Sus familiares aseguran que no han recibido explicaciones claras sobre el motivo del arresto y temen por el bienestar de Dulce Consuelo.
Internacional
ICE arrestó a joven madre en Baltimore pese a alegar ciudadanía estadounidense
Una parada de tráfico en Baltimore se convirtió en el inicio de una travesía legal y familiar para Dulce Consuelo Díaz Morales, una joven madre de 22 años nacida en Laurel, Maryland, quien fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y trasladada a un centro de detención en Luisiana.
El hecho ocurrió el 14 de diciembre de 2025, cuando la familia creyó que se trataba de una inspección rutinaria.
Sin embargo, los agentes se dirigieron directamente a Díaz Morales, le pidieron que descendiera del vehículo y la detuvieron sin permitir que sus familiares mostraran documentos.
“Yo les gritaba que nosotros éramos de acá, pero no nos hicieron caso”, relató su hermana Sirley a la reportera de Univision DC, Thalía Varelas.
Díaz Morales es madre de un niño de cinco años, quien quedó bajo el cuidado de familiares tras su detención.
La versión de ICE
La agencia sostiene que la joven no es ciudadana estadounidense y que se encuentra en el país sin documentos. En un comunicado enviado por correo electrónico, un portavoz de ICE afirmó que Díaz Morales es una inmigrante indocumentada de origen mexicano y que no presentó un certificado de nacimiento válido ni pruebas que respalden su afirmación de ciudadanía.
ICE también indicó que en un encuentro previo con autoridades fronterizas en Arizona, en 2023, Díaz Morales habría declarado ser ciudadana mexicana.
La defensa legal
El abogado Gunther Sanabria, representante de la familia, denunció que el arresto se realizó sin identificación clara de los agentes y sin notificación previa.
“Ella y su hermana pensaron que se trataba de una parada de rutina. Todo terminó con el arresto de Dulce y su traslado a custodia de ICE”, explicó.
Sanabria señaló que el traslado a Luisiana dificulta el acceso a abogados, recursos económicos y apoyo familiar. “La defensa principal es que inmigración no tiene jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses”, subrayó.
Evidencia de ciudadanía
Los abogados aseguran haber presentado múltiples pruebas de que Díaz Morales nació en Maryland, incluyendo un certificado de nacimiento y confirmación del hospital donde ocurrió el parto.
“Existe evidencia significativa que demuestra que esta persona es ciudadana estadounidense”, sostuvo Sanabria.
La familia explicó que Díaz Morales pasó parte de su infancia en México y que regresó a Estados Unidos años después sin pasaporte debido a una emergencia médica. Sus abogados recalcan que la ciudadanía por nacimiento no se pierde por viajar ni por falta de documentación.
Impacto y controversia
El caso ha generado consternación y debate público, especialmente tras la difusión de la copia del acta de nacimiento que la familia entregó a medios de comunicación. El Departamento de Salud de Maryland declinó comentar sobre el documento por razones de privacidad.
La situación pone en evidencia las tensiones entre las políticas migratorias y los derechos de quienes aseguran ser ciudadanos estadounidenses por nacimiento, abriendo un nuevo capítulo en la discusión sobre jurisdicción y procedimientos de ICE.
Juez federal bloquea deportación temporalmente
Un juez federal en Maryland dictaminó el jueves 18 de diciembre que el gobierno federal no puede deportar a Díaz Morales mientras el caso siga pendiente en los tribunales.
El juez solicitó información adicional a los abogados de la joven y otorgó plazo al gobierno federal hasta el 5 de enero para responder.
Mientras tanto, la joven permanece detenida en Luisiana.
“No sabemos cómo la tratan ni cómo está pasando sus días”, dijo Sirley. “Su hijo llora y no podemos darle el amor de su mamá”.
Los abogados presentaron una petición ante la Oficina de Revisión de Inmigración para que se aclare su estatus de ciudadanía y esperan que el caso se resuelva pronto para que pueda regresar a casa.
Vía Univisión
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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