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Alertan que teniente Igbert Marín inició huelga de hambre en Dgcim

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Igbert Marín huelga de hambre- acn
Foto: Cortesía.
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Activistas de derechos humanos alertan que el teniente Igbert Marín Chaparro inició una huelga de hambre en su sitio de detención ubicado en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Es así, que Tamara Suju, la ONG Justicia Venezolana y el comisionado del Gobierno interino ante Naciones Unidas, Miguel Pizarro, divulgaron una carta del teniente coronel del Ejército.

En ella, anuncia el inicio de una huelga de hambre y que está registrado por la ONG Justicia Venezolana como uno de los 180 militares presos; por motivos políticos y que demanda la visita de una comisión de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet; así como del Comité de la Cruz Roja Internacional, el encargado de negocios de la Unión Europea y el Nuncio Apostólico.

La mencionada solicitud, la quiere para que ellos mismos verifiquen las condiciones de reclusión de los allí privados de libertad.

De hecho, el militar pide específicamente la visita a la llamada «casa de los sueños» en la Dgcim «para que verifiquen in situ los tratos crueles inhumanos y degradantes»; a los cuales son sometidos a diario los presos políticos.

Preso político Igbert Marín inició huelga de hambre

En su caso específico, dice tener dos años consecutivos sufriendo los maltratos. Además, señaló que «En segundo lugar, una comisión de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo; para que verifiquen in situ la misma situación, dando curso a la respectiva denuncia ante los citados organismos y ante la Fiscalía de la CPI; por el uso sistemático de torturas y tratos crueles contra mi persona, los secuestros en la casa de los sueños y demás presos políticos», se lee en la carta.

Al tiempo, recordar que se ha advertido que la Dgcim no reúne las condiciones para funcionar como cárcel. Sin embargo, allí se encuentran recluidos oficiales acusados por el gobierno de Nicolás Maduro de conspiración.

Es de mencionar, que Marín Chaparro y otros oficiales de alto rango fueron detenidos en marzo de 2018 y condenados a siete años de prisión; tras acusarlos de liderar la operación denominada «Transición de la Dignidad del Pueblo» con el fin de derrocar a Maduro.

Con información: ACN/Efecto Cocuyo/Foto: Cortesía

Lee también: Fallece preso político por falta de atención médica denuncia ONG

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OVP alerta por dos nuevas muertes en cárceles venezolanas

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OVP cárceles venezolanas
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Dos nuevas muertes bajo custodia del régimen encendieron las alarmas sobre la situación sanitaria en las cárceles venezolanas. Los fallecimientos, ocurridos en los internados judiciales Rodeo II y Rodeo IV, llevaron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a advertir sobre la necesidad de evaluar los mecanismos de prevención, vigilancia y control epidemiológico en dos establecimientos que concentran a casi 2.000 personas privadas de libertad.

En el Internado Judicial Rodeo II falleció Jhonney Alexis Martínez Cordero, quien padecía meningitis bacteriana, según la información conocida por el OVP.

Este penal alberga a más de 1.000 reclusos, pese a haber sido diseñado para aproximadamente 500, lo que implica un funcionamiento al 200 % de su capacidad y un hacinamiento de al menos 100 %.

En el Internado Judicial Rodeo IV murió Anthony Alejandro Quintero Galindo, quien padecía VIH, sífilis y síndrome diarreico crónico. En este mismo centro, el pasado 20 de abril falleció Deivi Enrique García por motivos de salud.

El OVP denunció que sobre Rodeo IV prevalece una opacidad casi absoluta, pues se desconoce su capacidad instalada y no existen datos públicos sobre alimentación, higiene, acceso al agua potable, atención médica, enfermedades o número de muertes bajo custodia.

Cooperación con el CICR

Estas muertes ocurren en momentos en que el Gobierno venezolano anunció, a través de Delcy Rodríguez, un trabajo conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para revisar las condiciones de los centros de reclusión.

El OVP valoró la participación de un organismo internacional con experiencia en contextos de privación de libertad, pero advirtió que la cooperación debe permitir conocer la realidad penitenciaria sin filtros y no ser utilizada para mostrar una imagen distinta a las condiciones cotidianas.

Exigencias del OVP

El observatorio insistió en que el CICR debe tener acceso a los establecimientos con denuncias más graves, como Rodeo I, donde permanecen presos políticos y se reportan dificultades para acceder a atención médica.

Asimismo, la ONG exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario informar qué protocolos sanitarios se aplicaron en los casos de Martínez y Quintero, y evaluar las condiciones epidemiológicas de los centros penitenciarios para garantizar prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno.

«Una cárcel no puede convertirse en un espacio donde una enfermedad sea detectada cuando ya es demasiado tarde. La obligación del Estado comienza con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno», concluyó el OVP.

 

 

 

Con información de nota de prensa

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