esas vías para los recién llegados, sino que también ha cambiado las reglas para las personas con parole que ya se encuentran aquí”.

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Jueza bloqueó deportaciones aceleradas

La orden judicial suspende la aplicación de tres directivas emitidas durante el actual mandato presidencial: un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de enero, una directiva del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en febrero y la cancelación de los programas de parole humanitario en marzo para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

El eje del caso es la política del Gobierno de aplicar expulsiones aceleradas a personas que ingresaron legalmente con parole humanitario. La jueza Cobb resaltó que la demanda plantea una cuestión central sobre el debido proceso.

“La pregunta subyacente de este caso… es si las personas con parole que escaparon de la opresión tendrán la oportunidad de defender su caso dentro de un sistema de reglas”, escribió. “O, alternativamente, ¿serán deportadas sumariamente de un país que… podría parecerse cada vez más a los países de los que intentaron escapar?”

Grupos defensores como CHIRLA, CASA y UndocuBlack, que encabezan la demanda, argumentan que el Departamento de Seguridad Nacional está violando la Ley de Inmigración y Nacionalidad al tratar a personas con parole como si hubieran ingresado ilegalmente. Además, denuncian que se están realizando detenciones sin acceso a abogados y sin respetar garantías mínimas de debido proceso.

“Estamos profundamente comprometidos con la protección de nuestras comunidades de los perjuicios de la deportación acelerada”, declaró Hillary Li, abogada de los demandantes. “Estamos agradecidos de que el tribunal haya reconocido que esta práctica es ilegal”.

Un precedente legal en la era Trump

El caso es considerado uno de los primeros grandes desafíos judiciales a la política migratoria bajo el segundo mandato de Donald Trump, y llega tras la reciente decisión de la Corte Suprema en Trump v. CASA, que limitó el alcance nacional de los mandatos judiciales.

Bajo las nuevas directrices del Gobierno, los agentes del ICE han estado deteniendo a personas con parole fuera de tribunales y en puestos de control, incluso si contaban con documentos válidos, empleos o trámites pendientes. Los abogados advirtieron que la política ponía en riesgo a más de dos millones de personas, muchas de ellas huyendo de situaciones de violencia o persecución.

La suspensión permanecerá en vigor mientras el caso continúa su curso en los tribunales. Mientras tanto, el fallo marca un respiro legal para miles de migrantes y reabre el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria.

ACN/MAS/Agencias

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