Internacional
Francia prolonga el estado de emergencia hasta septiembre por el covid-19
Francia prolonga el estado de emergencia hasta el 30 de septiembre. Esto permitirá a las autoridades seguir imponiendo el toque de queda, mantener restricciones al movimiento o exigir el nuevo certificado sanitario, entre otras medidas para frenar la pandemia del covid-19.
El texto de la ley sobre la «gestión de la salida de crisis sanitaria» que plantea la extensión de ese estado de emergencia cuatro meses más ha sido difundido este martes en el Diario Oficial, según ha señalado la agencia EFE.
Actualmente, en Francia se mantiene un toque de queda desde las 21:00 horas hasta las 06:00 de la mañana. En la nueva fase de desescalada, desde el pasado 18 de mayo han podido abrir sus puertas todos los comercios; también, restaurantes, cafés y bares (aunque solo se permite el servicio en terraza y con un aforo limitado).
A partir del próximo 9 de junio, el toque de queda se reducirá y comenzará a las 23:00 horas. El plan es que desde esa fecha restaurantes, bares y cafés puedan atender también en el interior de los locales, aunque también con ciertas restricciones. Por otro lado, se ampliarán los aforos en cines, teatros o museos. Los estadios podrán recibir a 5.000 espectadores.
Se espera que el toque de queda pueda desaparecer el próximo 30 de junio.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado en sus redes sociales que, como él y su esposa Brigitte, 25 millones de franceses han sido ya vacunados contra el coronavirus.
ACN/ EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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