Internacional
Gobierno peruano decreta estado de emergencia en nueve distritos por criminalidad (+ videos)
Gobierno peruano decreta estado de emergencia en nueve distritos por criminalidad este martes 19 de septiembre, en dos distritos de Lima y siete de la norteña región de Piura, seis más de los anunciados el lunes, para combatir la inseguridad en las calles con el apoyo de las fuerzas armadas y la Policía Nacional.
De acuerdo con el decreto supremo publicado de forma extraordinaria en el diario oficial El Peruano, los distritos declarados en emergencia por 60 días son San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho en Lima, así como Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa de la región Piura.
La Policía Nacional mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las fuerzas armadas, para lo cual la institución policial determina las zonas donde se requiera dicho apoyo, agregó la norma.
Gobierno peruano decreta estado de emergencia en nueve distritos por criminalidad
Asimismo, durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y seguridad personales.
En este periodo, la Policía Nacional coordina con las fuerzas armadas, las instituciones que administran justicia, los gobiernos regionales y locales, la Superintendencia Nacional de Migraciones, y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil para que presten colaboración en el marco de sus competencias, a fin de ejercer el control territorial, indicó el decreto.
Suspendidos eventos sociales y espectáculo
Igualmente, los eventos sociales y espectáculos quedan suspendidos entre las 00.00 horas y las 04.00 horas en los territorios declarados en emergencia.
La decisión se tomó después de que una discoteca en San Juan de Lurigancho fuera atacada por desconocidos con un artefacto explosivo, en una acción que dejó diez personas heridas, el último viernes, según informó el Ministerio de Salud.
En una pausa, durante su viaje a Estados Unidos para acudir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Boluarte declaró al canal TVPerú que el objetivo de la medida es «poder enfrentar de manera firme y decidida esta lucha frontal contra la delincuencia y criminalidad organizada».
https://youtu.be/RbdMJqTTvNg
Entrarían en reuniones…
A su vez, el primer ministro, Alberto Otárola explicó el lunes que la declaración de emergencia va a permitir «que se pueda ingresar a las reuniones donde se considera que existan sospechosos y dar golpes contundentes a quienes están delinquiendo, amenazando a la población y convirtiendo la alarma en un modo de vida».
Otárola dijo que también se ha dispuesto que se realice una auditoría «a todo el material de guerra de las Fuerzas Armadas».
Al respecto, el ministro del Interior, Vicente Romero, confirmó que la decisión se tomó luego de que en el ataque contra la discoteca se utilizó una granada de guerra, un hecho ante el que las autoridades «no pueden ser indiferentes».
Sostuvo que, por ese motivo, se va a incrementar el control migratorio y también del armamento, munición y explosivos «que entran y salen del país».
El ministro de Defensa, Jorge Chávez, comentó, por su parte, que las Fuerzas Armadas también apoyarán a la Policía Nacional en las zonas de frontera del país «no solo para el control del ingreso irregular de migrantes, sino también en un control específico sobre los ilícitos que se desarrollan en la zona de frontera, particularmente en lo que es armamento, munición y explosivos».
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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