Internacional
¡En la lista negra! EEUU sanciona a otros funcionarios venezolanos
El Gobierno estadounidense anunció hoy sanciones contra otros cuatro funcionarios venezolanos a los que acusa de estar implicados con la «corrupción y la opresión», en este caso dirigidas contra altos jefes militares en activo o retirados.
Los sancionados son el exministro chavista y gobernador del estado de Aragua, el general retirado Rodolfo Clemente Marco Torres; el también general retirado y exgobernador de Bolívar Francisco José Rangel Gómez; el general de división de la Guardia Nacional Bolivariana Fabio Enrique Zavarse Pabon, y el teniente general del Ejército y ministro de Frontera Gerardo José Izquierdo Torres.
El Departamento del Tesoro aseguró que la inclusión de estos funcionarios en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), resalta que «la corrupción y la represión continúan floreciendo bajo el régimen de Maduro, tanto por aquellos en puestos gubernamentales actuales como por exfuncionarios que continúan beneficiándose de un sistema corrupto».
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«El presidente (Nicolás) Maduro y su círculo cercano continúan poniendo sus propios intereses por encima de los del pueblo venezolano», dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en el comunicado en el que se anunciaron estas nuevas sanciones.
Según Mnichin, con estas acciones el Gobierno de Estados Unidos subraya su intención de «responsabilizar a Maduro y a otros involucrados en la corrupción en Venezuela».
El secretario del Tesoro también hizo un llamado a la comunidad internacional para unirse a EE.UU. en su apoyo «al pueblo venezolano para aislar aún más este régimen opresivo».
EFE
Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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