Italia incautó una mansión a Maikel Moreno, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de que la Guardia de Finanza de ese país iniciara una investigación por presunto caso de blanqueo de capitales en la compra de esa propiedad, la cual está ubicada en los cerros de Lucca, en la Toscana, una región ubicada al centro de Italia.

“Los flujos de dinero habrían llevado a los investigadores a cuentas en Suiza, a nombre de una empresa panameña atribuible precisamente a Moreno Pérez. La propiedad de Lucchese Villa L’Uccelliera, comprada en 2016 por 2 millones 300 mil euros, pero con un valor superior cuantificado en 6 millones, es propiedad de su esposa Debora Menicucci, una modelo ítalo-venezolana, casada en Venezuela con el expresidente de la Corte Suprema”, explicó el medio italiano La Nazione en un reportaje publicado este 6 de abril.

De acuerdo con la publicación, el inmueble de lujo en la zona de Capannori está a nombre de Menicucci, pero es atribuible a Maikel Moreno. Ella habría vivido en esa residencia junto a su padre hasta el año 2020, cuando se fue tras el inicio de la pandemia.

La villa, en donde incluso había custodios y parecía ser “funcional”, ahora está en manos de la Agencia Estatal de Bienes Raíces de Italia.

“No podemos descartar la posibilidad de que incluso el mismo Moreno Pérez, quien entre otras cosas intentó hace años solicitar la ciudadanía italiana, pasara un tiempo allí, aunque su presencia no fuera confirmada”, reseñó el diario italiano.

Maikel Moreno en los últimos años ha sido sancionado por varios países, entre ellos Estados Unidos, en donde recientemente, en enero de este año, el fiscal federal del distrito sur de Florida, Mckenzie Lapointe, presentó nuevos cargos en su contra, tras acusársele de participar en una supuesta red conspirativa de lavado de dinero mediante bancos estadounidenses.

La investigación contra el funcionario venezolano fue promovida por la unidad de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, que hizo pesquisas sobre un esquema de sobornos en el que habría participado el expresidente del TSJ con otros funcionarios de la estatal Petróleos de Venezuela, jueces del Poder Judicial y empresas privadas.

También la Unión Europea en 2018 lo nombró entre los responsables de “el socavamiento de la democracia y el estado de derecho” en el país.

ACN/MAS/Tal Cual

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